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Constituyente, palabra clave
De acuerdo con el programa de Gobierno 1998-2002 del Partido Liberación Nacional (PLN), titulado "Nuestro compromiso con Costa Rica", nuestras vidas y con ellas una mejor educación, salud, seguridad, empleo y producción, dependen de un cambio político radical.
Y por cambio radical debe entenderse variar los métodos de hacer política, comenzando -según el plan- por una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Así se desprende del documento mediante el cual los liberacionistas dieron a conocer ayer su propuesta de Gobierno, en un acto en el hotel Meliá Corobicí en el que celebraron una asamblea general y el aniversario 46 del partido.
En su propuesta los socialdemócratas critican la corriente de pensamiento neoliberal y su derivación hacia la competencia "salvaje", así como los llamados programas asistencialistas, al tiempo que reivindican el pensamiento socialdemócrata como opción para un modelo de desarrollo nacional.
De 20 páginas de extensión, el documento enfatiza las acciones económicas que tomaría el PLN a partir de mayo de 1998, en caso de ganar las elecciones generales del próximo 1° de febrero. Asimismo, reconoce que se equivocó con la concepción del Estado empresario y acepta la necesidad de que este deje de participar en áreas que no le corresponden.
El programa contiene propuestas de acción en diversos campos como producción, infraestructura, papel y administración del Estado, reforma política, empleo, jubilaciones y calidad de vida. También aborda aspectos de educación y salud, seguridad ciudadana y política exterior.
En cuanto a sus diferencias con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los liberacionistas sostienen que su propuesta se basa en la idea de la solidaridad como requisito para la atención de los problemas sociales y como motor de la mejor repartición de la riqueza. Consideran además que representa una propuesta alternativa a lo que denominan modelo "fiscalista de desarrollo".
En su discurso ayer ante la Asamblea Nacional del PLN, que celebró también el aniversario 46 de la agrupación, el candidato José Miguel Corrales dijo que proponían la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para que el país se aboque a redifinir el Estado y la sociedad que se quiere para los próximos años.
Corrales afirmó que se impone un nuevo modelo de Estado, más ágil y funcional, rector y no administrador. Llamó, además, a que la campaña electoral que se avecina sea un preludio de lo que Costa Rica espera de una constituyente.
Las promesas socialdemocratas
Del documento de 20 páginas que contiene el programa de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN) para el cuatrienio 1998-2002 se hizo un resumen de algunas de las principales propuestas.
Para efectos explicativos se subdividió en dos áreas: la económica y la social, con sus específicos apartados.
Area Económica
Producción
Estrategia de expansión productiva: el Estado no es un buen empresario, por eso debe propiciar las condiciones para el crecimiento.
Estrategia concertada de crecimiento entre empresarios, trabajadores y Estado.
Reglas claras para la producción sostenida.
Apertura económica gradual.
Plan de medidas de mediano y largo plazo para la incorporación al ALCA.
Buscar la ampliación de los beneficios de la Cuenca del Caribe.
Evaluar los resultados del TLC con México para poner correctivos y fortalecer presencia y gestiones con la Unión Europea y países de Oriente.
Atraer inversiones que creen las condiciones para la irrupción de empresas nacionales proveedores de bienes y servicios en turismo.
Administración
Enfrentar la deuda pública a través de la reducción del pago de intereses y bajar el impacto sobre el déficit fiscal mediante la reducción de su monto en términos reales; aumento de los ingresos por medio de la elevación de la producción, mayor eficiencia en la recaudación, y control de gasto público.
Bajar el saldo de la deuda pública en 20 por ciento (en 1997 el total de la deuda es de 60 por ciento del PIB).
Bajar el servicio de la deuda interna en 4 por ciento, a un 2 por ciento del PIB.
Mantener el déficit fiscal en un 2,5 por ciento del PIB a partir de 1999.
Bajar paulatinamente la inflación durante cuatro años hasta que se acerque al 10 por ciento anual.
Mejorar el sistema financiero por medio de la adopción de una política monetaria y cambiaria que promueva la estabilidad.
Reducir los costos de intermediación financiera en la banca comercial del Estado.
Controlar la banca off-shore .
Transformar el auxilio de cesantía para promover y fortalecer los sistemas de pensiones y el sistema de seguros.
Impulsar un marco de incentivos compatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Crear un sistema de información entre las instituciones de formación que permita estructurar las necesidades de recurso humano. Esto implica fortalecer el INA.
Infraestructura
Poner en marcha proyectos de construcción de infraestructura bajo el esquema de concesión, con participación del sector privado en carreteras, puertos y aeropuertos.
Propone rehabilitar en los próximos cuatro años 2.000 kilómetros de la red nacional y 1.000 kilómetros de la red cantonal.
Crear la Autoridad Portuaria Nacional para establecer políticas de construcción y administración de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.
Ampliar la capacidad del sistema nacional de aeropuertos y modernización de terminales de pasajeros y de carga.
Fortalecer el sector eléctrico mediante mejoras al marco jurídico, para mayor participación del capital privado en su desarrollo.
