San José, Costa Rica. Martes 27 de enero, 1998 |
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Denuncias de Corrales contra RodríguezPUSC refuta ataques del PLN• Asegura que candidato no debe impuestos ni cuotas patronalesJosé David Guevara M. Redactor de La Nación De "acusaciones irresponsables y sin fundamento", "sandeces", "insinuaciones", "majaderías", "mentiras" y "charlatanerías" trató ayer el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) los ataques que en contra de su candidato presidencial lanzó el domingo pasado el aspirante liberacionista. Esos calificativos fueron pronunciados por Luis Fishman, jefe socialcristiano de proyección política, durante una conferencia de prensa en la que refutó las acusaciones que José Miguel Corrales hizo en el sentido de que Miguel Angel Rodríguez, supuestamente, ha evadido el pago de obligaciones laborales y fiscales. Corrales manifestó anteayer, en una cadena de televisión, que dos empresas de Rodríguez -Comercializadora de Alimentos S.A. y Enlace Comercial de Alimentos S.A.- no han cancelado ¢54 millones en impuestos de ventas y consumo que al parecer deben desde hace cinco años. El socialdemócrata también dijo que otra de las compañías de Rodríguez, Grupo Industrial S.A. (Gisa), dejó de pagar casi ¢6 millones en cuotas patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ayer, Fishman y Rafael Sequeira Garza, presidente-gerente de las firmas mencionadas, aseveraron que ninguna de esas empresas pertenece a Rodríguez y que la única relación de él con ellas es de socio. También afirmaron que las tres compañías no le deben nada a Tributación Directa ni a la CCSS. Rodríguez, quien fue escueto al ser consultado ayer, dijo que ha actuado a derecho y que todo se ha manejado en tribunales específicos.
¢54 millones
En relación con la presunta deuda por ¢54 millones, Fishman y Sequeira dijeron que el origen de ese monto no es una retención indebida de impuestos cobrados. La suma procede, explicaron, de cálculos hechos por las autoridades fiscales sobre el expendio de embutidos que Comercializadora de Alimentos S.A. y Enlace Comercial de Alimentos S.A. interpretaron que estaban exonerados del pago de gravámenes. Ambos socialcristianos informaron de que la última palabra sobre ese diferendo la tendrá el Tribunal Fiscal Administrativo. Esa instancia no ha fallado, declararon, porque está a la espera de que la Sala IV se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por otra empresa con la que Rodríguez no tiene relación -Agropecuaria Maryen S.A., el 8 de enero de 1996- , en contra del transitorio sexto de la Ley de Justicia Tributaria y el artículo 10 de la Ley de Ajuste Tributario, que establecen la condonación del pago de impuestos anteriores al período fiscal 1991. Corrales sostiene que ese portillo se abrió para beneficiar a Rodríguez. Loretta Rodríguez, directora de Tributación Directa, confirmó ayer que los expedientes de esas compañías fueron remitidos al Tribunal Fiscal Administrativo desde el 3 de agosto de 1993, así como que está pendiente el pronunciamiento de la Sala Constitucional.
Sobre la posible deuda de casi ¢6 millones que tiene Gisa con la CCSS, Corrales entregó ayer a este diario copias de dos resoluciones con membrete de esa entidad en las que se dice -producto de investigaciones efectuadas entre 1993 y 1996- que se descubrió que algunas remuneraciones a empleados no fueron reportadas en tiempo y en forma en planillas ordinarias. Fishman y Sequeira entregaron copias de cuatro certificaciones con membrete de la CCSS y con fecha del día de ayer en las que dice así: "El patrono arriba indicado se encuentra al día en el pago de las cuota obrero patronales". Lo anterior no pudo ser constatado ayer con autoridades de la Caja. A pesar de insistentes llamadas telefónicas a tres funcionarios, no fue posible conversar con ninguno de ellos. En relación con ese asunto el Partido Liberación Nacional (PLN) denunció ayer que los diarios La Nación y Al Día censuraron el viernes pasado, por considerarlo injurioso, la publicación de un campo pagado en el que se denunciaba el aparente incumplimiento de Gisa con la CCSS. Los verdiblancos también se quejaron de que La Nación no publicó, por la misma razón, otro texto en que Corrales proponía un temario a debatir con Rodríguez. Eduardo Ulibarri, director de este periódico, manifestó ayer que al PLN se le explicó que ambos campos pagados había que consultarlos primero con los abogados de la empresa y que los editores de turno preferían esperar a que él estuviera presente para tomar su opinión. "La decisión es que con el de la agenda no hay problema, pero que al otro hay que sustituir la palabra evasión por otra que no implique acusación de que se está cometiendo un delito", expresó. Colaboraron en esta información Carlos Villalobos, Patricia Leitón y Montserrat Solano, redactores de La Nación © 1997. LA NACION S.A. El contenido de La Nación Digital no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.co.cr |
