Araya pide separar a Castro

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Rónald Matute y Arturo Alvarez
Redactor de La Nación

En un abierto espaldarazo al voto de censura aprobado por la Asamblea Legislativa, Rolando Araya, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó ayer la destitución del ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro.

Araya afirmó que el mandatario José María Figueres debe tomar seriamente en cuenta la "amonestación" aprobada antenoche por los diputados, para evitar que se acreciente el choque entre los poderes de la República.

Consultado por La Nación sobre si considera necesaria la salida de Castro, respondió: "Sin duda debe proceder (Figueres) a la separación. El asunto es muy serio y es una evidencia más del colapso del actual sistema político".

Bernal Aragón, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), opinó que desde el punto de vista político a su agrupación le convendría que el Ministro se quede, pero que el mandatario debe considerar su destitución.

"Sabemos que rápidamente cometerá nuevos errores, pero desde el punto de vista costarricense consideramos que ese Ministro en esa cartera es un peligro y que debe ser sustituido inmediatamente", aseveró.

La Nación consultó nuevamente ayer al presidente José María Figueres sobre las implicaciones que podría tener la decisión tomada por los diputados. Pero este se limitó a decir -en San Pedro Sula, Honduras, donde participa en la cumbre de mandatarios centroamericanos- que no tenía nada más que agregar a lo expresado el jueves.

Las fracciones del PLN, el PUSC y el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez habían interpuesto tres mociones de censura contra Castro, pero un acuerdo permitió que el jueves se votara la propuesta liberacionista y se desecharan las otras dos.

Por 51 votos contra 5, los parlamentarios aprobaron el texto que consideró que el ministro Castro incurrió en "... un grave error que causa perjuicio a los intereses públicos y violenta la institucionalidad del Primer Poder de la República".

Criterios disímiles

La histórica decisión del Congreso suscitó reacciones diversas. Tanto Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN, como Abel Pacheco, presidente del PUSC, se mostraron cautelosos al comentar el voto de censura.

Villanueva alegó que para su bancada "el asunto concluyó" y que ahora le corresponderá a Figueres tomar una decisión.

Eso sí, reconoció que el mandatario deberá resolver los problemas de comunicación que existen entre la bancada del PLN y el Ministro de Seguridad. Adelantó, sin dar fechas, que el asunto sería analizado en una reunión.

Abel Pacheco se limitó a felicitar a los diputados. "Yo le pido al Niño que el Presidente recapacite", dijo.

Para el historiador Carlos Meléndez, el conflicto de poderes obedece más a especulaciones periodísticas que a una situación que se esté dando en la realidad. Consideró que en la actualidad existe un ambiente de calma.

Meléndez agregó que el voto de censura fue un acto simbólico, moralizante, en cual cada bando ya cumplió con su parte del ritual. No obstante, consideró que este no afectará las labores del Ministro de Seguridad.

"Pero, por supuesto, Dios libre que Castro vuelva a hacer una jugada de esas porque llegaría al término de su carrera política", advirtió.

El voto de censura -primero que se emite en la historia parlamentaria del país- fue aprobado por 51 de los 56 diputados presentes en el plenario, en protesta por los hechos ocurridos el 7 de diciembre.

Castro encabezó en esa ocasión a un numeroso contingente de policías que desfiló hasta las puertas de la Asamblea Legislativa. Según el funcionario, su intención era poner la fuerza pública a la orden de los congresistas.


Lo que se voto

La siguiente fue la moción legislativa aprobada el jueves en la Asamblea Legislativa contra el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro:

"Para que, de conformidad con el inciso 24 del artículo 21 de la Constitución Política, el plenario de la Asamblea Legislativa imponga un voto de censura al Lic. Juan Diego Castro, ministro de Seguridad Pública, por los hechos acontecidos el 7 de diciembre cuando se presentó al Parlamento costarricense con `un contingente policial desproporcionado'. Este acto es un grave error que causa perjuicio a los intereses públicos y violenta la institucionalidad del Primer Poder de la República".


Luis Gerardo Villanueva: el Poder Ejecutivo debe definir quién será el interlocutor entre la fracción del PLN y Seguridad Pública. Manuel Vega / La Nación


















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