
HONOR. El mandatario de Colombia, Andrés Pastrana, condecora a uno de los altos oficiales colombianos, durante una ceremonia para reconocer su labor, que se realizó en Bogotá.
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Pastrana promete dureza
Mandatario tras leyes más firmes contra terrorismo
AFP.
El presidente Andrés Pastrana prometió ayer medidas más duras para combatir las "masacres, el secuestro y el terrorismo", los grandes males que aquejan a Colombia.
"Voy a proponer medidas drásticas que permitan convertir las buenas intenciones en medidas contundentes. Vamos a cambiar la legislación que propicie al delincuente en legislación que lo condene", dijo ayer Pastrana en un discurso en una ceremonia militar.
Previamente, el negociador de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, Luis Guillermo Giraldo, había señalado que el país "debe prepararse para escoger la mejor alternativa" ante la decisión de los rebeldes de mantener 'congelado' el diálogo, a pesar de la inminente prórroga de la 'zona de distensión' del sur del país.
"Se ha dicho que la zona puede y debe prorrogarse, (pero) el país y el Gobierno deben estar preparados para escoger la mejor alternativa, si, a pesar de esa muestra de buena voluntad, las FARC mantienen el 'congelamiento' (del proceso de reconciliación)", dijo el negociador a los periodistas.
Mayor efectividad
En su discurso Pastrana aseguró que va a proponer una "alianza estratégica entre el Ejecutivo y la Fiscalía", que permita perseguir a los criminales con mayor efectividad.
La idea es evitar que los delincuentes salgan fácilmente de las cárceles y desarticular las redes criminales basadas en los plagios extorsivos.
En las últimas semanas, miembros de alto perfil de la sociedad colombiana han sido golpeados por el secuestro, lo que confirma que este delito no respeta jerarquías.
El lunes el exministro de Desarrollo Económico Fernando Araújo Perdomo fue secuestrado en el balneario caribeño de Cartagena cuando trotaba en un sector turístico de la ciudad. La semana pasada fue plagiada la hija del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia. Entre enero y octubre de este año, han sido secuestradas 2.754 personas, de acuerdo con la Fundación País Libre. Las guerrillas ocupan este tipo de actividad como unas de sus principales fuentes de financiamiento.
En el Congreso se han alzado voces proponiendo la pena de muerte contra los delincuentes que incurran en los plagios.
Las masacres es otro tipo de delito que desangra a este país escenario de un conflicto armado que en 36 años ha cobrado 35.000 vidas.
Según estadísticas oficiales, entre enero y octubre del 2000 han muerto 671 personas en masacres, el 75% de ellas causada por los paramilitares.
Pastrana dijo que comunicará hoy las medidas al Frente Unido por la Paz y contra la Violencia, que integran las fuerzas políticas del país con representación parlamentaria.
El Frente se creó hace dos semanas por iniciativa de la oposición liberal, pero rápidamente fue adoptado por el Gobierno para convertir la búsqueda de la paz en una política de Estado. El presidente agregó que aprovechará la reunión para convocar a una gran movilización contra el "secuestro".
Sectores castrenses han invocado un endurecimiento de las leyes ante la difícil situación de orden público que hay en el país.
Giraldo, el negociador del gobierno, formuló la declaración poco después de participar en un encuentro con el presidente Pastrana y los miembros de diversos movimientos políticos que integran el Frente por la Paz y contra la Violencia, en el que el mandatario habría comunicado su decisión de ampliar desde este jueves el plazo legal de la desmilitarización de la zona, de 42.000 km2.
"Yo diría que sí hay una voluntad de prorrogar (el 'despeje' por parte de Pastrana), pero analizando el hecho de que si las FARC se niegan a seguir conversando, con lo cual demostrarían que no les interesa la zona, el país y el Gobierno deberán pensar hacia el futuro cuál es la mejor alternativa", insistió el delegado oficial. Giraldo, exembajador colombiano en Venezuela, integra el equipo del Gobierno que desde octubre de 1999 negocia un acuerdo de paz con las FARC, en la zona de 42.000 km2.
El grupo insurgente declaró "congeladas" las conversaciones el 14 de noviembre último y señaló que las reanudará cuando el Gobierno "explique el país y al mundo su posición oficial ante el paramilitarismo y desarrolle políticas para liquidarlo".
El jefe guerrillero Alfonso Cano, líder del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, el brazo político de las FARC, señaló el martes que ese grupo mantendrá suspendidas las negociaciones, aun si el Ejecutivo prorroga la vigencia legal de la 'zona de distensión'.
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