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¿Qué podemos esperar de la Contraloría? / Rodolfo Saborio Valverde

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La Nación
Lunes 7 de octubre, 1996

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
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El guru y el PUSC

Edgar Fonseca

Tremendo remezón vino a dar el consultor norteamericano Dick Behn no solo a la campaña de don Miguel Angel Rodríguez sino al cotarro político local.

En momentos en que trascienden encuestas que prácticamente reflejan un sorpresivo empate entre Rodríguez y don José Miguel Corrales, si este fuese el candidato liberacionista, don Dick enciende luces rojas de alerta en el socialcristianismo.

Su denuncia es grave: la campaña de Rodríguez marcha con el candidato en jet pero con el partido... en carreta. Peor aún, jala las orejas a la fracción, a la jefatura de campaña y al resto de la estructura rojiazul por falta de sincronización en estrategias. A 16 meses de que se defina la elección presidencial del 98, con el PUSC jugando solo en el escenario, don Dick se nota desconsolado.

¿Qué pasa en el PUSC? ¿Por qué ese desinterés en ayudar a Rodríguez en este segundo y crucial intento por llegar a Zapote?

¿Será posible que el calderonismo, savia y vida del PUSC, le esté cobrando alguna factura al candidato?

¿Se siente marginado el calderonismo de la campaña? Sin duda, la irrupción del estadounidense Behn deberá repercutir en las próximas horas, días y semanas en reflexión en torno a lo que pasa en las tiendas socialcristianas.

Ya arrancaron, tienen candidato, no irán a una desgarradora convención, don Miguel Angel ve al Partido como un haz, pero... de pronto el consultor desata un temporal.

Será interesante observar la respuesta que desde la cúpula socialcristiana se dé ante una campaña que pareciera tener techo muy temprano. ¿O no?

*






Foro

¿Qué podemos esperar de la Contraloría?

  • A la Contraloría le faltó, en el pasado, conducción

Rodolfo Saborío Valverde

No podemos culpar únicamente a la Contraloría General de la República por todos los desmanes ocurridos con los recursos públicos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el desfalco del fondo de emergencias, las estafas con el fondo de contingencias agrícolas, el asalto al Banco Anglo, las pérdidas de BICSA, las ejecuciones defectuosas de las obras públicas y tantas otras agresiones al patrimonio nacional han ocurrido sin que el guardián institucional por escelencia haya podido anticipar, evitar o lograr reparaciones por ninguno de estos ilícitos.

Esto resulta en sumo grado preocupante, ya que la Contraloría es la encargada, por mandato constitucional, de velar por la integridad de la Hacienda Pública y, para cumplir con ese deber, tiene a su disposición uno de los equipos profesionales mejor calificados en el campo del control presupuestario y la auditoría. Esto nos podría llevar a concluir que lo que se ha presentado en el pasado es un problema de conducción.

Para que no queden en el tintero algunas reflexiones, y siendo que el nuevo titular de la Contraloría no tiene por qué dar cuentas sobre gestiones ajenas, nos planteamos, a manera de evaluación de signos vitales, algunas interrogantes sobre temas en los cuales todavía podría hacerse algo, si ese problema de conducción del que hablábamos no continúa paralizando la efectiva fiscalización de la Hacienda Pública.

Hay gran cantidad de leyes que lesionan el patrimonio público, ante las cuales la respuesta habitual ha sido que, mientras estén vigentes, lo único que puede hacerse es acatarlas. Luego de la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 1989, que otorga la faculta, y podríamos agregar, la obligación, de entablar directamente las acciones de inconstitucionalidad que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de la Hacienda Pública, continuar sosteniendo esto no puede catalogarse más que como dejación de funciones. La Contraloría ha hecho uso limitadísimo de esta prerrogativa.

Algunos casos de interés en que podría emplearse esta facultad serían:

a) Solicitar la declaratoria de inconstitucionalida de la norma que autoriza al Sistema Bancario Nacional otorgar créditos a los bananeros sin tope de cartera y con garantía sobre seis cosechas futuras, es decir, sin garantía real. Este abuso de los recursos públicos se inició con la Ley 3987 promulgada en 1967 y se ha reafirmado con diversas leyes posteriores. Estas normas han llevado al Sistema Bancario a perder miles de millones de colones y siguen esperando muchos casos más que llevarían la cifra a decenas de miles de millones. En otras palabras, ciertas personas han jugado la apuesta del negocio bananero con fondos públicos. Cuando ganaban , el premio era de ellos. En caso contrario, todos los costarricenses pagábamos. Este no es más que otro de los sofisticados mecanismos que los grupos políticos mayoritarios han diseñado para lucrar con el poder. Si acaso existe alguna duda, basta con observar quiénes son los principales beneficiarios de esta prebenda. Como muestra adicional de diligencia, podría preguntarse qué hará la Contraloría respecto de los miembros de las juntas directivas bancarias que toleraron esa situación. Ironía mayúscula resultaría que un deudor insolvente en una de estas singulares operaciones crediticias, ocupara un puesto directivo en un banco estatal, pero sabemos que tal extremo de cinismo no sería posible en nuestro país øO sí puede ser?

b) Resulta violatorio de la Constitución el traslado de fondos de entes públicos a dependencias ministeriales sin contar con la aprobación legislativa. Esta situación quebranta el control político que debe ejercerse sobre el gasto público y abre las puertas a situaciones que en nada benefician la institucionalidad del país. øQué hará la Contraloría ante todas estas normas?

c) Hay gran cantidad de normas en laudos y convenciones colectivas que son inconstitucionales por violación de los principios de igualdad y proporcionalidad. Un caso chocante es el de los agentes de seguros, que al amparo de una convención colectiva totalmente inconstitucional, por violatoria del principio de igualdad y por irrazonable y desproporcionada, se han beneficiado con miles de millones de colones de dineros públicos. Aunque estamos en vías de desaparición de esta figura, aún quedan casos pendientes de resolución y todavía podría ejercerse alguna acción para establecer la responsabilidad de quienes no adoptaron las medidas para evitar tal desproporción. Igual podría actuarse en contra de gran cantidad de disposiciones de convenciones colectivas, que más que un logro de los trabajadores, constituyen en algunos casos una vergüenza y un abuso, demeritando otras conquistas totalmente justas.

