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Correo a La Nación

La Nación
Lunes 31 de marzo, 1997

Edición Electrónica. San José, Costa Rica
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Trampa de muerte

Edgar Fonseca

No fue el estrellón de una avioneta, en el paso de La Palma, lo que nos deparó la peor tragedia en lo que va del año. No; fue, nuevamente, el paso por la carretera Braulio Carrillo, rumbo a Guápiles, lo que dejó un saldo de cinco vidas de jóvenes.

Venían de pasear de Limón. Acompañaban a una familia de alemanes de visita en el país y por alguna causa -porque ahora todas las versiones son hipótesis o conjeturas- quedaron atrapados en una masa retorcida de hierro y latas frente a uno de esos monstruos llamados furgones, que circulan por nuestras vías como siniestros amos.

Exceso de velocidad, pareciera, según la más inmediata presunción de las autoridades la razón del percance.

Busquen ustedes explicaciones y nada aclarará, mucho menos a las familias víctimas de esta horrible tragedia, lo que allí pasó.

No obstante, es importante retomar el tema de la inseguridad que cualquier conductor o ciudadano percibe al movilizarse por esa ruta y del imperceptible control estatal.

Circule sobre todo de tarde o de noche, cuando la neblina o la lluvia allí se enseñorean. Solo por milagro no hay más tragedias; vastos tramos se deben transitar a ciegas, a tientas, a puro instinto, sin señales de ojos de gato -como los llaman- o franjas amarrillas preventivas extendidas, para contar con algún apoyo. Tramos son estos, algunos sin carpeta asfáltica, en los que el paso por esa zona se vuelve riesgoso, plagado de temeridad e irracionalidad, debemos admitirlo.

¿Y los oficiales, sus patrullas o motos? Ausentes.

Esa carretera, esa trampa permanente de muerte ya ha cobrado -en lo que va del año- nueve vidas y el número aumenta día a día.

¡Verdad que tanta desgracia no puede seguir impune!






Foro

Arcas abiertas y Contraloría

  • La Contraloría debe proceder con coherencia y sin fisuras

Rodolfo Saborío Valverde

Recientemente, al comparecer ante una Comisión Legislativa, el Contralor General expresó una frase que ya es común en los responsables de la fiscalización de los recursos públicos: "En arcas abiertas hasta el justo peca". Ahora bien, ¿no invertimos los costarricenses más de ¢2.000 millones al año en la Contraloría, precisamente para que no haya arcas abiertas?

El reciente escándalo en Aviación Civil ilustra a plenitud las enormes deficiencias que en materia de fiscalización existen en Costa Rica. Y es que, en el fondo, pareciera existir una fuerte resistencia a la idea de que es necesario diseñar mecanismos de control que permitan detectar las tendencias antes de que culminen en desfalcos irreversibles.

A pesar de la enorme suma que se invierte en fiscalización, tenemos que aceptar que los recursos humanos y técnicos de que se disponen son limitados. Esto obliga a una distribución racional de esos recursos limitados, de manera que los esfuerzos se inviertan en las áreas en donde mayor rentabilidad (ecuación costo-beneficio) se va a derivar de la fiscalización. Esto significa que habrá áreas en donde los fondos involucrados son de tan importante volumen que ameritarán destinar mayor porcentaje de la actividad de fiscalización. En áreas de menor impacto financiero, la fiscalización necesariamente tendrá que ser por muestreo.

Hace cerca de ocho años, la Contraloría renunció unilateralmente a refrendar los contratos que suscribían los entes públicos descentralizados, bajo el supuesto de que ejercería un control selectivo. Este control nunca se ejerció.

La nueva Ley de Contratación Administrativa introdujo, con alguna resistencia por parte de la Contraloría, la obligación por parte del sector público de remitir a ese órgano un reporte trimestral de toda la actividad de contratación administrativa que se lleve a cabo.

El propósito de esta regulación es dotar al órgano fiscalizador de la información suficiente para que pueda efectuar muestreos, establecer tendencias y detectar anomalías en el uso de los fondos públicos. En fin, evitar que haya arcas abiertas y que los administradores sepan que tienen que rendir cuentas periódicas sobre las contrataciones que realizan. Hasta el momento se ha hecho caso omiso de esta previsión legal, siendo como es un instrumento de previsión inestimable, dentro de una concepción de la fiscalización sustancialmente diferente a la tradicional. Esta información únicamente será útil en la medida en que se reorganicen los recursos de acuerdo con el principio de maximización de resultados, y esto implica repensar los viejos esquemas de control.

Esta filosofía de lamentarse por las arcas abiertas, antes que evitar que se haga uso indebido de ellas, es la que ha conducido a lo largo de los años a un asalto sistemático de los recursos públicos, por parte de administradores plenamente conscientes de las limitaciones de la fiscalización. La fiscalización arqueológica, ante hechos consumados, no atemoriza a nadie, y el mayor riesgo que se corre es el de una acusación penal, que también ha demostrado en Costa Rica ser algo totalmente inoperante. Ni un solo administrador de nivel importante ha sido condenado en Costa Rica por mal uso de recursos públicos y los casos de prescripciones de acciones contra políticos abundan y en esto comparte responsabilidades la Contraloría con el Ministerio Público. Entonces, ¿de qué tienen que preocuparse los administradores corruptos?

Esas inconsistencias en la fiscalización han vuelto a salir a flote recientemente con la interpretación dada por la Contraloría a las prohibiciones que cubren a los funcionarios públicos para efectuar contrataciones con el Estado.

