DESARROLLO PENDIENTE. Los miembros de la comisión del ICE coinciden en que el desarrollo de grandes proyectos eléctricos en la institución depende de que no se limiten sus inversiones. En la foto, el interior de la planta hidroeléctrica Toro, ubicada en Alajuela.

Comisión mixta del ICE

Barajan reformas parciales

Quinta de cinco entregas. La eliminación de amarras financieras al ICE y la posible ruptura del monopolio en el servicio de Internet son dos de las posibles reformas que cuentan con mejor ambiente en el seno de la comisión especial mixta del ICE.

La misión de ese órgano está en pañales: durante las primeras ocho semanas calmaron los ánimos, redujeron la desconfianza y definieron su ruta de trabajo. En medio de ese proceso, han recibido unas 10 comparecencias y tienen pendientes 12, pero la palabra reforma todavía no es parte de sus discusiones de fondo.

Sin embargo, algunos miembros de la comisión consultados por este diario albergan su propio pronóstico sobre el resultado futuro de esa labor, que pretende sistematizar alternativas para reformar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a los sectores de energía y telecomunicaciones.

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El ICE y el país

Editorial Pág. 13-A

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Y aunque esas proyecciones se formulan sin que haya empezado el período de discusiones, la mayoría coincide en que lo más probable es que al final se aprueben o recomienden reformas parciales y sobre asuntos específicos. La razón: si ha sido difícil sentar a conversar a 18 personas con posiciones contrapuestas, más complejo sería integrar, contra el tiempo, todas las soluciones necesarias en un solo proyecto.

El plazo de la comisión finalizará el 25 de setiembre próximo y todavía no está claro si se solicitará una prórroga para continuar con el trabajo, según lo confirmó el presidente del órgano, el diputado socialcristiano Eliseo Vargas.

18 en uno

Cada representación tiene también prioridades distintas. Mientras que la agenda del llamado sector social ubica en primer lugar la eliminación de limitaciones financieras y políticas al ICE, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apuntan hacia la apertura de servicios de valor agregado en telecomunicaciones, como Internet.

Los liberacionistas impulsan la aprobación de un impuesto a los cogeneradores privados.

Todos coinciden en que es necesario fortalecer al ICE y eliminarle ciertas amarras, pero existen serias discrepancias sobre cómo hacerlo y si ese cambio debe acompañarse con la apertura de los mercados.

La Comisión Especial Mixta se creó el 4 de abril anterior, luego de una huelga de dos semanas contra la aprobación en primer debate –el 20 de marzo pasado– de un proyecto de ley que reformaba al ICE y rompía los monopolios en energía y telecomunicaciones.

El grupo está compuesto por cuatro diputados socialcristianos, tres del Partido Liberación Nacional (PLN) y dos minoritarios. También participa un delegado del gobierno, uno de la empresa privada y siete de los llamados sectores sociales (sindicatos, estudiante, ecologista y pastoral social). A la comisión se le concedió un plazo de 150 días para que entregue un documento que resuma las propuestas acordadas.

El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso señaló, en mayo anterior, que existen vicios de nulidad desde la creación de la comisión que recomendó subsanar. El plazo es uno de ellos, pues la moción que creó ese órgano no aclara si los 150 días son hábiles o naturales.

En el Congreso también está pendiente una decisión sobre el destino del proyecto de ley conocido como "combo", pues luego de ser rechazado por la Sala Constitucional podría archivarse o enviarse a una comisión para que se dictamine de nuevo. Esa iniciativa pretendía abrir y regular los mercados de energía y telecomunicaciones y crear dos sociedades anónimas para que operaran los servicios del ICE, entre otras disposiciones. (Vea recuadro aparte).

Modelos distintos

Las tensas relaciones que provocaban choques entre los miembros de la comisión se han apaciguado, pero en el plano conceptual las posiciones siguen siendo antagónicas, aunque con cierto grado de resignación.

Los diputados socialcristianos, de acuerdo con Eliseo Vargas, siguen impulsando una reforma integral, que comprenda la modernización del ICE y al mismo tiempo la regulación de los sectores de energía y telecomunicaciones. "Me inclino por considerar una acción simultánea y no parches parciales".

La legisladora oficialista Vanessa Castro también cree en un modelo mixto, que implique reformas al ICE pero con la apertura, sobre todo, de los servicios de valor agregado en telecomunicaciones. Y aunque asegura que no va a renunciar a su objetivo, adelanta que para este período es difícil que se cumpla. "Se van a hacer cambios obligados por la presión misma, pero no va a salir una reforma integral, sino desgranada".

En el otro extremo, el sector social se mantiene firme en que el único punto en agenda debe ser el fortalecimiento del ICE. Fabio Chaves, sindicalista de esta institución, propone que se eliminen las limitaciones financieras y administrativas que entraban la institución, que se despoliticen los nombramientos de su junta directiva y que imperen los criterios técnicos en su manejo. "Si después de un plazo determinado se hace una evaluación y se comprueba que, sin esas amarras, el ICE no dio buenos resultados, nos sentamos a hablar y buscamos otro modelo, incluso la apertura".

Una posición similar mantienen los liberacionistas. El diputado Guido Alberto Monge asegura que "la prioridad es el fortalecimiento de la institución y diseñar un buen marco regulatorio, después, podemos valorar en cuáles áreas no estratégicas para el desarrollo se puede dar apertura, como en Internet".

Incluso Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, que impulsa la ruptura total de los monopolios, considera que esa condición puede esperar, si es necesario, pero no los cambios en el ICE. "Estoy de acuerdo en que se apruebe una ley para quitar las amarras financieras y darle mayor autonomía; si eso hay que hacerlo mañana yo lo apruebo, pero no las que tienen que ver con contratación y supervisión de la Contraloría General de la República".

