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Domingo 12 de julio, 1998


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Artículos de Opinión:

Una teoría peligrosa

Separación entre la responsabilidad administrativa y la política conduce a la impunidad


Rodolfo Saborío Valverde

Una de las justificaciones de algunos exfuncionarios para no asumir las consecuencias de los manejos irregulares de programas directamente bajo su mando consiste en separar lo que denominan "responsabilidad política" de la "responsabilidad administrativa". Así pretenden que quienes se autoclasifican en la primera categoría gozan de un escudo que los protege contra cualquier desmán ocurrido en las dependencias a su cargo.

Quienes así actúan se valen de la confusión que se deriva del hecho de que, en nuestro sistema jurídico, los funcionarios titulares de los órganos superiores del Estado ejercen a la vez funciones políticas y funciones administrativas. Las decisiones adoptadas en ejercicio de funciones políticas se refieren a actos precisos de conducción y gobierno del país, tales como nombramiento de ministros, embajadores y aprobación de políticas generales, y no son susceptibles de impugnación en sede administrativa o judicial. Distinto es el caso de las múltiples decisiones administrativas que cotidianamente asumen los mismos funcionarios, las cuales se encuentran sometidas plenamente a los mecanismos de control que el resto de decisiones adoptadas por funcionarios de inferior rango.

Un falso escudo. Un funcionario superior del Estado no puede alegar que, en el ejercicio de funciones administrativas puras, como lo es la organización y funcionamiento de una dependencia, actúa cubierto por la imposibilidad de ser cuestionado, típica de sus decisiones políticas. Desmantelar el sistema de control de una dependencia administrativa que maneja decenas de miles de millones de colones no es un acto político. Invertir fondos públicos en contra del texto expreso de la ley en puestos de bolsa privados no es un acto político. No debemos, entonces, dejarnos llevar a engaño con esta separación artificial entre "responsabilidad política" y "responsabilidad administrativa", que lo único que pretende es sentar las bases para la impunidad de los funcionarios que directamente tuvieron a su cargo el manejo administrativo de un programa de gobierno víctima de un desfalco.

Dentro de las mismas voces que pregonan la tesis que rebatimos, del mismo entorno que aparece en todos los ángulos del caso citado, aparece ahora la teoría de que pretender que el Presidente responda por los actos de sus subalternos conllevaría a que este tenga que aprobar todas las decisiones que se adopten en el sector público, contrariando todos los esquemas de descentralización y desconcentración que nutren nuestra democracia. Según esa posición, negar la separación artificial entre lo político y lo administrativo equivale entonces a ser un defensor del autoritarismo. Tales argumentos no hacen más que denotar una marcada preocupación por evitar que alguien se atreva a cuestionar el papel del expresidente y sus allegados, aunque sea recurriendo a ejemplos o hipótesis que nadie ha planteado y que nadie puede sostener sensatamente. Todo sea por mantener a dicho funcionario impoluto y separado de los ordinarios asuntos terrenales.

Lo asistencial es administrativo. Esta forma de aislamiento de la realidad parece normal para quienes siempre actuaron bajo el postulado de "nunca le digas al rey que no tiene traje", pero no logra desvirtuar la circunstancia de que todo el planeamiento y la organización que se puso en marcha dentro del programa asistencial citado, tiene características estrictamente administrativas, y en esa medida ninguno de los funcionarios que tuvo participación directa en ellas puede alegar la protección de haber actuado en una supuesta función política. Es precisamente en el rendimiento de cuentas ante actos de gestión ordinarios en donde reside la esencia de la democracia, máxime si las decisiones sometidas a escrutinio condujeron a que no se vieran satisfechas las necesidades urgentes de miles de familias desposeídas. No puede esconderse bajo la cortina de humo del autoritarismo la constante negativa a dar la cara y a responder por unas decisiones administrativas que tuvieron efectos tan perniciosos. Es ahí donde no tiene ninguna justificación legal ni de ninguna naturaleza la separación entre lo político y lo administrativo.

Avalar esta tesis conduciría inevitablemente a la entronización de la teoría de la "irresponsabilidad política" y a la total impunidad de los altos jerarcas del gobierno. No es esto lo que disponen nuestras leyes ni lo que un correcto manejo de los asuntos públicos demanda.


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