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La Nación
Sábado 23 de noviembre, 1996

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
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¿Bienes de difunto?

Edgar Fonseca

Los costarricenses necesitamos convencernos de que si deseamos sobrevivir más allá del 2000, no nos queda más que reducir la deuda interna como pregonan hoy los sumos pontífices políticos y económicos. ¿O no?

El apocalipsis, nos vaticinan tan distinguidos oráculos, está a la vuelta si no se hace ya lo que ellos y otras connotadas figuras -como los distinguidos expresidentes- no supieron, no pudieron o no quisieron neutralizar en su momento.

Claros todos e identificados o no con la necesidad de enfrentar a ese monstruo de mil cabezas, en lo que pareciera no haber un absoluto convencimiento es en cómo hacerlo.

¡Venta de activos estatales!, clama el "sanedrín"; y con la puntería puesta en telecomunicaciones y proyectos hidroeléctricos, todas las miradas se vuelcan hacia el norte de La Sabana. "No proponemos vender nada...", nos dicen por ahí, pero el costarricense -lo ha demostrado en unas, aunque no siempre- no es tan ignorante o babiecas.

Que viene la venta de bienes, viene, pero es aquí donde -pareciera- se acentúa entre los ticos cierta suspicacia.

Si asaltaron el Banco Anglo, si asaltaron -a pleno día- a Aviación Civil, si ni siquiera se sonrojan por cuestionados tajos, proyectos de energía, hipódromos, BICSA, CODESA, si... si... ¿Qué no podría pasar con la piñata de bienes que se avecina? ¿Quién o quiénes se van a quedar con el botín? ¿Quién garantiza transparencia en este proceso?

Es bueno, por ello, tomarle la palabra a don Francisco De Paula Gutiérrez cuando advierte que actuará: "Despacio y con buena letra." Veremos.






Foro

Una reforma electoral fallida

  • La Asamblea Legislativa ha perdido otra oportunidad electoral

Rodolfo Saborío Valverde

La reforma electoral, aprobada recientemente en primer debate por la Asamblea Legislativa, no introduce ningún cambio sustancial en las obsoletas reglas que han favorecido el predominio de pequeñas cúpulas de poder dentro de los partidos tradicionales y que al mismo tiempo dificultan el surgimiento y desarrollo de alternativas políticas que permitan sustituir las desgastadas maquinarias de usufructo de la vida pública que han gobernado este país durante las últimas décadas.

Continúan prevaleciendo, tanto el viejo esquema territorial, contrario al principio de representatividad proporcional; como las listas cerradas, mecanismo que limita la iniciativa de los ciudadanos en la escogencia de sus candidatos.

Estamos en presencia de una reforma cosmética, cuyo principal resultado es reorganizar el financiamiento estatal previo a las campañas de los partidos tradicionales, únicos favorecidos con el esquema implantado (artículos 176 y siguientes de la reforma).

El esquema de dilusión territorial de la composición de los órganos internos de los partidos políticos, permite el control de las decisiones con la simple manipulación de las delegaciones provinciales sobrerrepresentadas en la Asamblea Nacional. Si una provincia como Limón tiene el mismo número de votos que la Provincia de San José, resulta evidente la distorsión en la expresión de la voluntad. La Constitución organiza nuestro modelo democrático sobre los principios de representatividad y proporcionalidad y esta distribución territorial del poder al interior de los partidos políticos, quebranta a todas luces esos principios.

La sobrerrepresentación territorial ha permitido el predominio de las cúpulas partidarias por medio del control de los delegados provinciales, lo cual en buena medida refleja el grado de deterioro que se observa en la efectiva transmisión de la voluntad de los seguidores de un partido hacia los órganos de decisión. El ejemplo más claro en la historia reciente es la negativa a democratizar la elección de diputados en uno de los integrantes del binomio de las oficialidades. Esto es el resultado de la manipulación y distorsión que favorece el esquema territorial, negatorio de la proporcionalidad. Este es un problema que se ha discutido mucho en Costa Rica, y los diputados que aprobaron las reformas sin duda tenían plena conciencia de su dimensión; sin embargo, se limitaron a introducir una variante en el artículo 60 del Código Electoral, que permite la composición de la Asamblea Nacional con representantes de otros sectores definidos en los estatutos, como podrían ser empresarios, sindicatos, o demás grupos de intereses. Además del grave problema de doble representatividad que una medida de este tipo representa, ya que un miembro de un grupo de intereses es a la vez miembro de una circunscripción territorial y puede a su vez, pertenecer a múltiples grupos de intereses con representación en la Asamblea Nacional, los legisladores, mantuvieron la hegemonía territorial, garantizando que en todo caso, los representantes geográficos tendrán mayoría en los órganos partidarios, y por supuesto, en Asamblea Nacional. Esto continúa siendo violatororio del principio de proporcionalidad y representatividad por las razones expuestas.

