Lea además

En espera de la reforma del Estado / Rodolfo Saborío Valverde

En Vela / Julio Rodríguez




Portada


Centro América


Opinión


Cartas


Deportes


Viva


En Forma


Revista Dominical


Ancora


Economía & Negocios


Zurquí


Servicios


Area Comercial


English


El Tiempo


Archivo
(búsqueda)


Correo a La Nación

La Nación
Miércoles 5 de marzo, 1997

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
Ediciones anteriores


CAT en tiempos de crisis

Armando Mayorga

Es una pregunta que no ha tenido respuesta: ¿Por qué los certificados de abono tributario (CAT) aumentaron en forma desproporcionada en 1996?

Eran tiempos en que la situación económica estaba más ajustada, el Gobierno llamaba al sacrificio de los ciudadanos y productores y tomaba medidas para reducir los gastos superfluos.

Pero con los exportadores no tradicionales, ocurrió otra cosa. Vivieron los privilegios de una Costa Rica sin crisis pues se les benefició con ¢20.977 millones, un 24,4 por ciento más que en 1995.

El semanario económico El Financiero y la revista Rumbo dieron a conocer el top ten de las empresas que más dinero recibieron. La Corporación de Desarrollo Piñero de Costa Rica (PINDECO), con 1.455 empleados, aparece en el primer lugar con $4,75 millones (¢1.054 millones).

Sin embargo, resulta llamativo cómo empresas que casi no generan trabajo a costarricenses obtienen montos nada despreciables. Una con seis empleados se benefició con $3,17 millones (¢704 millones), y otra de tan solo dos percibió $1,45 millones (¢322 millones).

¿Por qué esta disparidad?

Sin duda, porque los CAT son una herramienta fiscal obsoleta. Eran de un modelo económico que el país dejó atrás para sustituirlo por una economía abierta, sin la discriminación que implican estos beneficios y un sistema permeable a la corrupción.

Prueba de ello fue el escándalo de 1993 cuando se dio a conocer que varias empresas estaban acusadas por haber fingido exportaciones de mariscos a México y Honduras para justificar ¢438 millones en CAT. El caso no se volvió a mencionar en la prensa. Lo último que se supo fue que el Ministerio Público tenía problemas pues, de los 32 acusados, 17 fueron declarados en rebeldía en 1995 por no presentarse a declarar.

De todo esto, lo único claro es que en 1999 desaparecerá este privilegio. Mientras tanto, ni siquiera tenemos respuesta de por qué, tan cercana la fecha, el monto de los CAT aumenta desproporcionadamente.






Foro

En espera de la reforma del Estado

  • La impopularidad deriva de la improvisación

Rodolfo Saborío Valverde

Nunca una tarea nacional ha sido tan necesaria y pregonada, pero al mismo tiempo menos llevada a la práctica que la denominada reforma del Estado.

En 1990, al ser consultado sobre la filosofía de la transformación institucional, el encargado de lo que en ese momento se llamaba Programa de Reforma del Estado, contestó que, simple y llanamente, no existía tal filosofía, que lo que había era metas concretas como la reducción de la planilla estatal.

En el siguiente gobierno, no menos estupor causó observar que, pese a lo pregonado durante meses, el énfasis de la reforma se centró en la liquidación de gran cantidad de servidores, con el agravante de que, por negligencia, se incurrió en el pago adicional de varios miles de millones de colones por concepto de salarios caídos. La movilización más costosa de la historia.

En distintas dimensiones, ambas situaciones retratan la ausencia de estructura y coherencia en las medidas adoptadas bajo el presuntuoso título de reforma estatal.

Luego de varios gobiernos y abundantes concesiones a organismos internacionales, dentro de ellos la apertura unilateral de nuestros mercados, no puede decirse que haya mejorado la calidad de los servicios públicos, que haya disminuido sustancialmente el número de empleados públicos, que se haya eliminado el derroche de recursos públicos, y lo que es más lamentable, que se haya alejado el riesgo que corremos ante el incontrolable crecimiento de la deuda interna.

Hoy los costarricenses no tenemos un Estado más eficiente ni menos costoso que hace doce años. Los disparadores del gasto tales como planilla, pensiones, universidades públicas, deuda interna, a lo sumo han sido atenuados, pero siguen gravitando como una bomba de tiempo en la frágil estabilidad macroeconómica.

Entonces, ¿qué beneficio derivamos de la entrada en la "globalización de una sola vía", o qué utilidad se ha derivado de las decenas de millones de dólares invertidos en pago de consultorías, prestaciones, evaluaciones, publicidad y viajes gubernamentales (recordemos, entre otras, la famosa caravana a Nueva Zelandia)?

El primer caso, relatado al inicio, pone en evidencia que muchas veces ha predominado, más que la adopción de una concepción acabada sobre lo que debe ser el papel del Estado, la presión por cumplir con instrucciones de organismos internacionales. El segundo caso ejemplifica el estilo que ha predominado en la ejecución de esas instrucciones: la metodología de las ocurrencias.

Dentro de este contexto, no debe causar sorpresa entonces que hace pocos meses un funcionario declarara pomposamente que la reforma del Estado había concluido. Probablemente este optimismo fue el que provocó que la única dependencia que haya desaparecido fuera precisamente el Ministerio de Reforma del Estado, que, vale agregar, no existía antes de tanto ruido.

