BENEFICIADOS. Según la Contraloría, los proyectos Don Pedro y Volcán se beneficiaron de un cambio en el ajuste de sus tarifas por venta de energía.

Informe de la Contraloría General

Impugnan tarifas de generadores

Un informe de la Contraloría General de la República determinó que las cláusulas de fijación de tarifas de 15 contratos de generación privada de energía carecen de sustento legal.

El documento, que no cuestiona directamente a las empresas generadoras, concluye que la definición de esas tarifas y sus ajustes procuraron garantizar a los empresarios la rentabilidad de sus proyectos y no el mayor beneficio económico para el país y para los consumidores, como lo exige la ley que autorizó la cogeneración eléctrica, promulgada en 1990.

El análisis, con fecha de anteayer, fue preparado por el Departamento de Empresas Públicas de la Contraloría.

Ya fue enviado al Ministerio Público para que "conozca las actuaciones" del antiguo Servicio Nacional de Electricidad (SNE) y de la actual Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que aprobó los contratos con tarifa fija indexada (que se modifica con una fórmula automática) y sus reajustes.

Carlos Arias, fiscal general de la República, confirmó ayer que recibió el documento y que lo envió al fiscal Manuel Rojas, de la unidad de delitos económicos, para que investigue si hay delito.

Aresep refutar

Las conclusiones del informe y el traslado de ese documento a la Fiscalía fueron cuestionadas ayer por el regulador general, Leonel Fonseca, quien adelantó que los abogados y técnicos de la Aresep analizarán y refutarán los cuestionamientos.

"Es muy fácil ser entrenador de los lunes; pero con toda esta satanización de la generación privada no se toma en cuenta que cuando esa actividad se inició el país estaba urgido de producción eléctrica. Estamos seguros de que hemos actuado apegados a derecho y a los intereses nacionales".

La Contraloría aclara que no está facultada para anular los contratos porque ya pasaron los cuatro años que la ley otorga para realizar esa gestión.

Sin embargo, solicitó al consejo directivo del ICE que ordene a la administración iniciar, en la vía contencioso administrativa, un juicio de lesividad.

Esto, "con el fin de que se declare la nulidad e inaplicabilidad futura de los contratos con tarifa fija ajustable que a la fecha haya suscrito el ICE con generadores privados para la compraventa de energía eléctrica".

Pablo Cob, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de

Electricidad (ICE), argumentó que aún no conoce el documento, pero que tanto el análisis como la recomendación del ente contralor serán estudiados con prioridad en la sesión de junta directiva del

ICE del próximo martes.

Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), alega que todos los aspectos que se están analizando ahora, se consideraron legales y reglamentarios en su momento.

"Si esas eran las reglas del juego, bajo esas reglas se participó; todo fue aprobado por la autoridad reguladora. Lo adecuado es dejar que concluyan los contratos, con su plazo establecido, y que después se empiece a trabajar con las reglas que se definan".

Tarifas sin sustento

De acuerdo con la Contraloría, 15 de los contratos con tarifa fija o indexada suscritos por el ICE con igual número de compañías "son contrarios a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela".

El ente contralor argumenta que esas tarifas no están sustentadas en el principio de lograr el mayor beneficio económico, tanto para el país como para los consumidores finales.

"Esas condiciones supuestamente eran estímulos para que inversionistas privados ingresaran al negocio de la generación, al garantizarles así una rentabilidad constante durante la vigencia del contrato, pero carecen de sustento legal, puesto que las tarifas deben ser fijadas con base en los criterios definidos por el respectivo ordenamiento jurídico", sostiene el informe.

Los cuestionamientos tienen que ver con la forma en que se incrementan las tarifas de esas 15 empresas generadoras, que suscribieron contratos en los que se definió -en ese momento- el costo futuro del ICE para producir energía, conocido como costo marginal a largo plazo.

A partir de la firma del contrato, aunque los proyectos estuvieran todavía en construcción, se aplicaron diferentes fórmulas (10) para ajustar automáticamente ese costo marginal e incrementar las tarifas.

Las fórmulas contemplan la variación del tipo de cambio del colón con respecto al dólar y las variaciones del índice de precios local y externo (se utiliza el de Estados Unidos).

No obstante, la proporción de esas variaciones no ha sido la misma en todas las fórmulas que se han empleado.

Privilegiadas

De acuerdo con la Contraloría, las empresas hidroeléctricas Don Pedro y Río Volcán, en San Miguel de Sarapiquí, suscribieron sus contratos en octubre de 1994 con una fórmula de ajuste tarifario diferente a la que regía en ese momento y a la que se le aplicaba a los demás generadores.

La fórmula de ajuste que originalmente reconocía el 46 por ciento de la variación internacional de precios y el 54 por ciento de la variación local se varió, por solicitud de esas dos empresas, a un 85 y 15 por ciento, respectivamente.

El informe afirma que esta variación no tiene sustento legal puesto que, en lugar de responder a la estructura de costos del ICE, reflejaba las necesidades financieras de los privados.

Otras tres empresas también se plegaron a ese nuevo cálculo hasta que se varió la fórmula en 1995.

La iniciativa de ese cuestionado cambio, según el estudio, la tomó el ICE y así se lo explicó al entonces SNE, ahora Aresep: "Hemos acordado estos cambios con los interesados, debido a que manifiestan los financistas que la fórmula actual no garantiza los ingresos en moneda exterior para hacer frente al servicio de deuda y que el cambio mejora mucho ese aspecto". El SNE lo aceptó.

José Benavides, representante de los proyectos Don Pedro y Volcán, negó que las modificaciones se hicieran para favorecer a las compañías que administra. "Ese no fue un ajuste ligado a compromisos financieros sino más bien a la realidad".