San José, Costa Rica. Domingo 7 de diciembre, 1997

SOCIEDAD. Luis Fishman explicó por qué entró al tajo del río Chirripó, el 31 de julio. Lo acompañan (de izquierda a derecha) Rafael Angel Guillén, Nelson Palacio y Víctor Solano, de ATRAMEP.

Cuatro grupos en pugna por tajo

Fishman ante polémico negocio

El blanco de la lucha es una concesión para explotar materiales del cauce del río Chirripó.

Los contendientes: cuatro grupos empresariales que desde hace ocho años sostienen una férrea disputa judicial y registral para poseer las acciones de la firma concesionaria, Gracor Internacional.

A la cabeza de una de las partes está el exministro de Seguridad y candidato a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman, quien asegura ser el presidente de la sociedad panameña Grissland Enterprises, dueña de las acciones de la concesionaria.

Con esa convicción, Fishman y el abogado colombiano Nelson Palacio -depositario judicial de Gracor- irrumpieron hace cuatro meses en el tajo en disputa, en el cantón limonense de Matina, para tomar posesión y control de sus operaciones.

Pero este hecho desbordó aún más el campo de batalla.

El 22 de setiembre, Isaac Solís, quien afirma ser el dueño del total de las acciones de Grissland y, por lo tanto, de Gracor, lo denunció ante la alcaldía de Matina por los presuntos delitos de usurpación, hurto, robo agravado, violación de domicilio y amenazas con armas de fuego.

Solís dice que Fishman no es accionista del tajo y que Palacio renunció a su cargo como depositario y así consta en una acta de asamblea de socios. Por eso alega que ninguno tiene calidades para ingresar al yacimiento, ni para explotar la concesión.

La Agencia Fiscal de Siquirres requirió a Fishman hace dos semanas y para el próximo martes se espera que el juzgado resuelva sobre su situación jurídica.

El embrollo sobre la propiedad de la concesión es tal que ni el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ni los registros públicos de Costa Rica y Panamá tienen claro quién es el verdadero propietario de ese beneficio.

El caso desembocó incluso en acusaciones penales entre las partes e instancias legales contra los registros de Panamá y Costa Rica.

Tanto la concesión, como la participación del político en el negocio son objeto de investigación por parte del MINAE. Este indaga si en el caso de Fishman se aplica una prohibición que establece el artículo 9 del Código de Minería, el cual inhibe a los funcionarios públicos de participar en este tipo de actividades.

"No tengo comentarios al respecto porque se debe seguir el debido proceso", fue la respuesta del ministro de Ambiente, René Castro, cuando se le consultó.

Además de Fishman y Solís, otros dos grupos pelean en el ring judicial la codiciada concesión:

l Antonio Capella, quien dice representar los intereses de la corporación estadounidense Kotchman, que presuntamente habría invertido dinero en la explotación y adquirido acciones.

l El griego Andreas Koulouvaris, fundador de las sociedades y de la explotación. Asociado a todos los involucrados; sin embargo, ahora se desconoce quién o quiénes representan sus intereses.

Fishman se une

Fishman asegura que en setiembre de 1996 adquirió 20 acciones de la sociedad panameña Grissland Enterprises, dueña de la totalidad accionaria de Gracor.

Sostiene que se vinculó a la empresa en mayo del año anterior, cuando efectuó un viaje a Grecia y conoció a Koulouvaris.

"Andreas me contó de los problemas que tenía con un tajo. Me ofreció pagar una suma importante y hacerme socio si lograba desenmarañar la situación del tajo. A mí me pareció un reto", explica el político.

Al regreso del viaje, inició gestiones como representante de los intereses de Koulouvaris en el tajo, coordinando con Isacc Solís y el abogado Alfredo López Calleja -hoy demandantes de Fishman-.

El político asegura que luego empezó a tratar con Nelson Palacio, y en julio de este año ambos detectaron que el tajo no marchaba bien, así que decidieron hacer un inventario del equipo e intervenir para que la compañía mejorara.

Fishman aclara que cuando irrumpió en el yacimiento -el 31 de julio pasado-, lo hizo en calidad de presidente y accionario de Grissland, cargo que afirma haber asumido en setiembre luego de finalizar una negociación con Koulouvaris.

Con fecha del 18 de julio de 1997, el Registro de Panamá emitió una certificación sobre Grissland, en la que Fishman figura como presidente; Wágner Chacón, como tesorero, y Nelson Palacio, como secretario.

Sin embargo, el 28 de octubre de este año, el mismo Registro panameño emitió otra certificación en la cual aparece Isaac Solís como presidente de Grissland Enterprises; Alfredo López, como tesorero y Wílberth Solís Solís, como secretario.

La respuesta tanto de Fishman como de Palacio a esta nueva certificación es que en la semana anterior presentaron una denuncia en contra del Registro panameño para dar marcha atrás.

Versiones encontradas

Pero esta versión es objetada por otros interesados, quienes se presentan como representantes y dueños de las firmas.

"Que demuestre don Luis que es accionista, que enseñe documentos porque nosotros tenemos todo, absolutamente todo al día. Yo soy el dueño y apoderado legal en Costa Rica de esas sociedades", sostiene Isaac Solís.

Otra de las partes, representada por Antonio Capella, cuestiona los movimientos de ventas y acciones que se han dado en los últimos años.

Capella le compró a Rodolfo Alvarado Moreno, quien actuó supuestamente como apoderado legal de Koulouvaris, un paquete de acciones en 1992.

Posteriormente, el griego señaló que su firma había sido falsificada. Isaac Solís, en su calidad de apoderado civil de Koulouvaris, interpuso una denuncia contra Alvarado por el presunto delito de estafa y uso de documento falso en perjuicio de Grissland.

El caso está en el Juzgado Sexto de Instrucción de San José. Dicha instancia emitió un auto de elevación a juicio en contra de Alvarado.

Con Koulouvaris -quien ahora reside en Grecia- ha sido imposible comunicarse, pese a los constantes mensajes telefónicos que se dejaron en su casa.

En este "rompecabezas" surge otra pieza: la Asociación de Transportistas de Materiales con Equipo Pesado (ATRAMEP).

Al parecer, y según afirma Fishman, este grupo tendría el 58 por ciento de las acciones de Grissland. Sin embargo, cuando se consultó a Víctor Solano, presidente de la asociación, se negó a confirmar tal versión.

"No te lo voy a contestar... Se lo voy a poner así: creo que nos ayudan como nos han ayudado siempre. Tenemos la ventaja de que todo el mundo nos tiene lástima; entonces siempre se las ingenian para ayudarnos", fue la respuesta de Solano.

Colaboró con esta información Rónald Matute, redactor de La Nación.

Ambito judicial

Varios son los procesos judiciales y administrativos que

pesan sobre la concesión 18-87. Estas son algunas

de las causas: