SENTENCIA N 111-98

TRIBUNAL PENAL DE JUICIO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, a las catorce horas del nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Causa penal por querella contra EDUARDO RENE ULIBARRI BILBAO, mayor, casado, periodista del Diario La Nación, cédula de identidad 8-039-865, nacido el 03 de febrero de 1952, vecino de Barrio La Guaria de Moravia, hijo de Pedro Rogelio Ulibarri y de Elma Bilbao, JOSE DAVID GUEVARA MUÑOZ, mayor, soltero, periodista y redactor del diario La Nación, cédula 1-738-721,nacido el 04 de diciembre de 1961, es hijo de David Guevara Arguedas y de Flora Elizabeth Muñoz, vecino de San Pedro de Montes de Oca, RONALD CHACON CHAVERRI cc. RONAL MOYA CHACON, mayor, casado, periodista y redactor de La Nación, cédula 3-199-005, hijo de Yolanda Chacón Chaveeri, nacido el 03 de julio de 1953, vecino de Paraíso de Cartago.

Intervienen además Juan Diego Castro Fernández, en su carácter de querellante, y actor civil y como demandados civiles el querellado Ulibarri Bilbao en su carácter personal y La Nación S.A., representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría y Fernán Vargas Rohmoser, el Licenciado Fernando Guier Esquivel como defensor de confianza de los querellados y en carácter apoderado especial judicial de la demandada civil La Nación S.A. Figura como Jueces Penales Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez, quien presidió, Licda. Teresita Rodríguez Arroyo y la Licda. Silvia Badilla Chang, y;

RESULTANDO:

1.- Que el día y la hora señalada para el debate, el querellante Juan Diego Castro Fernández procedió a dar lectura de la querella en los siguientes términos: "Fundamento esta querella, su correspondiente acción penal privada y la acción civil resarcitoria concomitantemente ejercida, en los siguientes hechos:

Primero.- El diario La Nación, que es elaborado e impreso en las instalaciones de La Nación S.A. en Llorente de Tibás, en la página trece A. de su edición del día lunes veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete, consta que Eduardo Ulibarri Bilbao es el Director de ese medio y que Manuel Francisco Jiménez Echeverría es el Director Ejecutivo del mismo. En esa misma página se publicó el editorial titulado: "¿Protección o privilegio?, con el subtítulo: Ningún exfuncionario debe disfrutar sin razón de bienes públicos." Este editorial contiene falsas imputaciones en mi contra que afectan gravemente mi honor y en lo que a esta querella se refiere, dice lo siguiente: "...Este es el caso del exministro de Seguridad Pública y de Justicia, Juan Diego Castro (...) la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública descubrió, el 25 de agosto pasado, que una subametralladora marca UZI y una pistola Beretta, destinadas a la seguridad del citado ministerio, se encontraban aún en la casa del exministro. Si, en relación con estas armas, podrían atribuirse el hecho a olvido o negligencia, el uso de recursos públicos configura un acto más grave (...) Si estas irregularidades se tasaran económicamente, el monto sería desdeñable. Con todo, no se trata de cálculos económicos, sino de valoraciones legales y éticas, sin importar en esta coyuntura el monto (...) Si, al parecer, se han estado utilizando recursos públicos sin fundamento legal, como informamos el sábado pasado, corresponde al Ministerio Público indagar sobre la responsabilidad que compete a este exfuncionario, así como a aquellas personas que facilitaron estos recursos. (...) Lo cierto es que estos hechos anómalos van minando, poco a poco, la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos y en el principio de autoridad; (...) He aquí un claro ejemplo de hacer lo que se dice, pero no lo que se hace. He aquí una razón más de nuestro deterioro institucional."

