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La Nación
Jueves 5 de diciembre, 1996

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
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La caída del mafioso

Edgar Fonseca

Cual primera sorpresa navideña, nos llega desde Europa la noticia de la captura del capo Sergéi Mikhailov considerado el Pablo Escobar ruso.

Retoma así el país un capítulo inconcluso, nunca esclarecido, de cómo tan connotado delincuente internacional pudo enquistarse en el servicio diplomático costarricense.

Dice la prensa europea que este mafioso -nombrado en la administración Calderón y recomendado por prominentes figuras del Partido Liberación Nacional- cargaba al momento de su detención pasaportes de todas nacionalidades, incluyendo -por supuesto- uno costarricense auténtico. "...Mikhailov en efecto -añade una publicación suiza- había comprado el cargo de cónsul de Costa Rica en Rusia..."

No peor descrédito se puede ocasionar a nuestro país con referencias como esas. Pero más allá de tan incómoda mención, reviven en nuestro ambiente las dudas sobre las circunstancias que mediaron para recomendarlo y nombrarlo en el servicio diplomático.

¿Quién lo trajo a Costa Rica? ¿Cómo tan fácilmente logró importantes enlaces locales? ¿En qué -realmente- consistieron esos contactos con personalidades políticas nacionales? ¿Revisaron sus antecedentes? ¿Cómo, de buenas a primeras, lo recomendaron y nombraron? ¿Es cierto que en Nicaragua rechazaron, aceptar siquiera, la presencia de dicho individuo?

Las interrogantes saltaron hace un año y prevalecen hoy. El caso es muy grave. No se trata de cualquier chapulín al que se le facilitó acceso a la Casa Amarilla, a documentación y a representación costarricense. Se trata del padrino de una banda criminal acusado de tráfico de drogas, lavado de dólares y trata de blancas. Y su nexo aquí, por lo menos hasta hoy, sigue impune o, en el mejor de los casos, sin aclarar.






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Deuda interna y responsabilidad

  • Propongo una serie de medidas para comenzar a hablar en serio sobre deuda interna

Rodolfo Saborio Valverde

Antes de enfrentar seriamente el problema de la deuda interna, debemos identificar con exactitud las causas estructurales que condujeron a generar el problema institucional más serio de los últimos tiempos. El análisis de la Comisión bipartidista avanza seriamente en este camino, pero peca de un enfoque neutro que rehúye individualizar a los responsables, como si la historia de tantos años de gastar el dinero que no se tenía haya carecido de protagonistas.

Por supuesto que las responsabilidades no se ubican únicamente en el Gobierno Central, fuente de donde derivan las exigencias financieras que han atizado la hoguera del endeudamiento. Un gobierno torpe no es capaz por si solo de desencadenar un problema de la gravedad del que enfrentamos.

El presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno Central es aprobado cada año por la Asamblea Legislativa, luego de un estudio por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, refugio apetecido de los diputados con mayor cuota de poder dentro de los dos partidos tradicionales.

Cada vez que el Gobierno ha necesitado un presupuesto extraordinario, no solo ha contado con la total colaboración de los dos partidos mayoritarios, si no que, además, la Contraloría General de la República ha certificado la existencia de recursos, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política. El Poder Ejecutivo no ha tenido problemas en obtener esta certificación, aunque normalmente, pese a los malabares que se hacen para justificar el incremento, los ingresos que se proyectan dependen de la colocación de bonos y no de recursos sanos. Este no es el espíritu del artículo 179 citado. Sin embargo, ha sido la vía habitual para completar una tendencia: el presupuesto de ingresos y egresos pasó a ser únicamente un presupuesto de gastos del Gobierno Central. Cualquier diferencia con los ingresos previstos, se soluciona con la autorización para la emisión de deuda pública. Ahora que se predica que una de las soluciones a la deuda interna es establecer en la Constitución un límite al déficit, sería bueno recordarles a los proponentes de esa medida, copartícipes de la generación del problema, que el artículo 176 de la Constitución, contempla, desde 1949, la prohibición expresa de incurrir en más gastos que los ingresos probables. Este freno constitucional, como resulta evidente, ha sido violentado una y otra vez, sin que ninguno de los distintos operadores que interviene en la elaboración, aprobación y control del presupuesto, haya podido evitarlo.

Es cierto, como señala la comisión bipartidista, que mañana será tarde, para buscarle una solución a este grave problema. Pero, una vez que se liquiden los mejores activos estatales, ¿qué impedirá que se continúen repartiendo partidas específicas por miles de millones de colones, con dineros que el Estado no tiene, que se continúen transfiriendo recursos irracionalmente hacia sectores privilegiados, sea en forma de certificados de abono tributario o mediante el subsidio de la educación universitaria de los grupos menos necesitados, que se destinen miles de millones de colones, que no se tienen, al financiamiento de los gastos de los partidos políticos tradicionales, en fin, que al cabo de pocos años, volvamos a enfrentar el mismo problema, con el agravante que ya nos habremos desprendido de activos muy valiosos?

Los grupos responsables de esta situación quieren hacernos creer que la amenaza se va a controlar con establecer un límite al déficit público y al asumir esto como un hecho, no habría porque preocuparse de vender activos públicos. Sin embargo, los costarricenses podríamos legítimamente abrigar profundas dudas sobre cualquier propuesta de venta de activos, si previamente no se toman medidas para atacar las causas del problema.

