MAYOR PROVEEDOR. El proyecto hidroeléctrico Platanar, ubicado en San Carlos, es el que más energía vendió al ICE el año anterior (93.951 megavatios) y por ello recibió ¢1.842 millones.

ICE obligado a comprar energía a deshoras

Energía privada cuesta cara

El país le está apostando a la generación privada para satisfacer un máximo del 30 por ciento de la capacidad eléctrica nacional, pero esas compras costaron, el año pasado, 3,4 veces más caras que el costo de producción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Mientras que el año anterior el ICE produjo con sus plantas a un promedio de ¢5,45 cada kilovatio hora, el precio promedio de compra a los generadores privados fue de ¢18,77.

Especial: Diagnóstico del ICE

Así, los privados generaron, el año anterior, el 12 por ciento de la energía que consumieron los costarricenses, pero representaron el 30 por ciento de los costos de generación del ICE (¢14.320 millones).

La situación se complica porque el ICE compra caro a los privados para vender barato a las distribuidoras, entre otras causas por el rezago tarifario que afecta a la institución.

Segunda entrega: Limitada expansión en energía

El año anterior, por ejemplo, el ICE vendió la energía a un precio promedio de ¢12,37, un 34 por ciento más barato que el precio de compra a los privados. En esa intermediación, la institución perdió ¢4.884 millones.

Esos datos no contemplan el gasto en el que incurre el ICE al transportar la energía desde las plantas de generación de las compañías privadas hasta las subestaciones.

Las proyecciones para este año estiman que esa brecha entre los precios de compra y venta será aún mayor.

Esos onerosos resultados se deben a que el ICE está obligado a comprarles, a 19 de las 29 empresas cogeneradoras, la totalidad de la energía -dentro de la potencia contratada- que produzcan durante las 24 horas del día. A esa obligación se amarró desde 1990, cuando suscribió los primeros contratos al amparo de la Ley 7200.

Vertimiento

Las obligaciones contractuales hicieron que, entre diciembre del año anterior y los dos primeros meses de este año, la planta hidroeléctrica Arenal desechara una cantidad de agua equivalente a la producción de 77.600 megavatios mientras pagaba a los privados ¢1.416 millones por la misma cantidad de energía. Los datos que originaron esos cálculos fueron suministrados por el Centro Nacional de Control de Energía, entidad que también confirmó que Arenal no estuvo operando a su máxima potencia durante ese período; es decir, tenía parte de su capacidad ociosa.

El derrame en Arenal, de acuerdo con los ingenieros del Centro, tiene que ver con la gran cantidad de lluvia que se precipitó durante la época de invierno y que llenó el embalse en forma inusual. En verano, la situación es un poco más ventajosa para el ICE, si se compara el precio pagado a los privados y lo que costaría generar la energía que producen con plantas térmicas.

Entre enero y agosto, según los registros del ICE, esa institución pagó a las empresas cogeneradoras un promedio ponderado de ¢22 por cada kilovatio hora, mientras que el costo de esa unidad, producida en plantas térmicas, fue en promedio de ¢32 en 1998 (en 1999 casi no se generó con esa tecnología).

Costos más altos también se pagarán a la planta geotérmica Miravalles III -inaugurada la semana anterior-, ubicada en Guanacaste y contratada según el sistema BOT (Construir, Operar y Transferir) con la empresa Geoenergía de Guanacaste al amparo de una modificación de la ley 7.200. Según estimaciones del ICE, el costo promedio de cada kilovatio hora de esa planta será de aproximadamente ¢19, mientras que al ICE le hubiera costado producirla cerca de ¢15.

Negocio amarrado

El presidente del ICE, Rafael Sequeira, admite que es muy alto el precio que se paga por la energía privada, pero aclara que mientras estén vigentes los contratos suscritos con las empresas no hay otra opción. "En aquel momento, cuando se suscribieron, había una necesidad urgente de generación y nadie previó que los costos se elevarían tanto".

Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), insiste en que la garantía de compra durante las 24 horas es la única forma que tienen los cogeneradores para hacer frente a las obligaciones financieras que asumieron para construir sus plantas, que entre todas requirieron de una inversión cercana a los $400 millones (unos ¢123.606 millones) de acuerdo con estimaciones de la Asociación.

Alvarado dijo no tener datos sobre los costos de producción de las empresas privadas ni de sus utilidades. Agregó que el beneficio para el país de las plantas privadas es significativo, pues todas generan con recursos renovables y eso evita el alto impacto ambiental que provocan otras fuentes de energía como la térmica.

Contratos suscritos con empresas generadoras privadas a partir de 1995 y otros renovados desde diciembre de 1998, han elevado a 10 las empresas generadoras que tienen cláusulas de reserva nocturna, es decir, que no venden energía al ICE entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana, horas en que el consumo nacional es menor.

También se han dado negociaciones para que las empresas a las que aún no se les vence el contrato incluyan esas restricciones, pero todas se han negado a aplicarlas.

Tarifas distorsionadas

Los costos de la energía privada no son iguales para todas las empresas. Un 89 por ciento de las compañías operan con una tarifa de ¢21,63 por kilovatio-hora, mientras que el 11 por ciento restante recibe en promedio ¢16,37.

Esto se debe a que los primeros contratos se les aplicó una tarifa indexada que se aumenta cada año según una fórmula automática, mientras que a los demás se les calcula, anualmente, de acuerdo con el costo marginal a largo plazo que tendrá el ICE para producir energía, que incluye los costos de inversión, operación y mantenimiento de las plantas futuras.

Así, los primeros han visto crecer sus tarifas en un 16,18 por ciento anual desde que empezaron a operar, mientras que los otros han recibido aumentos cercanos al 5,27 por ciento anual.

Precisamente las empresas que más dinero recibieron el año pasado por venta de energía tienen tarifa indexada.

El 21 de diciembre anterior, ante una consulta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Procuraduría General de la República dispuso que las tarifas deben uniformarse, según la categoría de los generadores. Por ello, en los próximos días la Aresep realizará una audiencia para definir un solo precio para todos. El regulador general, Leonel Fonseca, aclaró que lo que allí se decida no afectará los contratos vigentes, pues no se pueden modificar antes de su vencimiento.

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