Si se invocan razones jurídicas y morales, para exigir la destitución de un ministro por formar parte de la directiva de una sociedad anónima, ¿cómo es posible que de repente se diga, contrariando el texto de los artículos 112 y 143 de la Constitución Política, que los altos jerarcas pueden suscribir contratos de venta de energía eléctrica a una institución pública porque es una actividad ordinaria?

¿No existe acaso un imperativo ético superior, en el segundo caso, con raigambre constitucional?

Además de quebrantar la Constitución Política, este criterio es contrario al artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, que en el inciso a) del artículo 2, define la actividad ordinaria como "el suministro directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente" dentro de los fines de una institución. Esta precisión a dicha normativa se agregó mediante Ley 7612 de 22 de julio de 1996, con la única finalidad de evitar que por la vía de considerar ordinaria una actividad se evadieran los procedimientos de contratación. En esta reforma, también se excluyó la actividad ordinaria del régimen de prohibiciones que señala el artículo 22 de dicha Ley. Pero, incuestionablemente, esta excepción opera únicamente dentro de los supuestos catalogados como actividad ordinaria por el mismo texto normativo. Sin lugar a dudas, la compra de energía eléctrica a personas privadas no se encuentra dentro de la definición de actividad ordinaria que establece el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, y en esta medida resulta incorrecto concluir que cualquier alto jerarca puede celebrar negociaciones en esta materia.

Pero aún en el caso que se pensara que la calificación como actividad ordinaria de compra de energía eléctrica no fue derogada por la ley posterior, ¿no podría entonces la Contraloría, haciendo uso de sus facultades, y en procura de mantener los principios morales que ha estado aduciendo para pedir la remoción de ministros, solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de esa disposición?

La ciudadanía espera cambios sustanciales en la fiscalización de los recursos públicos y, en esa medida, aplaude la independencia y el coraje que ha mostrado el nuevo Contralor General. Pero la reconstrucción de la confianza en la Contraloría debe cimentarse en actuaciones e interpretaciones coherentes, sin fisuras. Con la interpretación sobre la venta de energía a una institución pública por parte de empresas privadas vinculadas con altos funcionarios, esperamos no estar en presencia de la primera fisura de una gestión que se vislumbraba como esperanzadora.






En Vela

Julio Rodríguez

¿Podría repetirse en nuestros países la macabra escena de un suicidio colectivo a semejanza del consumado por la secta "Puerta del Cielo" en Rancho Santa Fe en California?

Por supuesto que sí. El ser humano es capaz de lo más noble y de lo más vil. Entre la Madre Teresa y Hitler todo cabe. Entre un padre que viola a sus tiernos hijos -aquí en Costa Rica- y otros que dan la vida por ellos, todo es posible. Entre un vendedor de droga que envenena y mata a jóvenes y niños, y un educador o un apóstol que los eleva hasta las estrellas, compiten todos los matices...

Tenemos, por ello, que montar guardia, estar alertas y seguirles la pista a ciertos cambios de conducta o de estilo de vida de niños, jóvenes o adultos, principalmente en el seno de la familia o en sus labores habituales. El ser humano tiene un estilo, un ritmo de vida particular. Cuando lo quiebra o insinúa un cambio sospechoso, hay que abrir los ojos. Así lo demuestran recientes investigaciones efectuadas en Europa por actos colectivos de fanatismo similares a los de California. Cuando los padres o los amigos se dieron cuenta, ya era tarde. No habían reparado en las señales....

Debe fijarse la atención, asimismo, en los líderes fanáticos o extremistas, principalmente de orden espiritual, verdaderos mercaderes y maestros en la manipulación de los sentimientos religiosos. Estos charlatanes abundan en Costa Rica. Los vemos en la televisión, los escuchamos en la radio, nacionales o extranjeros, curanderos del alma y del cuerpo, milagreros en masa, falsos profetas, vaticinadores apocalípticos... ¡Atención! Cualquiera de estos puede provocar una tragedia, además de la explotación infame e impune que día a día llevan a cabo...

Sus signos son inconfundibles: adivinación, mensajes del más allá, curas "milagrosas" (he contado en la televisión hasta 35 "curas" de este tipo, donde los enfermos hacen fila y, al toque mágico o empujón del curandero o predicador, caen tumbados sobre los brazos de un asistente feliz, sobre todo si se trata de una muchachona), visajes, voz estentórea, gritos, poses teatrales y muchos otros signos más, propios no de la fe, que eleva y fortalece, sino del espectáculo, típico del mundo de hoy.

La característica de estos gurúes, líderes o predicadores de pacotilla es la manipulación de la Biblia y de las creencias religiosas, a punta de gritos y visajes. Esta actitud se manifiesta en dos fenómenos: la carencia de un hilo argumental sosegado y diáfano, que se va instilando en las almas mediante la palabra llena de sentido, como un chorro de luz o de agua cristalina, tal como hablaría Jesús, y todo en razón de una causa común: el centro de la atención no es Dios, sino él, el predicador, el manipulador, el titiritero de la Biblia, lleno de soberbia y enamorado de sí mismo.

Si le seguimos el recorrido a este tipo de personas endiosadas, que pretenden suplantar a Dios, si son dirigentes religiosos, o a la Patria, si son políticos, su distintivo es la soberbia y la vanidad. No en vano el primer pecado capital es la soberbia. De aquí el mesianismo, la pose de iluminado y, en consecuencia, su deshumanización y la de los demás, que pierden su razón y su libertad en aras del líder o de su mensaje...

En las puertas del milenio y dados la pérdida del sentido de la vida de numerosas personas, su vacío existencial o sus tremendas necesidades materiales, y en vista de la profusión de charlatanes en nuestro medio, estemos alertas. Veamos y actuemos a tiempo...


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