Para Eugenio Pignataro, representante del sector privado, y Ronulfo Jiménez, delegado del Gobierno, el asunto no es tan fácil como eliminar las trabas financieras del ICE. Consideran que esa medida desfinanciaría al sector público y obligaría a buscar otras soluciones como el incremento de impuestos, el alza en las tasas de interés o el crecimiento de la deuda interna o externa, entre otras.

Pignataro aclaró que si se encuentra una alternativa para resolver los problemas fiscales del sector público, estaría de acuerdo en eliminar esas limitaciones financieras.

Una investigación de este diario demostró que al ICE se le limita la inversión y el endeudamiento, se le exigen resultados anuales positivos a costa de no mejorar sus servicios y se le obliga a invertir parte de sus excedentes en títulos del sector público. Por ello, ha desmejorado la calidad de algunos de sus servicios y está en riesgo el abastecimiento de energía para el año 2007.

Temas en agenda

Ante la pregunta ¿cuál de las posibles reformas impulsaría primero?, la mayoría de los miembros de la comisión coincidió en que es necesario sacar al ICE de las instituciones reguladas por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, despacho que define e impone límites de inversión y de gasto.

Tanto el sector social como la fracción liberacionista y los dos diputados minoritarios (Guevara y José Merino, de Fuerza Democrática), sostienen que ese cambio es una obligación urgente y que nocondicion la apertura.

Los diputados socialcristianos, en cambio, creen que el ICE es una empresa clave en la prestación de los servicios de energía y telecomunicaciones, pero que no puede vérsele como el único actor. Por eso, si bien coinciden en eliminar las amarras financieras a la institución –que el proyecto anterior lo hacía–, aseguran que aunque se le deje al ICE invertir su dinero, no le alcanzaría para financiar las fuertes inversiones que requiere el país para los próximos años.

La segunda reforma mencionada por más miembros tiene que ver con la despolitización de la junta directiva del ICE y crear una garantía de que el manejo de la institución estará a cargo de técnicos, no de políticos.

También mencionaron las trabas en materia de contratación administrativa, que atrasan hasta por cinco años las licitaciones públicas de la institución. En este punto la tendencia no es eliminar los controles, sino más bien flexibilizarlos.

El sector de telecomunicaciones y los vacíos legales que imperan en esa actividad es vista con preocupación por la mayoría de los integrantes de la comisión. Existen servicios sin regular –todos los de tipo alámbrico– y las leyes existentes son confusas u omisas. Precisamente la regulación de ese sector es uno de los aspectos que, junto con las reformas al ICE, tienen mayores probabilidades de acuerdo en la comisión.

Entre ellas, la apertura de Internet ocupa un lugar prioritario. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 1999 existían 150.000 usuarios de ese servicio en el país, aunque la Radiográfica Costarricense (RACSA) –único operador de ese servicio– calcula ese grupo en 350.000.

Y más recientemente, el debate legislativo también se ha centrado en aprobar cambios a la ley que autoriza la cogeneración eléctrica privada y la venta de energía al ICE. Los liberacionistas son los principales abanderados de la propuesta y pretenden reducir o eliminar el aporte de este sector a la producción nacional de energía. También existen iniciativas para gravar sus ingresos.

Si hay un tema que promete quedarse de último en la agenda de la comisión es la definición de la naturaleza jurídica del ICE, pues ese fue precisamente uno de los más cuestionados en el llamado "combo", que convertía a la institución en sociedades anónimas del Estado.

Algunas de las opciones que se han barajado entre los miembros son convertir al ICE en una empresa comercial del Estado (al igual que los bancos) o transformarla en sociedad anónima pero repartiendo a cada costarricense una acción de la empresa. No obstante, todavía no están claras las implicaciones jurídicas de hacer esos cambios. Actualmente, el ICE es una institución autónoma del Estado.

Para esta serie se contó con la colaboración del Centro de Información y Documentación de La Nación.

El proyecto de Ley para el mejoramiento de servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones, conocido como el "combo del ICE" fue aprobado en primer debate en el Congreso el 20 de marzo anterior y luego retirado de la discusión legislativa por errores señalados por la Sala Constitucional y una fuerte presión popular. El proyecto establecía, entre otros, los siguientes cambios:

* El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) continuaba como institución autónoma del Estado, pero los servicios de energía y telecomunicaciones iban a ser prestados por dos sociedades anónimas de su propiedad (ICELEC e ICETEL).

* El ICE traspasaba, a título gratuito al Ministerio de Hacienda ¢80.000 millones para contribuir al pago de la deuda interna.

* La totalidad de los gastos del ICE serían financiados por sus empresas, según el presupuesto bruto de cada una.

* Las decisiones sobre inversiones, participación en empresas y endeudamiento deberían ser tomadas por mayoría calificada del total de los miembros de la Junta Directiva.

* Creaba la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones (ARETEL) como una institución autónoma encargada de regular las telecomunicaciones en el país.

* También se creaba un Consejo de Telecomunicaciones, integrado por cinco miembros del Consejo de Gobierno.

* Se establecía un cronograma de apertura en el sector de telecomunicaciones que empezaba por los servicios agregados y terminaba con la telefonía fija.

* Se creaba el Centro Nacional de Planificación y Operación de Electricidad (CENPO) como regulador del sector eléctrico.

* En la prestación de los servicios de electricidad podía participar cualquier persona física o jurídica que tuviera las concesiones respectivas.

* Se creaba un fondo de solidaridad destinado al subsidio de los clientes residenciales con consumos menores de hasta 200 kilovatios-hora al mes.