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San José, Costa Rica. Martes 29 de agosto, 2000
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¿Para qué, para quiénes y cómo?

Debemos repensar el Estado y preguntarnos hacia dónde nos dirigimos

Rodolfo Saborío V.


Hemos iniciado un nuevo siglo sin una reflexión seria y profunda sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Esto es parcialmente atribuible al agotamiento de la clase política que desde hace ya mucho tiempo dejó de producir ideas. Pero la historia no se detiene, y no podemos aguardar hasta el advenimiento de la reforma política, para generar los espacios de discusión que propicien un replanteamiento del papel del Estado costarricense.

Podemos afirmar que el Estado actual se ha ido construyendo en los últimos 50 años sobre la suma de una serie de intereses inconexos y en muchos casos contradictorios. Cada grupo de interés ha tratado de apropiarse de la mayor parte del botín posible, sin ninguna consideración con el resto de la sociedad. Así tenemos que cada sector empresarial o corporativo ha tratado de hacer valer sus intereses en el momento en que se ha presentado la ocasión y el Congreso no ha hecho más que congraciarse en cada oportunidad con los grupos de presión que han tocado sus puertas. Se ha perdido por completo la visión de conjunto y hemos llegado al punto en donde no se sabe con certeza que es lo que se espera de nuestra organización estatal.

Distribuidor de privilegios. De la consideración del Estado como una estructura al servicio de toda la sociedad, hemos pasado al Estado distribuidor de privilegios y responsable de la solución de los problemas de cualquier grupo que esté en capacidad de ejercer presión.

Así tenemos que se asume como normal la transferencia de recursos a sectores privados que han fracasado en sus iniciativas individuales al tiempo que se desatienden las crecientes demandas en los servicios de educación, salud y seguridad pública. En síntesis, el Estado se ocupa de problemas que no le corresponden y no asume siquiera en un nivel mínimo aceptable la prestación de los servicios básicos que todos esperamos de él.

Si queremos contribuir a forjar una sociedad más justa y solidaria en donde se brinden oportunidades de superación a todas las personas, en donde la iniciativa individual sea estimulada y se favorezca el crecimiento material y humano, no podemos seguir manteniéndonos aferrados a una organización estatal clientelista y fragmentaria en donde se pierde de vista el horizonte común que como sociedad nos corresponde.

En condiciones de recursos limitados debemos replantearnos entonces para qué queremos el Estado, a quiénes queremos beneficiar con la acción estatal y cómo vamos a lograr que esas prestaciones precisas lleguen a quienes deben llegar en forma efectiva.

No podemos seguir pretendiendo que el Estado intervenga en actividades que no estén directamente relacionadas con la promoción del bien común y la reducción de las condiciones que propician la pobreza y las desigualdades. Exceder estos linderos conduce a la dispersión de esfuerzos y a resultados muy limitados. Debemos identificar entonces las actividades específicas en donde el Estado será un proveedor directo de servicios y concentrar los esfuerzos en que esos servicios se brinden en condiciones de calidad y acceso óptimos.

Brecha creciente. No cabe duda que los servicios públicos de educación y salud son sumamente deficientes, al punto que se constituyen en una brecha que separa a los costarricenses cada vez más. Este debe convertirse en el núcleo duro de la prestación directa de servicios por parte del Estado, de modo que se brinde a todos los ciudadanos iguales oportunidades de superación. En el resto de actividades el Estado debe jugar un papel regulador de modo que se corrijan las eventuales distorsiones que todo mercado produce si se deja sin control.

No existe ninguna razón para que el Estado intervenga en actividades que pueden realizarse en condiciones de competencia, de la misma manera que no las hay para retirar al Estado de la prestación de servicios que solamente pueden darse en condiciones de monopolio.

Debemos entonces aspirar a un Estado que intervenga directamente en favor de los menos favorecidos y que propicie la generación de riqueza y el crecimiento personal, mediante la eliminación de todas las trabas y distorsiones que entorpecen la iniciativa individual. Para eso se requiere una profunda reforma administrativa, sobre la que nos referiremos en nuestro siguiente comentario.



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