Este editorial, que está calzado por el nombre del Director de La Nación, Eduardo Ulibarri Bilbao y fue publicado con su consentimiento, su total aprobación y bajo su entera responsabilidad, quebranta mi honor y lesiona mi reputación, al atribuirme falsamente un hecho delictivo como es el haberme dejado en mi casa dos armas del Estado -una subametralladora UZI y una pistola Beretta-, veinticinco días después de haber salido del gobierno. Sostiene falsamente el editorial de comentario, que el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública descubrió esas dos armas en mi casa, en la que aún se encontraban. Esto es mentira. Esto es absolutamente falso y malintencionado, publicado dolosamente para afectar mi buen nombre, al atribuirme sin fundamento alguno un grave hecho que no cometí.

En mi casa nunca ha sido descubierta arma alguna por parte de esa Dirección. Así se desprende el oficio 1.547-97 DGA del veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, debidamente certificado por la Ministra de Seguridad Pública, Doña Laura Chinchilla y que adelante se ofrece y se aporta como prueba documental, que reza: "1.- Ningún funcionario de esta Dirección se ha desplazado a la casa de habitación del Lic. Juan Diego Castro Fernández o a la caseta contigua junto a su casa de habitación antes del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, en esa fecha o posterior a esa fecha, a revisar las armas, tipo sub-ametralladora Uzi, calibre 9 x 19 mm y pistola calibre 9 x 19 mm., Beretta, modelo 9, que destacó para la seguridad respectiva en la caseta de seguridad de la residencia del Lic. Juan Diego Castro Fernández, la Unidad de seguridad Interna de esta Cartera."

A pesar de que es mentira que tales armas hayan sido descubiertas en mi casa, así como también es totalmente falso que yo no las haya devuelto por olvido o negligencia, en el ofensivo editorial de marras leemos: "corresponde al Ministerio Público indagar la responsabilidad que compete a este exfuncionario", concluyendo que yo cometí una acción delictiva que merece ser investigada por el Ministerio Público, con lo cual ha sido gravemente afectado mi honor.

Afirma además el editorial indicado que "Lo cierto es que estos hechos anómalos van mirando, poco a poco, la confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos y en el principio de autoridad;(...) He aquí un claro ejemplo de hacer lo que se dice, pero no lo que se hace. He aquí una razón más de nuestro deterioro institucional." Con estas afirmaciones sin fundamento mayor que la misma mentira señalada, se me difama, ofendiéndoseme profundamente.

El editorial de La Nación, aparecido en su edición el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete, fue publicado con la plena aprobación del Director Ulibarri Bilbao y afecta gravemente mi honor, al atribuirme falsamente la comisión de una acción delictiva (apropiarse de bienes del estado) aunque fuera por olvido o negligencia y hacer comentarios basados en esa misma mentira, con el claro propósito de afectar mi reputación.

Segundo.- En la portada de la edición del diario La Nación del viernes diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se publicó mi fotografía y un titular que dice : "(...) Revelan presuntan anomalías en devolución de armas". En la página cuatro A de esta misma edición, en la que vuelve ha aparecer mi fotografía se repite el mismo subtítulo "Revelan presuntan anomalías con devolución de armas" y en un recuadro en la parte inferior de la página encabezado "En la casa y el despacho" se lee lo siguiente: "El veinticinco de agosto pasado la Dirección general de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública detectó una subametralladora marca UZI y una pistola Beretta, destinadas a la seguridad interna de ese ministerio, se hallaban en la residencia de Juan Diego Castro Fernández. También se encontraban ahí dos cargadores para la subametralladora y un cargador para la pistola. La presunta irregularidad fue detectada mediante un proceso de inspección y verificación, según se estipula en el oficio 1208-97 DEGA de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, suscrito por los inspectores Francisco Hernández Solano, Francisco Loría González y Manuel Francisco Quesada. En el oficio, dirigido al Capital Manuel Francisco Quesada en su condición de primer comandante de la Unidad de Seguridad Interna, recomiendan que se reintegre en el menor tiempo posible a la armería de ese ministerio las citadas armas. Advierten que si no se devuelven, estarían incumpliendo las directrices y las estipulaciones emanadas de la Auditoría Interna. La Ministra de Seguridad Pública, Laura Chinchilla Miranda, dijo anoche que estas armas aún continúan en la residencia de Castro, pero señaló que están asignadas a los policías que protegen su vivienda. Aclaró que no son de uso del Ministro." Esta nota fue redactada y suscrita por Ronald Chacón Chaverri conocido como Ronald Moya Chacón y José David Guevara Muñoz.