Además de estos temas, podríamos preguntarnos qué hará la Contraloría ante el continuo abuso de la figura de la fundación, tipo de entes que, a pesar de que ya no pueden recibir abiertamente donaciones, siguen sirviendo de canal para desviar bienes públicos. Un caso más sofisticado ha surgido recientemente, en donde, bajo la figura de fundaciones, se utiliza el equipo e infraestructura de las úniversidades públicas, para realizar consultorías cuyos ingresos no se destinan íntegramente a las arcas universitarias.

øQué se hará ante el abuso con las notarías de los entes públicos, las cuales, a pesar del texto expreso de la Ley contra el enriquecimiento ilícito, han sido manejadas como un botín político? Sería interesante conocer un desglose de cuántos políticos tienen notarías en todos los bancos del Estado, y bajo qué méritos. El tema de la ejecución defectuosa de las obras públicas es otro más al que la Contraloría no le ha brindado una respuesta efectiva, y seguimos observando obras o reparaciones que desaparecen con las primeras lluvias, sin que se sepa nunca quién es el responsable.

En fin, el ciudadano espera que los resultados de los informes de la Contraloría dejen de tener ese tinte arqueológico, que hace que la irregularidad se descubra años después, cuando ya no queda nada por hacer.

Debe superarse el inacabable debate entre el control previo y el control posterior, producto de congresos y seminarios interminables, para dar paso a medidas efectivas que den muestras de que los recursos que pertenecen a todos los costarricenses no están a disposición del primer político que quiera compensar sus grandes sacrificios por la patria.






En Vela

Julio Rodríguez

Por primera vez, un Primer Ministro del Japón visita Costa Rica.

Si uno pasa revista a los periódicos en estas semanas, el nuestro pareciera un país de bandoleros...

Pero, no es así. Ninguna sociedad está libre de la epidemia de la corrupción. La historia humana comenzó con un acto de desobediencia y siguió con un fratricidio. Además, siempre es mucho mayor la cantidad de bien y de verdad que de mal y de mentira. Por ello, sobrevivimos. La cuestión es derrotar la impunidad

Sin embargo, sorprenden algunas características en la Costa Rica de hoy, en la Costa Rica digamos de estos últimos 25 años: el doble código moral de los partidos políticos, la devaluación de la vergüenza, la exaltación del cinismo, el refinamiento de la corrupción y la presencia de verdaderas mafias que trabajan en forma programada o profesional.

La doble moral política: la denuncia de la corrupción del adversario y la protección del militante o del amigo. La investigación a fondo del otro y el encubrimiento o disimulo del nuestro. Este ping pong siembra la desconfianza y estimula la corrupción en los de abajo.

Los delincuentes se han organizado en mafias, dotadas de vastos recursos: de robacarros, de robo de propiedades inscritas en el Registro Público, de invasores de tierras, de drogas, de contrabando y subfacturación, de grupos de presión henchidos de privilegios y una de las más refinadas: la de asaltantes de la banca estatal.

El tema de la banca estatal merece una consideración aparte. Antes de 1990, estuvo al servicio de los partidos y de los amigos de los políticos. En sus arcas medio mundo metió sus manos y a su amparo se forjaron enormes fortunas. Fue este un hermoso ideal, pero impracticable, al carecer de competencia y converger en él la unión del poder político y del económico. El peor sistema: poner al gato a cuidar la leche. Sus resultados morales y financieros fueron deletéreos. Entre ellos, la cultura del no pago, de la irresponsabilidad financiera, del irrespeto a los recursos públicos.

De 1990 a 1994 la táctica varió. Una verdadera mafia intentó apoderarse de la banca estatal. El colapso del Banco Anglo y los escándalos surgidos en otros bancos estatales no fueron simples errores o traspiés morales, sino un asalto programado por un grupo de personas estratégicamente colocadas en puestos claves...

Antes la sociedad repudiaba a estos individuos. Hoy son personajes sociales a quienes muchos les rinden culto y admiración, tanto que ni siquiera se les puede notificar...

El caso de Aviación Civil es, asimismo, elocuente. Otro asalto programado, un duelo entre la estupidez y la corrupción, entre el descaro y la incapacidad, como si se hubieran borrado las fronteras entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal.

Llama la atención también, en este torneo de corrupción, la ineficacia y la demora de los mecanismos de control o de alerta. Cuando los actos irregulares se descubren, ya es tarde. Y si los culpables son condenados, disfrutan a sus anchas de la rapiña.

La crisis de valores de Costa Rica es, esencialmente, una crisis de honradez y de autoridad en todos los niveles de la sociedad. Desde el ratero hasta los grandes capos... La esperanza es que sus nombres y sus caras están saliendo a flote.


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