San José, Costa Rica. Domingo 5 de octubre, 1997

Informe anual de la Defensoría de los Habitantes

Dos candidatos del PUSC acusados

Los candidatos a diputado Rigoberto Abarca Rojas y Gerardo Medina Madriz, ambos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), enfrentan cuestionamientos ante distintas instancias judiciales.

Abarca Rojas, aspirante a legislador por el segundo lugar de la provincia de Alajuela, figura en una investigación por supuestas violaciones a la Ley Forestal que realiza la Agencia Fiscal de San Carlos.

Dicha oficina presentó el miércoles, al Juzgado de Instrucción local, un requerimiento de procesamiento y elevación a juicio en contra del dirigente por los cargos de tala y aprovechamiento ilegal de madera.

Entre tanto, la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó que Medina Madriz, quien encabeza la fórmula de Puntarenas, afronta una denuncia ante la Agencia Fiscal del cantón Central de esa provincia.

Se trata de una queja por supuesta desviación de fondos y despilfarro de recursos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), presentada también en contra de Franklin Suárez Cuadra.

Medina Madriz fungía como presidente ejecutivo del INCOP en el momento en que ocurrieron las supuestas irregularidades mientras que Suárez Cuadra, aspirante a síndico del PUSC, era el gerente general.

El candidato presidencial del PUSC, Miguel Angel Rodríguez, se mostró cauteloso al ser consultado por La Nación en torno a las denuncias tramitadas en contra de los dos aspirantes al Congreso.

"Aquellos casos en que haya acusaciones pasarán al Tribunal de Etica y procederemos de acuerdo con los resultados. Nosotros no hacemos escarnios, ni bullas, ni tratamos de destruir a las personas", aseveró.

Luis Villalobos, presidente del Tribunal de Etica socialcristiano, informó de que dicho órgano estudia desde hace meses una denuncia contra Abarca Rojas relacionada con las mismas violaciones forestales.

Indicó que solicitarán la nueva documentación del caso para resolver lo más pronto posible debido a que el 16 de octubre vence el plazo que tienen los partidos para inscribir sus candidaturas.

El PUSC aprobó, en febrero, una reforma a sus estatutos que prevé la suspensión de aquel militante contra quien se haya decretado en firme la prisión preventiva y el auto de apertura de juicio.

La nueva norma señala que en caso de condenatoria "se procederá sin excepción a la expulsión del militante".

Hace escasos siete días, el Partido Liberación Nacional (PLN) purgó de su papeleta diputadil a los aspirantes Julián Watson, Roberto Sossa y Carlos Roverssi por enfrentar cuestionamientos de diversa índole.

Por otra parte, tanto Rigoberto Abarca como Gerardo Medina manifestaron el viernes que las denuncias presentadas en su contra no tienen fundamento y afirmaron que estas tienen motivaciones políticas.

Abarca, por ejemplo, afirmó que es víctima de persecución política por parte del técnico forestal Carlos Alberto Alfaro Mata, quien presentó la queja en contra suya y de su cuñado, German Díaz Ruiz.

"Es una acusación injusta. En tres ocasiones anteriores fui acusado por infracciones a la Ley Forestal, pero me absolvieron porque no tenía responsabilidad; estoy seguro que ahora sucederá lo mismo", dijo.

Medina sostuvo que probará su inocencia cuando sea citado a declarar ante la Agencia Fiscal de Puntarenas. Anunció, al igual que Franklin Suárez, que una vez aclarado el asunto demandará a sus denunciantes.

Los cargos

Rigoberto Abarca Rojas:

Cargo: El técnico forestal Carlos Alberto Alfaro Mata denunció ante la Agencia Fiscal de San Carlos que Abarca Rojas y su cuñado, German Díaz Ruiz, supuestamente incumplieron un permiso extendido para la corta y aprovechamiento de madera en una finca, ubicada en Jocote de Cutris, al ordenar la tala de 29 árboles que se encontraban en zona de protección y por dejar troncos que obstaculizaban el cause de las quebradas. Alfaro también denunció que los dos trataron de sacar madera cuando el permiso de explotación ya había expirado.

Defensa: Abarca asegura que no es dueño de la finca y, por tanto, tampoco de la madera ni del permiso de explotación.

Gerardo Medina Madriz:

Cargo: Salvador Ruiz, Mirna Salas y Juan Vargas denunciaron ante la Agencia Fiscal de Puntarenas que Medina y Franklin Suárez al parecer incurrierron en una serie de despilfarros durante su gestión en el INCOP. Los quejosos aseguran que estas dos personas desviaron fondos destinados a la compra de maquinaria de Finlandia y a la realización de varias obras comunales. Indicaron que estas anomalías ameritaron la apertura de un proceso administrativo en el INCOP.

Defensa: Medina afirmó que no hubo despilfarros y que todas las modificaciones presupuestarias se hicieron con la autorización de la Contraloría General de la República. Agregó que la investigación interna realizada en el INCOP demostró que la institución más bien se ahorró ¢78 millones con la compra de la maquinaria.