En mi casa nunca ha sido descubierta arma alguna por parte de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública. Es mentira que esa Dirección detectara esas armas en mi residencia. Del oficio 1.547-97 DGA del veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, debidamente certificado por la Ministra de Seguridad Pública, Doña Laura Chinchilla y que ofrezco y adjunto como prueba documental, se desprende que: "1.- Ningún funcionario de esta Dirección se ha desplazado a la casa de habitación del Lic. Juan Diego Castro Fernández o a la caseta contigua junto a su casa de habitación antes del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, en esa fecha o posterior a esa fecha, a revisar las armas tipo sub-ametralladora Uzi, calibre 9 x 19 mm y pistola calibre 9 x 19 mm, Beretta, modelo 9, que destacó para la seguridad respectiva en la caseta de seguridad de la residencia del Lic. Juan Diego Castro Fernández, la Unidad de Seguridad Interna de esta Cartera."

El oficio 286-97-U-S-I del veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, certificado por Doña Laura Chinchilla, Ministra de Seguridad Pública, dice en lo que interesa: "2.) Dichas armas - reitero son utilizadas por los respectivos, mismos que cuando realizan el cambio de guarda proceden a entregar las armas a los que releven. 3.) Cuando tomé la dirección de la Unidad de Seguridad Interna, ya esta práctica estaba en vigencia; por lo que no podría indicar quien o quienes dieron esa orden. Cabe recalcar que en los archivos de esta Unidad no existe documento que señale que las armas hayan sido prestadas directamente al Licenciado Juan Diego castro Fernández."

Es claro que no ha habido ninguna anomalía, ni la más mínima irregularidad con respecto a la devolución de las mentadas armas y que los redactores Moya Chacón y Guevara Muñoz, me imputan falsamente un hecho que yo no he cometido, afectando así mi buen nombre, para quebrantar mi honor. Esta información falsa y ofensiva es reiterada dolosamente en el editorial referido en el hecho anterior, quebrantando mi prestigio a nivel nacional.

Es claro que los aquí querellados han actuado de manera coordinada, de las acciones criminales desplegadas por Ulibarri Moya y Guevara, encajan perfectamente en los tipos penales de la calumnia por la prensa prevista por la ley de imprenta en su artículo sétimo y en el delito de difamación previsto por nuestro código penal. Es más, esto es la culminación de un proceso de 6 años de persecución y de mala fe en donde esta vez Ulibarri y sus periodistas Moya y Guevara se atreven a publicar falsedades, indilgándome hechos gravísimos de carácter delictivo que yo no he cometido. Aquí es claro que estamos en presencia de una organización criminal para difamar y para calumniar ..Es claro señores Jueces del Tribunal de Juicio de este Segundo Circuito Judicial que los aquí querellados han incurrido en gravísimos hechos delictivos en mi perjuicio. Para nadie es un secreto el poderío económico e informativo del diario La Nación.- Basta ver que cada una de esas páginas de anuncios le generan medio millón a este diario...Cuando un hecho delictivo como el que yo querello se produce en el Diario La Nación la repercución que tiene en este país por su poder de información es inconmesurable. No hay difamación que tenga más repercusión en este país que la que se hace desde las rotativas de Llorente de Tibás donde se imprime el diario La Nación.- Por esta razón es que yo considero que se han cometido estos delitos.-

Tercero.- Fui Ministro en el actual gobierno, del ocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, ocupando las carteras de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y Justicia y Gracia. Actualmente me dedico al ejercicio de mi profesión de abogado y a la docencia universitaria, actividades que me generan la totalidad de mis ingresos económicos.

