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Jueves 18 de septiembre, 1997


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Noticias de El País:

Candidatos a diputados y regidores

Corrales precisa cargos

Nombran sustituto de Chinchilla


Ronald Matute
Redactor de La Nación

El candidato presidencial José Miguel Corrales precisó ayer los cargos que -a su juicio- ameritan la exclusión de al menos tres personas de las papeletas para diputados, regidores y síndicos del PLN.

Respaldado con copias de requerimientos judiciales o de denuncias interpuestas ante los órganos internos del Partido Liberación Nacional (PLN), Corrales demandó de nuevo el retiro de estas figuras.

Se trata de Julián Watson Pomier, aspirante a legislador por Limón, así como de los candidatos a regidor Asisclo Romero Romero (Talamanca) y José Manuel Ulate Avendeño (cantón central de Heredia).

Estas tres personas tienen en común el hecho de que afrontan causas penales por distintos motivos. Watson alegó que es inocente y que Corrales violenta sus derechos al exponerlo en público.

Sus casos serán vistos en la Asamblea Nacional y Plenaria convocada para el jueves 25 de setiembre ante la demanda hecha hace seis días por Corrales de depurar las fórmulas liberacionistas.

"Pedimos que se convoque a la Asamblea para que se sustituya a esa gente (...) Yo no puedo quitar a nadie porque yo no nombré a nadie, pero la Asamblea sí los nombró y, por tanto, puede revocar su nombramiento", aseveró.

En círculos del PLN corre el rumor de que la sesión podría ser saboteada por un grupo de delegados.

La lista de vetos de Corrales podría extenderse a seis, o incluso más personas, si en las próximas horas se producen algunos fallos pendientes o aparecen pruebas que respalden denuncias verbales.

Dicha situación mantiene a algunos dirigentes en "capilla ardiente". Tal es el caso de los candidatos a diputado Roberto Sossa (San José), Róger Vílchez (Heredia) y Sonia Villalobos (Puntarenas).

Estas personas no afrontan procesos penales pero están a la espera de resoluciones de diversas instancias.

Sossa, por ejemplo, presentó un recurso de amparo contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pues considera que esta entidad violó sus derechos constitucionales al inhabilitarlo por dos años del ejercicio público.

Vílchez aguarda que el TSE se pronuncie sobre una denuncia presentada en su contra por beligerancia política y Villalobos también espera un fallo del Tribunal de Etica del PLN sobre objeciones hechas a su postulación.

"No tengo ningún temor porque son cuestionamientos politiqueros", sostuvo la dirigente porteña.

Presidente interino

Ayer trascendió que el Tribunal de Etica del PLN designó antenoche a Raquel Rochwerger, de 43 años, como presidenta interina de ese órgano en sustitución de Rafael Angel Chinchilla.

Chinchilla renunció sorpresivamente a su cargo la semana pasada tras mantenerse empantanada, durante casi dos meses, la investigación interna del fraude cometido en la convención del pasado 1º de junio.

El candidato presidencial le envió ayer una carta al exjerarca solicitándole reconsiderar su posición.

Rochwerger, por su parte, informó de que en los próximos días será inscrita ante el Registro Civil una reforma estatutaria que permitirá agilizar los procesos internos que realiza ese tribunal.

Mientras tanto, se informó de que el Juzgado de Instrucción de Pavas aceptó instruir el caso de 18 de las 19 personas que fueron requeridas por el Ministerio Público en relación con las anomalías de la convención.

La única diligencia rechazada fue la del diputado Luis Durán Gamboa. (Véase nota aparte.)

Corrales insistió en que las personas incluidas en este requerimiento no podrán participar en la campaña si no demuestran su inocencia. En ese sentido, le envió una misiva a Durán para que renuncie a su inmunidad.

Nombre y apellidos

El candidato José Miguel Corrales le puso ayer nombre y apellidos a la denuncia que había hecho, por cadena de televisión, el pasado jueves cuando demandó depurar las distintas papeletas del PLN.

"No nos temblará la mano para hacer cumplir esa disposición", sostuvo ayer.

Corrales explicó que para reemplazar a los candidatos a regidor o síndico cuestionados se convocará a una nueva asamblea cantonal. Para cambiar a quienes desean ir al Congreso existen tres mecanismos.

El primero consiste en elegir a un sustituto en la Asamblea Nacional y Plenaria del 25 de setiembre. Los delegados deberán aprobar primero la exclusión del actual aspirante y luego votar por su relevo.

Un trámite diferente se seguiría si después del 16 de octubre -fecha en que expira el plazo fijado para que los partidos inscriban sus candidaturas ante el Registro Civil- aparece un nuevo cuestionado.

Corrales explicó que en este caso, la persona deberá renunciar y el primer suplente tomará su lugar.

Finalmente, si surge algún cargo contra algún aspirante al Congreso después de los comicios nacionales, tomará su sitio quien ocupe el primer lugar en la lista de espera de su provincia.

  • Colaboró con esta información Mauricio Herrera, redactor de La Nación.


    Cuestionamiento y defensa

    El candidato José Miguel Corrales aportó ayer documentos para sustentar las dudas formuladas contra varios aspirantes a diputado, regidor y munícipe. Estos son los cargos y la defensa de los involucrados:

    1- Con veto del candidato:

  • Julián Watson Pomier.

