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Buenas noticias

Los estados ante la Corte Penal Internacional

Nicolás Boeglin N. (*)


El pasado 9 de junio, Francia ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) adoptado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, que concluyó en Roma el 17 de julio de 1998. Así se unió a los 12 estados de la ONU que habían ratificado este importante instrumento, cuyo fin es establecer un mecanismo permanente para juzgar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra; sin embargo, se necesitan 60 ratificaciones para su entrada en vigor.

Los 12 estados que habían ratificado este texto antes de Francia eran: Islandia, Italia, Noruega, San Marino, Ghana, Senegal, Islas Fidji, Tadjikistán, Belice, Trinidad y Tobago y Venezuela. Después de Francia lo ratificaron Bélgica (28 de junio) y Canadá (7 de julio). Al cumplirse el pasado 17 de julio dos años de la memorable conferencia internacional, este listado de países dista mucho de las esperanzas de algunas ONG e instituciones de derechos humanos de ver este instrumento rápidamente ratificado, y evidencia la reserva de los Estados que asistieron a la Conferencia de Roma en julio de 1998, en particular la de las grandes potencias; en efecto, la lista actual incluye una mayoría de estados pequeños, con influencia política limitada, e incluso algunos de los microestados: Islandia, San Marino, Islas Fidji. La mayoría de estados (calificada de "abrumadora" por algunos expertos) que firmaron el texto dos años antes en Roma (con el notable voto en contra de China, Estados Unidos, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen) parece haber caído en una inercia generalizada.

Empuje a proceso. La ratificación francesa, seguida por la de Bélgica y Canadá, de cierto modo reactiva el proceso de entrada en vigor de este instrumento en defensa de los derechos humanos; a diferencia de las ratificaciones anteriores, se trata de la de un Estado con cierta influencia política y económica en el mundo contemporáneo (en particular en África y en otras latitudes). Lo mismo se puede decir de un país como Canadá. En el ámbito propio de la ONU, Francia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con lo cual, se convierte en el primer miembro permanente de ese Consejo en formalizar su apoyo a la CPI. Finalmente es oportuno indicar que la escuela francesa del derecho internacional apoyó tempranamente (en las décadas del 20 y del 30) la idea de una corte penal internacional, mucho antes del inicio de las discusiones en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 1947, cuando se aprobó la preparación de un Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, primer eslabón del edificio que concluyó en 1998. Pese al apoyo de Francia desde aquella época, curiosamente, la posición oficial francesa cambió en los últimos años del proceso de negociación previo a 1998, mostrándose sumamente reservada en validar en forma permanente y con un mandato general la experiencia de los tribunales ad hoc creados por la ONU para la antigua Yugoslavia (1993) y para Rwanda (1994).

Reconciliación. Esta ratificación viene, de cierto modo, a reconciliar la posición oficial con la de toda una generación de juristas franceses (la escuela de Donnedieu de Vabres, Vespatien Pella, incluyendo al mismo Nicolas Politis) que apoyaron y ayudaron a moldear la idea de una Corte permanente encargada de juzgar los crímenes contra la humanidad, y cuyos discípulos no podían entender que Francia mantuviera una posición tan ambigua en los años previos a la adopción del Estatuto de la CPI.

Notemos además que esta ratificación se produjo 20 días antes de que Francia asumiera la Presidencia de la Unión Europea (el 1° de julio), lo cual reforzará su liderazgo en esa organización, y el de esta en las distintas campañas en pro de la ratificación del Estatuto de Roma que se llevan actualmente a los distintos continentes.

En el caso específico de Latinoamérica, es de esperar que un país con una trayectoria mundial en derechos humanos como Costa Rica formalice también su apoyo (ojalá pronto) al Estatuto de Roma.

(*) Doctor en Derecho



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