San José, Costa Rica. Sábado 27 de septiembre, 1997

Informe anual de la Defensoría de los Habitantes

La especialista en derecho público Magda Inés Rojas Chaves, procuradora asesora, considera que los partidos políticos son entes públicos no estatales y sujetos al derecho público.

Dictamen de la Procuraduría

Limitan crédito a partidos

Los partidos políticos tendrían derecho a obtener créditos de los bancos del Estado hasta el tope del 6 por ciento del capital y las reservas disponibles -en su conjunto- en los estatales Banco de Costa Rica, Nacional y Crédito Agrícola de Cartago.

Para mal de los partidos, ese porcentaje deberán compartirlo con el resto de las instituciones públicas que soliciten recursos a los bancos del sistema financiero nacional.

Así se desprende de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República del pasado 25 de setiembre, elaborado por la procuradora asesora, Magda Inés Rojas Chaves, a petición del Banco Nacional (BN).

El Nacional presentó la consulta ante "la duda de su capacidad prestataria para con los partidos políticos".

Debe recordarse que los créditos otorgados a agrupaciones políticas en la anterior campaña electoral por el desaparecido Banco Anglo Costarricense y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) fueron objeto de estudio y censura por parte de dos comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa.

La procuradora Rojas indica que los partidos políticos son entes públicos no estatales y, como tales, sujetos de derecho público. Existen los entes públicos extrictamente estatales y los entes privados. De haberse aplicado esta última definición a los partidos políticos, quedaban excluidos de la aplicación del tope fijado en el artículo 61, inciso 5, de la Ley del Sistema Bancario Nacional, por lo que los bancos no tendrían tope en el monto a transar con los partidos para la campaña electoral.

Pese a que la consulta fue hecha por solo un banco, es vinculante para él y crea jurisprudencia para los demás, explicó el Procurador General, Román Solís.

El afirmó ayer que el artículo 61 de la Ley del Sistema Bancario Nacional se refiere a instituciones públicas en general y que, con la definición que se le aplicó a los partidos, quedan fuera de las instituciones de carácter privado y a quienes se les aplicaría el derecho privado.

"El concepto de institución pública incluye todo. Un partido político es una institución pública en tanto trata de realizar metas públicas...", apuntó Solís.

Financiamiento

Los partidos conservan sus opciones de financiamiento: podrán pedir a los bancos recursos dentro del 6 por ciento señalado, optar por las contribuciones de partidarios o recurrir a la banca privada. En esta última solo pueden aspirar por un tope del 25 por ciento del capital y las reservas del conjunto de bancos privados.

Según datos extraoficiales, solo el Banco Nacional, con el tope del 6 por ciento, dispondría de ¢600 millones anuales para otorgar créditos a los partidos y a las instituciones públicas. Se intentó obtener el monto de los dos bancos estatales, pero no fue posible lograr un dato oficial.

Ayer se buscó el criterio del presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, Alfredo Volio, pero este prefirió no referirse hasta conocer el texto completo del pronunciamiento. La tesis de la Procuraduría coincide con el criterio externado por la asesoría jurídica del Banco, en abril de este año.

Otra limitante para los partidos políticos que busquen fondos en el Banco Nacional es el reglamento interno para financiar agrupaciones políticas pues se dispuso que la entidad financiera no debería recibir bonos de los partidos -canjeables luego por los bonos de la deuda política- de aquellas agrupaciones que alcanzaran porcentajes de voto inferiores al 5 por ciento en anteriores elecciones.

Créditos a partidos

La Procuraduría dejó claro en su pronunciamiento que los partidos políticos pueden acudir a la banca estatal para obtener préstamos o créditos, igual que cualquier otro, siempre que cuente con capacidad de pago y puedan garantizar el financiamiento que reciban.

Sin embargo, la opción de obtener ayuda económica de la banca pública choca con el informe de la comisión legislativa que investigó el descalabro del Banco Anglo Costarricense. En las recomendaciones del dictamen aprobado por el plenario legislativo se incluyó una recomendación a los bancos estatales de no financiar a las agrupaciones electorales.

El jefe de campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Roberto Tovar, explicó que los partidos políticos ahora tendrán como fuentes principales de financiamiento la colocación de bonos, contratando créditos con la banca privada y las contribuciones de simpatizantes. En un menor grado, los bancos del sector público.

Sostuvo que la respuesta de la Procuraduría surge a pocos meses de las elecciones presidenciales, y, como su partido no podía esperar para procurar fondos, al igual que otros partidos, acudió a la banca privada.

No se pudo consultar a los representantes del Partido Liberación Nacional (PLN).

Colaboró en esta información Dixie Mendoza, redactora de nacionales.