Las ofensivas publicaciones señaladas en los hechos anteriores afectan gravemente mi honor, causándome enormes perjuicios de orden moral y patrimonial.

II.- Los actos del debate se llevaron a cabo en ambas audiencias de los días veintitrés al veintisiete de febrero del año en curso.

III.- En el presente asunto se han observado las formalidades de ley, dictándose la sentencia dentro del término, y;

Redacta el Juez Penal Rivero Sánchez, y

Considerando:

I.- Hechos Probados.-

De conformidad con la prueba recibida en el debate (documental consistente en ejemplar original de la portada y página 4A del diario La nación del viernes 19 de setiembre de 1997; ejemplar de la página 13-A, sección opinión, del diario La Nación del lunes 22 de setiembre de 1997; ejemplar de las páginas 6A y 14A del diario La Nación del miércoles 24 de setiembre de 1997; ejemplar de la página 14A del diario La nación del viernes 26 de setiembre de 1997; ejemplar de las páginas 4A y 5A del diario La Nación del domingo 31 de julio 1994; constancia de la Universidad Escuela Libre de Derecho del 6 de febrero de 1998; constancia del director de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública del 26 de enero de 1998; certificación de la Directora del Departamento Legal del Colegio de Abogados del 5 de enero de 1988; nota del 15 de octubre de 1997 remitida por el Lic. Juan Diego Castro a la Ministra de Seguridad Pública Msc.- Laura Chinchilla, con sello de recibido del despacho de la ministra; nota con fecha 8 de octubre de 1997, remitida la ministra Laura Chinchilla y suscrita por el Lic. Juan Diego Castro; Certificación del Director General de Armamento de fecha 24 de febrero de 1998, en la cual se certifican los oficios 1.139-97 DGA, 1.208-97 DGA y 1.210-97 DGA; Certificación del Lic.- Giovanni Morales Sánchez de fecha 29 de enero de 1998; certificación de la ministra Laura Chinchilla Miranda de fecha 20 de octubre de 1997, donde se certifican los oficios 286-97-U-S-I y 1.547-97 DGA; nota de la ministra Laura Chinchilla de 21 de octubre de 1997; oficio AGSP-A33-1242-97 de 10 de octubre de 1997; nota de la ministra Laura Chichilla de 9 de setiembre de 1997;B Oficio 1404-97 DGFP de 29 de agosto de 1997; certificación del registro público del 6 de octubre de 1997; copias de los documentos números 011640, 17530, 011639,1002-97-D.M., 18587, 013220 y copia nota de German Varela del 23 de setiembre de 1997; certificación del Lic. Fernando Guier Esquivel de 15 de diciembre de 1997 constante de 15 folios que son copias de diferentes publicaciones del diario La Nación; otra certificación del Lic. Fernando Guier Esquivel del fecha 15 de diciembre de 1997, constante de 22 folios que son copias diversas publicaciones del diario La Nación; copia de la página 6A del diario de la Nación del 21 de febrero de 1998; nota sin firmar del Lic. Juan Diego Castro del 12 de diciembre de 1997, legajo de copias con el título "Querella por Calumnias y Difamación ... Copia para Sr.- Juan -diego Castro"; Copia del resumen ejecutivo del informe N. 23\96, de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, constante de 25 folios y 5 anexos; escrito de querella a folios 1 al 9, copias del periódico La Nación a folios 10, 11 y 12; copias de los oficios 286-97-U-S-I a folios 13 Y 14, 1547-97 a folios 15 Y 16, AGSP-A33-1242-97 a folio 17, 1404-97 a folio 18, certificación a folio 19; ejemplar de la página 18 A del diario La

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