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Sábado 30 de mayo, 1998


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Artículos de Opinión:

La Constitución no es responsable



Rodolfo Saborio Valverde

Pareciera que algunos políticos han asumido la bandera de atribuirle las dificultades para gobernar este país no a su propia incapacidad como dirigentes y detentadores del poder, sino a la Constitución Política.

Dentro de los argumentos que a menudo se esgrimen contra la Constitución vigente se encuentra el de que es una versión adaptada de la que se promulgó en 1871, lo cual supuestamente provoca que no responda a las necesidades institucionales actuales. A fuerza de repetirse esta idea, ha llegado a convertirse en un lugar común, el cual, sin embargo, se aleja totalmente de la realidad.

Diferencias de fondo. Baste señalar que la Constitución de 1871, aprobada el 7 de diciembre de ese año, no garantizaba la inviolabilidad de la vida (reforma de 1882), no contemplaba el sufragio directo (reforma de 1913), no contenía regulaciones sobre las garantías sociales (reforma de 1943), el papel de las municipalidades era sumamente limitado, y, en general, contenía regulaciones sobre la organización de poderes que requirieron de variados ajustes durante el tiempo que estuvo vigente (sin dejar de mencionar que en 1917 fue sustituida por completo por la Constitución del régimen golpista de los Tinoco, para volver a ser restablecida en 1919). Por estas razones, pese a que la Asamblea Constituyente de 1949 tomó como base de discusión la Constitución de 1871, el texto que en esos momentos estaba vigente difería sustancialmente del promulgado en 1871.

Diez meses de labor. A lo anterior habría que agregar que el trabajo de los diputados constituyentes del 49 se prolongó durante cerca de diez meses de discusiones intensas, con debates de altísimo nivel, todo lo cual condujo a la introducción de importantes figuras en nuestro texto fundamental. Valga citar la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, el establecimiento del recurso de amparo, la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa, el reconocimiento expreso de la autonomía municipal, la definición del régimen de instituciones autónomas, la incorporación de un Título sobre los Derechos y Deberes Políticos, la regulación de la Hacienda Pública, incluyendo la creación de la Contraloría General de la República y la instauración del régimen del servicio civil. A esto tenemos que añadir que la regulación que hace la Constitución de 1949 de las funciones de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, mejora sustancialmente el texto precedente.

Numerosas reformas. Si todos estos datos no fueran suficientes para diferenciar radicalmente la Constitución de 1949 respecto del texto adoptado en 1871, valga decir que, desde su promulgación, nuestra actual Carta Fundamental ha sido modificada en 44 ocasiones, en las cuales se introdujeron reformas a 67 disposiciones. Dentro de estos cambios estructurales que se han introducido destacan la creación de la Sala Constitucional y la creación de Comisiones Legislativas con facultad de promulgar leyes, dentro de otras muchas disposiciones que han permitido introducir los ajustes necesarios para el buen funcionamiento institucional.

Todo esto nos lleva a que ni la Constitución de 1871 era la misma que se promulgó en ese año, cuando posteriormente sirvió de texto base a la Asamblea Constituyente de 1949, ni la que promulgó ese cuerpo deliberante fue una copia de la precedente, mucho menos la Constitución que nos rige hoy día, guarda una similitud sustancial con la de 1871.

Derechos individuales. Es interesante destacar, además, que si se hace un cotejo entre el texto original de 1871 y el texto hoy vigente, los capítulos que más similitudes muestran son los relacionados con los derechos y garantías individuales, tema en el que, precisamente, nadie cuestiona el enorme nivel de desarrollo normativo que muestran las regulaciones actuales en esa materia, máxime, luego de la revitalización de que fueron objeto con la creación de una jurisdicción especializada en materia constitucional.

Es absolutamente falaz, entonces, afirmar que nuestra Constitución ya tiene 130 años, como con ligereza afirmaba un político que no dejó de lamentarse, desde que asumió funciones, de lo difícil que es gobernar. Claro que es difícil gobernar, pero de ahí a atribuirle la responsabilidad por los propios desaciertos y ausencia de ideas a la Constitución o al conjunto de leyes que nos rigen hay un gran paso.

Fallas inimputables. En realidad, no se le pueden imputar seriamente a nuestra Carta Fundamental los problemas institucionales más serios que enfrenta nuestra sociedad. No es con una reforma constitucional como se pondrá freno al alto nivel de corrupción que se ha apoderado de las instituciones públicas, ni es por esta vía como se eliminará la incapacidad de los gobernantes en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. No se logrará por este camino tampoco solucionar el grave problema de la deuda interna, mientras no se entre de lleno a corregir las distorsiones que causan el uso de recursos públicos para favorecer intereses de grupos particulares. No se requiere de una Constituyente para que la Administración Tributaria haga cumplir la ley y recaude la inmensa cantidad de recursos que se pierde por ausencia total de mecanismos ágiles y eficaces de control de la evasión, las subfacturaciones y los contrabandos.

Reformas parciales. Debemos evitar ser atraídos por el engañoso espejismo de una Constituyente como solución de todos nuestros males institucionales y purificadora de nuestro enfermo sistema político. Con el actual sistema de manipulación de la voluntad del electorado, en donde el financiamiento con dineros públicos perpetúa en el poder a los dos desgastados grupos tradicionales, qué garantías hay de que no resulten electos constituyentes el mismo tipo de personajes cuestionados que afloran hoy en día en las convenciones de los dos partidos oficiales, controladas por esa rara alianza entre "pegabanderas" y cúpulas.

Si se quiere introducir reformas profundas en nuestra organización institucional, para eso está el camino de la legislación ordinaria o de las reformas parciales a la Constitución. Si se nos quiere vender la idea de que la reforma integral es el único camino para que nuestro país salga adelante, tendríamos que responder simplemente: ¿Constituyente? No, gracias.


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