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La Nación
Domingo 28 de julio, 1996

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
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Tentados por la violencia

Armando Mayorga

Los mejores promotores de La última tentación de Cristo han sido la Oficina de Censura y algunos líderes de la Iglesia Católica. Su férrea oposición a que se exhiba el filme del neoyorquino Martin Scorsese ha producido un morbo que incita a verla.

Los beneficiados han sido los negocios que alguilan copias de la película, producida en 1988 y que por una decisión de la Oficina de Censura, en1989, se prohibió en Costa Rica. En 1990 el abogado Allen Pérez presentó un recurso de amparo ante la lentísima Sala Cuarta, que duró seis años para traerse abajo la decisión de los censores.

Sin embargo, es poco probable que un cine costarricense proyecte La última tentanción de Cristo por el riesgo de que grupos intolerantes atenten contra sus instalaciones. Ese ánimo está siendo exacerbado por algunos sacerdotes, los cuales pregonan el mismo mensaje difundido por el ayatolá Jomeini contra el escritor Salman Rushdie, de Versos satánicos: muerte para el que ofende.

Si La última tentanción de Cristo es motivo de ofensa, permitan libremente a cada católico sentirse ofendido cuando la observe. Permitan que cada uno se forme criterio y pueda resolver si esa producción es de calidad o simplemente una basura. Respeten la libertad de decisión y de pensamiento de cada uno. Aprendan esa lección fundamental de Cristo y eviten la tentación de caer en la violencia para reprimir cuanta cosa no les guste.

En una sociedad como la nuestra, la Iglesia Católica debería plantearse retos más importantes que una película y que quizás ayuden a revertir la baja en el número de católicos -actualmente el 78 por ciento de la población profesa esa religión, según la última encuesta de Demoscopía-. Porque si hay algo cierto, es que esa leve disminución de practicantes no es culpa de una película.




Foro

¿Solo tribunal de derecho?

  • Le aconsejo a la Sala Constitucional respetar la separación de poderes

Francisco Antonio Pacheco

Hace poco, cuando la Corte Constitucional de Alemania decide legitimar las confiscaciones de propiedades que ocurrieron en la parte este del país, durante el período comunista, se apartó del espíritu de la Constitución y de su letra, que garantiza el derecho a la propiedad. Es decir, trascendió su condición de tribunal de derecho y no ejerció sus responsabilidades con base en la ley. Tomó, eso sí, una decisión política, como lo hacen todos los tribunales constitucionales serios del mundo. Sus integrantes decidieron en función de las consecuencias sociales y diplomáticas de la resolución que iban a tomar.

Cuando nuestra Sala Constitucional resuelve que el inciso 4) del artículo 14 de la Constitución -el que otorga la posibilidad de conferir la nacionalidad a la esposa extranjera de un costarricense,- es aplicable no sólo a las mujeres sino a los varones, en oposición a la letra del texto, y a las razones por las que se adoptó esa norma, tal como figura, tomó una decisión política y ética que trasciende en mucho las funciones de un tribunal de puro derecho. Si la Sala considera que es más importante defender el derecho de un particular a ser investido en un cargo, que respetar la función de control político que ejerce la Asamblea Legislativa y la división de poderes, está sin duda tomando una resolución política que debe ser juzgada por los demás como tal. Si, además, hay componentes éticos que se dejan de lado, no se puede pedir que no se hable del asunto.

El ejercicio de esta actividad política y ética a que nos hemos referido, no es ilegítima, pero es la más peligrosa y delicada que puede realizar un tribunal constitucional. Precisamente, debe ser analizada con todo cuidado, porque se presta para el exceso, para el abuso. Es más, los casos de abuso en este campo resultan tan frecuentes en algunas partes, que el mes pasado, Lord Irvine, considerado un pilar del gremio de abogados de Inglaterra, reconvino a los jueces británicos, sobre el understandable public concem en lo que atañe a su rol y les lanzó una advertencia sobre su obligación de respetar la separación constitucional de poderes. Para ello, los llamó a ejercitar un autocontrol que permita conservar su reputación de imparcialidad política.

De Italia a Costa Rica, de Irlanda a Suráfrica, por todas partes, se señala el incremento del papel político de los jueces que traspasan con sus decisiones fronteras que antes no se atrevían a cruzar. El asunto no es nuevo. Sin embargo, se ha agudizado con el creciente desprestigio de la clase política que sufren algunos países, y que lleva a olvidar que quienes han sido electos para cargos públicos son los llamados a ejercer responsabilidades que los jueces toman ahora, para sí. Lo sorprendente es que a veces son los elegidos mismos quienes inmiscuyen al Poder Judicial en asuntos que no le incumben para ganar una tesis de importancia circunstancial. No ven el bosque. No miden el daño que le ocasionan al sistema político.

Este fenómeno no puede ser comprendido adecuadamente, si no se tiene en cuenta que el abuso a que se tiende encuentra fundamento en la naturaleza misma de los tribunales constitucionales. Efectivamente, esa institución ha sido creada en buena medida para resolver los casos límites en que el derecho se muestra insuficiente, es decir, cuando la Constitución carece de norma aplicable o presenta contradicciones. Es por eso que las cortes constitucionales no pueden ser entendidas -ni lo han sido- como simples tribunales de derecho, que se limitan a aplicar normas. Aún dentro del sistema jurídico continental europeo, donde el peso del derecho jurisprudencial es reducido, el poder integrador, más aún, creador, de esos tribunales potencialmente resulta ser muy grande.

