LN Suplementos La Nación Digital Patrocinador de La Nacion Digital
San José, Costa Rica. Jueves 27 de abril, 2000
Nacionales
Deportes
Viva
Internacionales
Opinion
Economia & Negocios
Suplementos
Especiales
English
Cartas

La Nacion Digital
Mapa del sitio

Si tiene alguna sugerencia o comentario, escriba a nuestros redactores.

Obituario

La Gaceta en breve

Diario Oficial La Gaceta

Sitios de Costa Rica

Servicios

Tiras cómicas

SuperSite

Teléfonos de Emergencia

Artículo de Opinión:


Fotografía

Errores legislativos

Cualquier propuesta debe estar en un todo acorde con la Constitución

Rodolfo Saborío V.


La declaratoria de inconstitucionalidad al trámite del proyecto de apertura de las telecomunicaciones, generación y venta de electricidad suscita serias preocupaciones.

Tal y como precisa la Sala Constitucional, en la tramitación de este proyecto se incurrió en infracción de los "principios de la prudencia, la reflexión, la amplia participación de la oposición y las minorías y en resumen, el principio democrático que debe estar presente en todas las actuaciones legislativas".

En un proyecto de tanta trascendencia, ¿cómo es posible que se conjuguen tantos desaciertos? Nadie duda de la inaplazable necesidad de introducir ajustes sustanciales en las materias que regula dicho proyecto; sin embargo, las observaciones del máximo contralor de constitucionalidad deben ser una llamada de atención sobre el funcionamiento del Parlamento, en este mismo asunto y en otras materias hacia el futuro.

Límites precisos. En primer lugar, es importante observar el papel que cumplen las normas procedimentales en la formación de la voluntad legislativa. Recientemente, con ocasión de la discusión de la validez de una disposición constitucional que fue reformada con violación de normas de procedimiento, no faltó quien sostuviera que los procedimientos legislativos son secundarios y que en última instancia la votación del plenario legislativo subsana cualquier defecto, incluso si lo que se ha violado es el texto expreso de la Constitución. Una vez más, debemos recalcar que esto no es así. Los procedimientos para la promulgación de las leyes, y con mucho mayor rigurosidad los de reforma constitucional, son un cauce que garantiza que los depositarios temporales de la facultad de legislar se encontrarán sometidos a límites muy precisos. Estos límites procedimentales los resume la Sala Constitucional bajo la expresión debido proceso legislativo, que no es otra cosa más que el respeto de elementales reglas de funcionamiento del parlamento en un estado democrático y social de derecho, que empieza por el respeto a la norma escrita y los principios derivados de ésta, el respeto por las minorías y la garantía de la transparencia y la publicidad en la formación de la voluntad legislativa.

Una de las principales causas de la inconstitucionalidad del trámite consistió en la fusión, en un solo cuerpo, de tres materias completamente diferenciables, con prescindencia de los textos originales. Este nuevo texto consistió en realidad en un nuevo proyecto y, como tal, no cumplió con los requisitos de presentación de iniciativas legislativas que ordena el Reglamento de la Asamblea. En este punto, la Sala Constitucional aclara hacia el futuro un tema capital que había sido excesivamente relativizado: en períodos de sesiones extraordinarias la iniciativa en la formación de las leyes corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Los legisladores no pueden introducir un texto sustitutivo a un proyecto de ley en este período, sino que están obligados a cumplir con los requisitos de presentación original que rigen para todos los proyectos de ley y esperar a que este nuevo proyecto sea convocado por el Poder Ejecutivo.

Este primer gran error tuvo como resultado un texto de difícil manejo para los distintos interlocutores, por su extensión y por la especialidad de cada una de las materias, lo que a su vez provocó serias deficiencias en la difusión de la iniciativa, a un punto tal que no se satisfizo el parámetro constitucional de publicidad que todo proyecto debe cumplir. Esta ausencia de discusión es considerada como una infracción sustancial al procedimiento legislativo, causante de la inconstitucionalidad del proyecto.

Infracciones sustanciales. A lo anterior se unen otras infracciones consideradas sustanciales por la Sala Constitucional, tales como la convocatoria a sesiones extraordinarias de un proyecto que todavía no existía, la inclusión de un capítulo nuevo al proyecto sobre una materia no relacionada directamente con la iniciativa y el irrespeto del plazo de dos días para que los dictámenes de las comisiones especiales sean conocidos por el Plenario.

Un lugar importante en las consideraciones de la resolución lo ocupa la constatación de violaciones importantes a los derechos de las minorías parlamentarias, consumadas mediante la conculcación del derecho de enmienda y la eliminación arbitraria de gran cantidad de mociones bajo el pretexto de que la referencia a los números de artículos no coincidía con la del nuevo texto sustitutivo. En este particular se excedieron las facultades de dirección del debate y se incurrió en un vicio de procedimiento causante de la inconstitucionalidad del proyecto.

No cabe duda de que la resolución que comentamos tiene incidencias directas sobre el futuro de la reforma del sector de energía y telecomunicaciones, siendo la más inmediata establecer en qué medida se afecta el proyecto reenviado a la Comisión Especial Mixta, si en última instancia sigue siendo el resultado de los vicios de procedimiento que comentamos. La solución que se presenta como aconsejable sería la presentación en sesiones ordinarias de nuevas iniciativas, cumpliendo con los trámites de presentación de proyectos que establece el Reglamento de la Asamblea, retornando a la separación original por materias. La fusión de proyectos ha sido la causante principal de la mayoría de los vicios señalados y no existen razones técnicas para continuar por esa vía.

Dudas pendientes. Quedan pendientes, sin embargo, gran cantidad de dudas sobre el fondo del Proyecto, dejadas sin respuesta por la Sala Constitucional. Las consultas previas de constitucionalidad, planteadas incluso por muchos de los diputados que votaron favorablemente el Proyecto, señalan temas muy delicados sobre la titularidad de los bienes públicos, la utilización de los esquemas de sociedad anónima mezclados con figuras de derecho público, el otorgamiento prácticamente gratuito e indefinido de las frecuencias de radio, el papel de la Contraloría General de la República y la exclusión de las leyes de presupuesto y contratación, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los numerosos entes que se crean, temas todos sobre los que la Sala especializada se reservó su opinión hasta tanto el Proyecto no se apruebe correctamente en primer debate. Quedan anunciadas sin embargo en el voto, mediante una nota separada, las objeciones de fondo que formula uno de los señores magistrados.

Ahora bien, el país no puede darse el lujo de esperar hasta ese momento para corregir los eventuales vicios de inconstitucionalidad por el fondo y las diferentes deficiencias técnicas señaladas por especialistas. Haría bien la Asamblea Legislativa en incorporar al proceso de preparación de la Ley a diferentes grupos de profesionales y conocedores del quehacer administrativo y técnico para que, cuando el proyecto regrese a la Sala Constitucional, no solo refleje los consensos viables y posibles sobre la materia, sino además una propuesta en un todo acorde con nuestra Carta Fundamental.



Mail a Webmaster Economicos Servicios Envie un fax Archivo Digital

Patrocinador de La Nacion Digital


© 2000. LA NACION S.A. El contenido de La Nación Digital no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.co.cr