Si realmente se quiere dar muestras de intenciones serias en la difícil tarea de solucionar el problema de la deuda pública, la Asamblea Legislativa podría aprobar las siguientes medidas:

  • - Prohibición de las partidas específicas.

  • - Eliminación del pago estatal de los gastos de los partidos políticos

  • - Cierre de las instituciones públicas que duplican funciones, anunciado desde hace casi dos años y que no se ha materializado.

  • - Prohibición de los gastos de publicidad de los entes públicos.

  • - Impuesto a todas las pensiones con cargo al presupuesto público que superen cinco salarios mínimos.

  • - Prohibición del financiamiento estatal de las duplicidades y despilfarros de las universidades públicas.

  • - Aprobación de una ley de empleo público que racionalice la remuneración y la utilización de los recursos humanos y facilite la eliminación de las plazas innecesarias.

  • - Autorización legal para que la Tributación Directa contrate con empresas privadas la gestoría en la fiscalización y recaudación tributaria.

Estas medidas, algunas de las cuales tocarían directamente los intereses de los responsables de la crisis, los partidos tradicionales, serían la perfecta antesala para empezar a implementar las recomendaciones administrativas y legales efectuadas por la comisión bipartidista.

Por supuesto que esto no va a frenar el ciclo de crecimiento de la deuda pública, que nuestros gobernantes han dejado salir de control, pero al menos, se atacarían directamente los "disparadores del gasto público", y más importante aún, quedaría patente la buena fe para buscar una solución a mediano y largo plazo.

Una vez hecho esto, se pueden empezar a establecer las reglas de transparencia bajo las cuales el Estado se desprendería de algunos activos y daría en concesión la explotación de otros.

Sin esta muestra inequívoca y previa de seriedad, no están sentadas las bases para confiar en que los culpables del problema, lo van a resolver liquidando las últimas joyas de la familia.






Al Grano

Edgar Espinoza

e haber sido cierta la noticia de que el presidente Figueres había sufrido un serio problema cardiaco ¿a quién carajos iba yo a criticar de ahora en adelante en este espacio? ¿Con qué conciencia iba yo a volarle chafirro a alguien que a la menor impresión podía darle un patatús? Además, de haberse confirmado en el mandatario un padecimiento de esa magnitud ¿cuál iba a ser mi cuota de responsabilidad por haberlo criticado tanto?

La cosa fue así. Quienes el lunes en la noche no estábamos viendo telenoticieros, recibimos de algún amigo o familiar el aviso de que don José María había sufrido un problema cardiaco no especificado mientras se hallaba en Nicaragua.

De inmediato, la mente rápida y automática de los ciudadanos comenzó a tratar de explicarse el hecho atribuyéndolo quizá a la deuda interna que a lo largo de su mandato lo habría tenido muy tenso, indeciso y deprimido al punto de afectarle el músculo cardiaco.

A los pocos minutos, cuando encendimos el televisor para tener una versión más directa y precisa del asunto, este pareció complicarse: entre cables que iban y venían se dejó entrever la posibilidad de que el jefe de Estado hubiera sufrido una insuficiencia cardiaca.

El público, que solo escuchaba noticias muy escuetas e intermitentes, de nuevo puso a trabajar la imaginación y pensó que lo que probablemente podría estar sufriendo el Presidente era más bien un resentimiento de su corazón por haber tratado a los costarricenses como los ha tratado en su gobierno.

Empero, los ciudadanos no acababan de asimilar esa última versión noticiosa cuando otra nueva, aún más grave, puso a todo el país en vilo, pues en ella se insinuaba incluso la posibilidad de que el jefe de Estado hubiera sufrido un infarto cardiaco.

No obstante, esa versión del infarto nadie, ni los bien pensados ni los mal pensados, la creyeron: los bien pensados porque consideran que el Presidente es un hombre que se cuida, hace ejercicio, monta bicicleta, saca bíceps y practica aeróbicos al ritmo de "Let's get phisical...". Y los mal pensados porque consideran sencillamente imposible que le dé infarto a alguien que no tiene corazón... para evitarle al pueblo tanto sufrimiento.

Estaba la gente en esas especulaciones cuando la televisión anunció, por dicha, que de infarto, nada, y de problema cardíaco, tampoco, pues todo se debía a un mal de estómago que lo indispuso nadie sabe si por algún nacatamal o pinol en ayunas que se comió o tomó allá en las nicaraguas nicaragüitas.

La noticia de que el padecimiento no fuera cardiaco definitivamente nos tranquilizó a muchos, pues sabíamos que lo digestivo sería cosa pasajera, de rutina y de purgante o lavativa sin mayores contratiempos. Sin embargo, al confirmar ayer el último parte médico que lo del Presidente tampoco era digestivo sino viral, llegamos a la conclusión de que don José María se había convertido en el Presidente más mal diagnosticado en el menor tiempo imaginado: cinco enfermedades en menos de 24 horas.

Lo único cierto hasta ahora es que no solamente tendremos José María para rato, que es muy bueno, sino que lo tendremos de Presidente para el resto del periodo, que es menos bueno, y que nos lo podemos seguir rajando sin que el corazón se le rebele.


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