Es ahí, precisamente, donde se sitúa la inserción de la ética en las resoluciones, o su ausencia; donde se desliza el criterio político en el sentido amplio o pequeño del término. Y esto, en tiempos en que los jueces constitucionales tienden a abusar de sus poderes, tenemos que tenerlo claro. Porque si no, no hemos entendido nada, ni de nuestro sistema jurídico, ni de lo que nos está pasando, ni mucho menos de lo que nos puede ocurrir.

Los jueces constitucionales están sustituyendo en todas partes, paulatinamente, a los parlamentarios, a los miembros del Poder Ejecutivo, a todos los poderes del Estado. A veces resulta inevitable. En otras ocasiones es injustificado. Y cuando ocurre esto último, y ante el peligro de que se colme la medida, se hace inevitable apelar a la sabiduría de los griegos. Nada hay, en efecto, más peligroso que la hybris, ese pecado que, según los antiguos, castigan implacablemente los dioses, y que consiste en desbordarse, en desconocer los límites propios y embriagarse con las posibilidades de que se dispone, desafiantemente.

Podríamos desentendernos, por ignorancia, del carácter político y ético de muchas de las resoluciones de nuestra Sala Constitucional -entidad de influjo altamente positivo-, y hasta negar que tenga funciones que cumplir en este campo. Podríamos fingir por mala fe una gran ignorancia sobre el hecho de que esa función puede realizarse bien o mal y de que la Sala debe abstenerse de tomar resoluciones cuyas consecuencias resultarían desastrosas para el país. Según pienso, no sería esto lo correcto. Prefiero sugerirles a mis amigos, magistrados de la Sala IV, tomar en cuenta las advertencias de don Alberto Cañas y de Lord Irvine. Como lo hizo este último, con los jueces británicos, les aconsejo respetar la separación de poderes y mantener una actitud de autocontención para que puedan conservar su reputación de imparcialidad política.




¿Control de moralidad?

Rodolfo Saborío Valverde

Dentro de los diversos reproches que desde el Parlamento se le formulan periódicamente a la Sala Constitucional, el más reciente, referido a la falta de ponderación de elementos morales en los fallos de ese órgano, no por caricaturesco y casuístico, debe dejar de motivar algunas reflexiones.

Primero que todo, ha sido del propio Parlamento de donde han surgido las más severas críticas al citado órgano de control, por un supuesto desbordamiento de atribuciones. Este clima legislativo de recelo, natural y comprensible ante la subordinación a un órgano externo, propició el que se dedicara un ejemplar de la Revista Parlamentaria al tema: "La Sala Constitucional, ¿defensora de la Constitución u obstáculo para el desarrollo?" Ya en la mesa redonda organizada en el Salón de Expresidentes del Congreso, con motivo de la presentación de dicha revista, tuve ocasión de señalar la debilidad metodológica que le imprimía dicho enfoque al intento por buscar mejoras en esa jurisdicción especializada. Y es que precisamente el funcionamiento de la Sala Constitucional es el reflejo de la puesta en práctica del modelo y del procedimiento de control diseñados por el legislador. No es a nadie más que a los señores diputados a quienes corresponde la tarea de adoptar las correcciones procedimentales que resultaren necesarias. Además de esto, la composición de este órgano es función exclusiva de la Asamblea Legislativa, y la bondad y la ligereza en cualquier designación, es responsabilidad única de los señores diputados. Colocados en esta perspectiva, no es correcto ubicar fuera del propio Congreso ni el origen ni las posibles soluciones a cualquier desajuste que pudiera existir en el ejercicio ordinario del control constitucional.

Ahora resulta que para algunos de los mismos legisladores que ayer se lamentaban por el excesivo poder de la Sala Constitucional, hoy el problema es que peca de sometimiento a los preceptos normativos y desconoce las consideraciones morales que pudieran haber tenido en cuenta los causantes de un agravio a los derechos de un ciudadano. Esta novedosa tesis podría hacernos retroceder siglos en la evolución de la organización política y el sometimiento de los poderes públicos a la norma de derecho. Los parámetros del control de constitucionalidad no pueden ser pasajeros o caprichosos. Nuestra Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional proporcionan el instrumental hermenéutico al cual se puede acudir en el ejercicio de las diversas funciones de control. Pregonar que en cada caso particular debe estarse a las ponderaciones morales que suscite el caso debatido, es abrir las puertas a la indefinición y al casuismo.

Tema aparte resulta el del peso que las consideraciones morales puedan tener sobre un juzgador. Es incuestionable que en el ejercicio de sus funciones, el juez se enfrenta diariamente a situaciones que debe valorar a la luz del conjunto de sus convicciones morales e ideológicas. Ninguna autoridad se ejerce en abstracto y detrás de toda decisión está un ser humano con su formación personal y profesional. No puede decirse que una resolución por estar apegada a derecho haya prescindido del elemento moral. Más riesgosa resulta la sugerencia de desconocer la norma escrita, en la medida que el ordenamiento vigente está llamado a reflejar el consenso colectivo sobre un determinado tema en ese momento, lo cual hace mucho más probable que una decisión que se aparte de un precepto normativo, se aleje de los estándares morales socialmente aceptados. En todo caso, resulta falacioso afirmar que en tal o cual resolución se consideraron o no se consideraron elementos morales, ya que tal dimensión se encuentra implícita en toda consideración judicial.

Al igual que en el primer caso comentado, todo parece indicar que con la crítica a la resolución sobre la juramentación de un funcionario, algunos señores diputados continúan buscando la causa de los males que los aquejan en donde no está. Tal vez si hicieran un esfuerzo por mirar hacia el interior del Congreso, no tardarían mucho en encontrar la respuesta.


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