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Guardián de la Constitución

Garantía última del ciudadano ante la arbitrariedad y la improvisación

Rodolfo Saborío V.


El artículo 10 de la Carta Fundamental le atribuye expresamente a la Sala Constitucional la misión de velar por que las reformas a su contenido se efectúen con respeto de los procedimientos establecidos para tales efectos.

Esto significa que, previamente a la aprobación de toda reforma parcial a la Carta Magna, debe consultarse obligatoriamente a dicha sala especializada si se ha cumplido al pie de la letra con los requisitos de contenido obligatorio para su tramitación.

La existencia de estos requisitos calificados resulta de especial importancia ya que en un sistema jurídico como el nuestro, la Constitución es el centro del cual dimanan las reglas básicas de la coexistencia social, los derechos fundamentales de los individuos y la forma de organización política. La Constitución resume el conjunto de reglas básicas sobre las cuales se teje el consenso necesario para vivir en colectividad, motivo por el cual no puede ser modificada si no es con estricto apego a los procedimientos diseñados para ajustar su contenido a los cambios en las necesidades sociales.

El procedimiento calificado de reforma constitucional es, si se quiere, la garantía última del ciudadano ante la arbitrariedad y la improvisación ya que es un freno a los cambios antojadizos de sus reglas elementales de convivencia.

Trámite expreso. Por esto, una reforma parcial a la Constitución debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de diputados, en dos legislaturas diferentes y siguiendo una tramitación expresamente desarrollada por el artículo 195 de ese texto.

No es procedente afirmar que alguno de estos requisitos sea secundario ya que, desde el momento en que afirmemos que los legisladores disponen de discrecionalidad en el respeto de estas reglas, falla el concepto mismo de procedimiento calificado.

Dentro de estos requisitos procedimentales de contenido obligatorio se encuentra el cumplimiento de un plazo estricto para que las comisiones especiales que se designan para discutir una propuesta de reforma parcial, rindan su informe.

Por la misma razón que no podemos aceptar que una reforma sea aprobada por una votación inferior a los dos tercios de los diputados, o en una sola legislatura, resulta improcedente plantear que el plazo para rendir el dictamen no es vinculante. Esto nos llevaría a tener que aceptar que no existe plazo alguno para que la Comisión dictaminadora se manifieste, lo cual llevaría de inmediato a introducir un criterio de relatividad en todo el procedimiento, abiertamente dañino de la garantía que el sistema de reforma da a los ciudadanos. La calificación de un sistema como rígido no se hace con fines académicos, tiene una repercusión sustancial de primer orden. La existencia de un régimen calificado de reforma es, en última instancia, como venimos exponiendo, una garantía del ciudadano, y el guardián de esta garantía es por mandato directo de la Constitución, la sala especializada que con esa finalidad se crea mediante el artículo 10 de ese mismo texto fundamental.

Violación del plazo. Sobre el papel del plazo para rendir informes, y en cumplimiento de la encomienda que le hace la Constitución para resguardar el procedimiento de reforma, ese alto tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse expresamente mediante sentencia 6674-93 de 17 de diciembre de 1993, en donde, entre otras cosas expreso: "En cuanto al término en sí, debe recordarse que siempre se ha reconocido que es fatal e improrrogable, e inclusive la reforma que en 1977 se hizo a dicho inciso, mediante la Ley N°6053, ampliando el plazo de ocho a veinte días, obedeció precisamente a que, en un tiempo que se ha considerado impostergable y de estricta observancia, la Comisión se veía en la necesidad de estudiar de manera muy superficial el proyecto de reforma, sin poder realizar las consultas que considerara necesarias, entre otras razones. Asimismo, se reiteró la rigidez del término en el trámite de la reforma, al rechazarse una moción que pretendía facultar a la Asamblea para prorrogar el plazo, que no obtuvo apoyo, por considerarse que en un asunto de la trascendencia de una reforma constitucional, el término debía ser improrrogable". Estas consideraciones llevaron al archivo de una reforma, ya aprobada en primer debate, pero con violación del plazo indicado.

Lo anterior evidencia el carácter obligatorio que tiene el plazo que comentamos, ya que en materia de reforma constitucional, ninguno de los requisitos establecidos por la propia Carta Fundamental puede relativizarse ya que en el momento en que lo hagamos se debilitan las garantías de los ciudadanos.

Al ejercer el control sobre la regularidad del procedimiento de reforma constitucional, la sala especializada en ninguna medida está afectando el contenido de la Constitución. Al rechazarse una reforma mal tramitada, se está protegiendo el verdadero contenido de la Carta Fundamental ante un ataque ilegítimo. Prevalece en última instancia el texto legítimo aprobado sea por la Constituyente o por los legisladores que sí respetaron los procedimientos vinculantes. Es de esta manera como ante los intentos por modificar el texto fundamental con desconocimiento del procedimiento calificado, la Sala Constitucional opera como un verdadero guardián de la Constitución.



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