    Puesto a que aspira: Diputado por el primer lugar de Limón.

    Cargos en su contra: Figura como imputado en la causa que el Juzgado Primero de Instrucción de Limón abrió a seis exregidores de la Municipalidad de Talamanca por dar -entre 1987 y 1989- permisos provisionales para venta de licores a personas que, al parecer, no cumplían los requisitos legales. Watson fue acusado por un aparente delito de concusión, dos de prevaricato y dos de incumplimiento de deberes. El 9 de marzo de 1990 el juzgado dictó auto de procesamiento, prisión preventiva y embargo de bienes contra los imputados. El 14 de setiembre de ese año Watson depositó una fianza de ¢75.000. El 1º de julio de 1991 el Juzgado Primero de Instrucción de Limón dictó otro auto de elevación a juicio contra Watson y remitió el caso al Tribunal Superior Penal de Limón. Este proceso se halla pendiente.

    Descargo: "He demostrado que soy inocente. Si en 10 años el tribunal no ha fallado no es negligencia mía... Corrales no me ha dado forma de defenderme y siento que está violentando mis derechos."

  • Asisclo Romero Romero

    Puesto a que aspira: Regidor por el primer lugar de Talamanca.

    Cargos en su contra: Seis miembros del comité ejecutivo cantonal del PLN en Talamanca objetaron el pasado 6 de setiembre la candidatura de Romero ante el Tribunal de Elecciones internas. Este grupo denunció que el aspirante fue condenado el 18 de enero de 1996 por el Juzgado Penal de Limón a una pena de dos años de prisión por el delito de agresión con arma, aunque se le concedió el beneficio de ejecución de la pena por un período de prueba de tres años. También señalaron que Romero fue denunciado en marzo de 1996, en la alcaldía de Bribri, por la supuesta venta de una terreno que era propiedad de la Municipalidad de Talamanca y en el cual se depositaba basura.

  • José Manuel Ulate Avendaño

    Puesto a que aspira: Regidor por el segundo lugar del cantón central de Heredia.

    Cargos en su contra: La elección de Ulate motivó tres impugnaciones ante el Tribunal de Elecciones internas del PLN. En estos recursos se aduce que el aspirante fue demandado ante el Juzgado Penal de Heredia por el supuesto incumplimiento de deberes cuando consintió la usurpación de un parque municipal en la urbanización María Ofelia. La Agencia Primera Fiscal de Heredia solicitó elevar este caso a juicio el pasado 22 de agosto. El TSE ordenó el 30 de abril abrir un proceso administrativo en su contra.

  • Sonia Villalobos Barahona.

    Puesto a que aspira: Diputada por el primer lugar de Puntarenas.

    Cargos en su contra: El diputado socialcristiano Gonzalo Fajardo solicitó el pasado 26 de agosto a la Contraloría General de la República, indagar un supuesto pago de ¢1,8 millones que recibió Villalobos por una asesoría de prensa en Aviación Civil; Fajardo duda que tales servicios se hubieran concretado. Seis dirigentes puntarenenses alertaron el 16 de setiembre al Tribunal de Etica del PLN sobre la posibilidad de que Villalobos pueda ser incluida en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción de Puntarenas contra personeros de la junta directiva de la Asociación de Juegos Deportivos Nacionales Puntarenas 95, por aparentes anomalías en el manejo de ¢140 millones.

    Descargo: "Puedo demostrar que esos cuestionamientos son chismes y falacias de la gente que me adversa. Pueden ir a ver a cualquier juzgado y verán que Sonia Villalobos no tiene ningún proceso en su contra."

  • Roberto Sossa Sandí.

    Puesto a que aspira: Diputado por el décimo lugar de San José.

    Cargos en su contra: El pasado 26 de agosto el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encontró a Sossa culpable de beligerancia política por haber fungido como directivo del Banco Popular siendo miembro de la Asamblea Nacional del PLN y del Directorio Político de esa agrupación. Sossa fue inhabilitado de ocupar cargos públicos durante dos años. El TSE confirmó su fallo el pasado martes al rechazar dos acciones interpuestas por el aspirante. Este presentó ayer un recurso de amparo ante la Sala IV.

    Descargo: "No existe norma constitucional ni legal que le impida al partido inscribir mi candidatura porque en los impedimentos para ser electo como diputado no figura la inhabilitación como aspirante a un puesto de elección."

  • Róger Vílchez Cascante.

    Puesto a que aspira: Diputado por el primer lugar de Heredia.

    Cargos en su contra: Vílchez fue acusado de supuesta beligerancia política el pasado 28 de agosto por el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez. El legislador cuestionó el hecho de que Vílchez participara en los procesos internos del PLN pese a formar parte de la junta de crédito de la agencia del Banco Popular en Heredia. Su caso está pendiente en el TSE.

    Descargo: "El asunto mío está en el Tribunal Supremo de Elecciones y voy a respetar lo que diga al respecto."

    Otros casos: José Miguel Corrales señaló, sin ahondar en detalles, que en el cantón de Aguirre existen cuestionamientos de carácter ético-moral contra varios aspirantes municipales. También señaló que en Goicoechea y el cantón central de San José existen impugnaciones que no han sido sustentadas con pruebas documentales.



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