Para apreciar lo engañoso que puede resultar algunas veces un proceso que no tiene metas claras, basta observar que de las dependencias que hace casi dos años se anunció que serían eliminadas, todas siguen funcionando, con un gran costo para el ciudadano. Según los presupuestos para este año, los costarricenses seguimos pagando las siguientes facturas: CODESA: 3.233 millones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología: 2.254 millones, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: 1.791 millones, CONICIT: 639 millones, y lo que es más asombroso aún, INCOFER, fuera de operación pero no cerrado, sigue costándole al país 562 millones anuales.

El resultado de la improvisación no podía ser otro. El tema de la modernización institucional ha sido asumido por las oficialidades con el enfoque politiquero con que miden todas y cada una de sus actuaciones. La idea de disfrute rotatorio del poder con que se administra este país, lleva a que no se piense y decida con miras al futuro, porque no se sabe quien se beneficiará con los frutos del sacrificio de hoy. Esta estrechez de horizontes, lleva a pensar con cálculo electoral cada una de las decisiones en materia de reorganización del aparato estatal.

Probablemente, el anuncio del fin de la reforma estatal fue un intento por detener la ola de descontento general. Nuevamente, se confundieron las causas de los males y consecuentemente, las soluciones.

El ciudadano quiere que haya modernización institucional. Desea recibir servicios médicos de calidad y oportunos, anhela una educación pública caracterizada por la excelencia y la universalidad, aspira a la seguridad ciudadana, comparte el ideal de solidaridad que motiva la existencia de múltiples instituciones asistenciales, aceptaría ser partícipe activo de las transformaciones si existieran formas cristalinas de canalizar su colaboración, sin la mediatización y manipulación de los partidos políticos. No hay error más grave entonces que pensar que la modernización institucional es un tema impopular. La impopularidad deriva de las improvisaciones, las ocurrencias, la incapacidad en el manejo de los asuntos públicos.

Es difícilmente rebatible que nuestro aparato estatal necesita una modernización profunda. Desde el diseño de la prestación de los servicios básicos de salud, educación, seguridad, vivienda, hasta el tema más complejo de la reorganización del acceso al poder de los ciudadanos, los costarricenses debemos replantearnos colectivamente qué queremos de nuestras instituciones. Esta tarea está pendiente y no ha sido asumida por los gobernantes tradicionales. Es hora de buscar alternativas.






En Vela

Julio Rodríguez

Verdad que, por más respetuoso y enamorado que sea usted de la libertad, ni a palos compraría una casa ahí por la Clínica Bíblica y calles circunvecinas?

Esas calles están atestadas de travestis quienes hacen su negocio a vista y paciencia de los sufridos vecinos y con el amparo --por omisión-- de las autoridades.

Nos visitó, un día de estos, un grupo de personas desesperadas por esta situación. Y no es para menos. Sus historias solo se explican en un país que ha perdido la noción de libertad, de derecho, de autoridad o ha desnaturalizado el de minoría.

Los vecinos no pueden salir de noche y menos sus hijos, sean niños o adolescentes. Hasta los adultos están expuestos al peligro, por cuanto no es lo mismo la conducta de una prostituta que la de un travesti o un homosexual que mercadea su cuerpo. Aquellas realizan lo suyo en paz; estos, en cambio, se tornan violentos. Pero, aunque estos se comporten pacíficamente, las escenas que los vecinos ven --y narran con indignación-- se realizan en las aceras, en la calle o en lotes vecinos, y sobrepasan toda medida.

Obviamente, la lista de binazos llenaría una biblioteca. Por esas calles desfilan, a veces en lujosos carros, al amparo de la noche, profesionales, venerables hombres casados, viejos verdes, jóvenes descarriados o chiquitos de papá. Un guarda sacó, una noche, a uno de estos de un lote y llamó a su desconsolada madre. Por supuesto, los más experimentados les quitan las placas a sus vehículos --si las tienen-- o utilizan vehículos prestados o alquilados.

Antes los travestis dominaban las calles aledañas al cine Líbano, pero, dada la inseguridad de estos sitios, se trasladaron en tropel a unas cuantas cuadras al sur del parque central y de la catedral. A los travestis se han agregado también las prostitutas.

El problema es moral, de orden público, de salud y económico. En este mercado al aire libre el sida hace su agosto, el precio de las propiedades ha descendido y, si alguien quiere alejarse de este antro y buscar nuevos aires de decencia y sosiego, nadie está dispuesto a comprar. ¿Quién va a comprar una casa en estos lugares, si las familias son rehenes de los travestis y de los explotadores del vicio y si ni siquiera pueden recibir visitas?

Los vecinos se han organizado, pero sus esfuerzos han resultado infructuosos. Su mejor arma consiste en tomar nota de los números de placas. ¿No son, acaso, las placas documentos públicos? Sin embargo, muchos llegan a pie o los vehículos carecen de placas. (Preguntémonos, por cierto, a cuántos no les habrá interesado la carencia de placas: robacarros, mercaderes nocturnos del sexo, asaltantes. Quizá, por ello, han surgido, en estos años, tantos obstáculos).

El Estado está obligado a limpiar este sector de San José. Es un imperativo de libertad --de la auténtica libertad--, de elemental decencia, de respeto, de justicia, de salud. Y si alguien aduce formalismos legales, que proceda coherentemente: que se vaya a vivir a ese sector para que sepa lo que significa convertir la propia casa en cárcel y las calles en prostíbulo...


Este material tiene derechos reservados © y no debe ser reproducido sin el permiso explícito del Diario o del servicio en línea. La Nación Edición Electrónica es un servicio de La Nación, S.A. ®. Para mayor información, escriba a webmaster@nacion.co.cr