Construcción de proyecto Boruca que duplicaría la producción actual.
Eliminar subsidios domiciliarios y brindar servicios públicos a costos competitivos a nivel internacional.
Papel del Estado
Primera prioridad: Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
No a la venta de activos del Estado. Estado como controlador de la calidad de los servicios. Reforma a la Ley de la Contraloría General de la República y la Ley de Contratación Administrativa.
Transferencia de recursos y competencias a las municipalidades y entes regionales.
Rechazo del carácter subsidiario y asistencialista del Estado en materia de desarrollo social.
Contratar en el Gobierno funcionarios más preparados. Fortalecer el Servicio Civil e incluir en él a la policía.
Acción estatal a partir del consenso con los sectores: participación activa y directa de los ciudadanos en la selección de sus representantes populares.
Reforma política
Creación de mecanismos para que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre su gestión.
Instauración del recurso de revocatoria del mandato de funcionarios públicos.
Elección directa de todos los funcionarios públicos.
Elecciones municipales separadas de las provinciales y nacionales.
Sustituir el sistema de listas cantonales y provinciales.
Estado descentralizado: fortalecer las economías locales, generación de empleo productivo, inversión en capital humano, mejora en la cobertura y calidad de los servicios sociales de salud, educación, seguridad social y vivienda.
Instauración del referéndum y el plebiscito a nivel local y nacional.
Area Social
Empleo y jubilaciones
Jóvenes y mujeres como destinatarios prioritarios en la política de empleo. Inversión en capital humano y educación para el trabajo.
Empresas como centros de capacitación con apoyo del INA.
Convertir el Ministerio de Trabajo en la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano.
Promover el reconocimiento del derecho a la cesantía en proporción directa al tiempo trabajado. Acceso inmediato del trabajador al 50 por ciento de su dinero y el resto administrado por organizaciones laborales.
En jubilaciones se evaluarán los sistemas de cotizaciones. La cobertura de la CCSS aumentará a campesinos y trabajadores informales.
Calidad de vida
Mejorar el entorno urbano para una mayor calidad de vida: transporte urbano, uso de los suelos, contaminación; reducción de los tiempos de viaje, excesivo gasto de combustibles, crecimiento urbano y seguridad.
Creación del Consejo Nacional de Transporte.
Creación de los comités cantonales de cultura; casas de la cultura y reestructuración de las dependencias del Ministerio de Cultura.
Estímulo al alto rendimiento deportivo. Prioridad a la práctica masiva del deporte; creación del Instituto Costarricense del Deporte.
Política ambiental: consolidar el sistema nacional de áreas de conservación, bioalfabetización, protección del agua, control del uso indiscriminado de pesticidas y reforestación.
No propondrá una solución nacional al manejo de los desechos sólidos. El problema deben asumirlo las comunidades.
Cambio cultural para la participación de la mujer.
Educación y salud
Educación como prioridad.
Construcción y equipamiento de centros de enseñanza.
Aumentar la proporción de maestros titulados a un 90 por ciento para el año 2002.
Reducir la brecha salarial entre los educadores y otros profesionales.
Respeto al derecho de los educadores a tener su propio régimen de pensiones. Aprobación legislativa de las reformas.
Ampliación de la opción técnica de educación secundaria.
Se darán los recursos a las instituciones universitarias públicas y se supervisará a las privadas mediante el sistema de acreditación.
Respaldo al proceso de reforma del sector salud. Creación de reformas legales para acciones sanitarias. Descentralización de los servicios de atención mediante áreas de salud con participación de las organizaciones comunales.
Seguridad ciudadana
Incremento de la seguridad. Aumentar en 1.500 los efectivos policiales (el costo aproximado será de ¢1.500 millones al año).
Continuar con la experiencia del proyecto piloto de policía comunitaria.
Fortalecer las posibilidades de intervención de la policía.
No se pronunciarán sobre los cambios constitucionales necesarios para combatir el narcotráfico. Sufragar los gastos con la cooperación internacional. Apoyo a la reforma de la Ley de Psicotrópicos.
Cambiar el sistema carcelario: construcción de nuevos centros de reclusión.
Reforma a la Ley de Armas y evitar la duplicidad de funciones con la policía municipal.
Sectores sociales
Infancia y niñez: atención a la niñez en riesgo mediante subsistemas encargados por grupo de edad.
Juventud: definición de una política de juventud.
Mujer: se fortalecerán las políticas de equidad del Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia y los programas del IMAS.
Discapacidad: se fortalecerá su acceso a la vivienda y al empleo. En siete años el 10 por ciento de los taxis y la totalidad de los autobuses deben ser accesibles a los discapacitados.
Tercera edad: trato especial en salud y programas de reducción de costos en transporte, servicios y entretenimiento.
Indígenas: programa de prestación de servicios sociales básicos.
Política exterior
Fusión gradual de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y la dirección de cooperación internacional del Ministerio de Planificación.
Se creará un sistema de relaciones exteriores con la participación de la Cancillería, ICT, Mirenem, Procomer y CINDE.
Establecimiento de misiones conjuntas con Centroamérica en países menos importantes.
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