Si lo anterior resulta grave, el mantener la rigidez en la designación de candidatos es imperdonable. Tenemos que aceptar como una consecuencia de nuestro modelo democrático que los partidos políticos son titulares del monopolio de la intermediación entre el ciudadano y el poder formal. Esta consecuencia no es una fatalidad y la historia nos demuestra diferentes modalidades para ir atenuando este monopolio. Dentro de estas modalidades, la más importante consiste en atribuirle al verdadero detentador originario del poder, el ciudadano, la posibilidad de escoger libremente, mediante el sistema de listas abiertas, al candidato de su preferencia. Las listas cerradas han venido a constituirse en la negación absoluta de la representatividad. La usurpación plena del poder por parte de los partidos políticos se materializa en la imposición o el anonimato de los candidatos. Un ejemplo grosero de este anonimato lo constituye el mismo artículo 27 de la reforma, que permite, continuando con una práctica de muchos años, que para las próximas elecciones, no se incluyan los nombres de los candidatos a regidores y síndicos en las papeletas. En realidad, este anonimato afecta además las propias papeletas a diputados, de las cuales, normalmente, el ciudadano promedio desconoce la mayoría de sus componentes.

El gran salto hacia las listas abiertas, un capítulo pendiente en la evolución política de este país, resultó totalmente defraudado con la propuesta en trámite de aprobación, producto tal vez del miedo de las oficialidades a ceder aunque sea parcialmente el control del poder.

Además de rehuir la transformación profunda de nuestro sistema electoral, los señores diputados introducen en el artículo 85 de la propuesta, una regulación abiertamente inconstitucional, por medio de la cual tratan de prohibir la divulgación de encuestas el día de las elecciones, luego del cierre de las urnas de votación. Resulta razonable la restricción durante los días previos al día de las elecciones y durante la emisión del sufragio, pero una vez externada en la urnas la voluntad popular, es violatorio de la libertad de expresión de todo ciudadano o de los medios de comunicación, prohibir la difusión de cifras sobre el resultado de la votaciones. Similares dudas despierta la obligación de las firmas encuestadoras de someterse al control del Tribunal Supremo de Elecciones.

Con este tipo de reformas, evidentemente no estamos avanzando hacia el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.






Al Grano

Edgar Espinoza

Al hacer un repaso juicioso y desapasionado de las denuncias por corrupción atribuibles hasta ahora al gobierno, me encuentro con un dato grave y revelador: en todas, el presidente José María Figueres ha sido directa o indirectamente involucrado.

En lo de Aviación Civil, el mandatario aparece por todo lado. Su exdirector Nelson Rodríguez repetidamente ha dicho que Figueres estaba enterado de lo que ocurría ahí, e incluso, al preguntársele por qué este gobierno hizo de Aviación Civil una especie de caja chica para comprar armas, caballos y hacer contrataciones hoy cuestionadas, dijo al periodista: "esa pregunta tenés que hacérsela al Presidente, te digo la verdad (...)". (Revista Rumbo #619 del 4 de noviembre de 1996).

Que se sepa, el presidente Figueres aún no ha desmentido a Rodríguez. Entonces, cabe la pregunta: si el jefe de Estado estaba enterado de lo que sucedía en Aviación Civil ¿por qué no hizo nada por impedirlo, denunciarlo o corregirlo? Igualmente desconcertante es el hecho de que cuando estalló el escándalo, el hoy exministro Bernardo Arce alegó no estar enterado de lo que ocurría. Es decir, el Presidente sí sabía lo que pasaba en una institución que era responsabilidad de Arce, y Arce no. ¿Es esa la forma de conducir los destinos de este país por parte del gobierno?

El otro caso grave es el de Energía Global, una compañía de la familia Figueres que, manejada y administrada por el exministro Arce, amigo muy cercano del Presidente, pudo haberse beneficiado de su influencia al utilizar los materiales de un tajo de Sarapiquí en un proyecto hidroeléctrico de aquella y no, como correspondía, en la construcción de caminos vecinales. De nuevo, el mandatario aparece en escena sobre todo por haber consentido que Arce fuera a la vez ministro y empresario de sus negocios familiares.

En ambos casos --Aviación Civil y Energía Global--, se da toda una maraña familiar de cuñados, hermanos, compadrazgos, amistades de infancia y compañeros de campaña que desemboca en el presidente Figueres, quien a pesar de su vehemente discurso contra la corrupción pública el pasado 8 de octubre, cuando sentó las directrices del gobierno para combatirla, se ha mostrado contrariado y hasta molesto cada vez que se le interroga sobre las anomalías.

Esa actitud suya desconcierta a la opinión pública y da mucho de qué hablar del Presidente, pues no obstante la gravedad de los hechos denunciados, y de que amigos y negocios suyos están en el ojo de la tormenta, don José María pareciera haber actuado con extraña lentitud y desgano. Prueba de ello es que en el último sondeo de Demoscopía la gente no solo atribuyó un mayor número de anomalías a su administración sino, además, haber actuado de "manera muy suave".

Y si don Bernardo Arce se fue porque comprometía al gobierno con sus actitudes, ¿cuál es la diferencia entre él y el presidente Figueres si este, como su mejor amigo, estaba al tanto de todo, le permitió que siguiera en sus empresas pese a nombrarlo de ministro, y no actuó con la firmeza y contundencia esperadas?

En nombre de la transparencia que deben caracterizar los actos del presidente de la República, y del juramento constitucional que rindió al asumir el poder, es que creo que todos estos elementos señalados arriba dan pie, desde ya, para jalar a cuentas al presidente Figueres y exigirle una explicación pública (no entre cuatro paredes) de sus actos. ¿Estará la Asamblea Legislativa preparada política y moralmente para hacerlo? Y digo moralmente porque con semejante piñata de partidas específicas, también habría que llamarla a cuentas. ¿Queda acaso santo en qué persignarse?


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