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Sábado 1 de noviembre, 1997


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Artículos de Opinión:

De armas, tomar

Sobre el autor intelectual del negocio de las armas debe recaer la responsabilidad


Rodolfo Saborío Valverde

En mayo de 1996 escribí en este diario un comentario titulado "De armas, secretos y torpezas" en donde me referí a la total ilegalidad del procedimiento utilizado para la compra de armas por parte del gobierno de turno. Intenté salir al paso de los intentos que se hacían en ese momento para dotar con apariencia de regularidad esa oscura transacción, invocando la recién entrada en vigencia Ley de Contratación Administrativa.

Los recientes informes de la Contraloría General de la República han venido a confirmar lo que a viva voz se ha venido sosteniendo por parte de la prensa crítica de este país: la adquisición de armamento orquestada por el exjerarca del Ministerio de Seguridad Pública fue un negocio ilegal.

Sin arengas ni bufonada.- Conviene ahora puntualizar sobre algunos de los extremos que desde un principio viciaron una compra que en manos de funcionarios probos hubiera podido tramitarse como una adquisición ordinaria, sin arengas ni bufonadas.

En primer lugar, la declaratoria de secreto de Estado, en una materia que si bien es cierto debe manejarse con discreción, pero nunca con ocultamiento de la información, presagiaba lo que a la larga caracterizó este negocio: ausencia de expedientes completos, de justificantes claros de las decisiones adoptadas y en algunos casos, contradicción entre los precios cotizados. No es de extrañar ahora que ante la ausencia de un procedimiento cristalino, observemos el triste espectáculo de dos exfuncionarios recriminándose mutuamente por las irregularidades cometidas.

Las reglas sobre contratación administrativa han permitido desde hace muchos años que las compras en que medien razones especiales de seguridad (actual artículo 2.d Ley de Contratación Administrativa) se efectúen sin utilizar los procedimientos ordinarios. Esto no ha implicado nunca que la Administración que invoca esta justificación prescinda del respaldo documental que necesariamente deba acompañar toda transacción en que participe. El artículo 79.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa expresamente dispone que, cuando la prestación objeto del contrato se relacione con materias que requieran seguridades calificadas, por lo que no convenga interesar sino a determinadas personas, se podrá omitir el concurso público y contratar directamente con el proveedor idóneo, sin perjuicio de que la contratación quede bien documentada en el expediente respectivo, a efecto de que sea susceptible de controles posteriores. Estos controles posteriores son precisamente los que se han burlado con el secretismo y la ausencia de un expediente regular.

Presencia de intermediarios. Otra circunstancia que ha quedado desvelada es que la transacción no fue nunca entre Estados, sino más bien con una empresa propiedad de un Estado extranjero, lo cual ha hecho desde el inicio, una enorme diferencia. Este negocio estuvo caracterizado por la participación de intermediarios y, debido a la ausencia de respaldo documental, nunca se sabrá qué tipo de condiciones imperaron en la transacción.

Corresponde ahora sentar con toda severidad las responsabilidades penales y patrimoniales que correspondan para el autor intelectual y material de esta lesión al patrimonio del Estado. Está en manos del Ministerio Público colaborar en el restablecimiento de la credibilidad en los poderes públicos, la cual ha caído a los niveles más bajos en los últimos años, al punto que más del 90 por ciento de la población ha externado, por medio de encuestas, su creencia de que en este Gobierno ha habido corrupción.

No es válido ahora recurrir a cortinas de humo mediante el ataque y la amenaza a los medios de prensa, como no lo fue en el pasado reciente el cubrirse con la falsa y oportunista bandera de la lucha contra la corrupción, con el único propósito de desviar la atención sobre un negocio ilegal y oscuro.

Esperemos que ya estemos al final del tenebroso período en donde se hicieron rutina el rompimiento de vallas, las muestras de matonismo ante la Asamblea Legislativa, las escuchas telefónicas ilegales, la coacción a los medios de comunicación y los negocios ilegales. El país se merece mejor suerte que esa.


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