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Riesgos superan a beneficios

Más sobre la transferencia a las municipalidades

Rodolfo Saborío


En un reciente comentario me manifestaba en contra de la reforma constitucional que pretende transferirle a las municipalidades al menos el 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno Central. Por diversas razones, el texto que suministró la Asamblea Legislativa y que sirvió de base al comentario, no incluía la sustitución efectuada durante la discusión en el Plenario Legislativo, que introdujo cambios importantes a la iniciativa, y que me obligan a corregir algunos de los datos del comentario.

En primer lugar, el modelo de cálculo que acompañó a la propuesta original, basado en el territorio y la población, fue eliminado de la reforma, quedando el tema de la distribución sujeto a decisión legislativa. No son válidas entonces las objeciones referidas a las distorsiones que produciría una asignación en función del territorio de cada cantón.

Por otra parte, la entrada en vigor de la reforma es más escalonada que la propuesta en el texto original (5 por ciento, 2,5 por ciento y 2,5 por ciento), ya que se hará mediante una asignación incremental de un 1,5 por ciento cada año, hasta completar al menos un 10 por ciento.

Papel activo. Un agregado importante consiste en que se le otorga un papel activo al legislador en la asignación de los recursos y en el señalamiento de las transferencias de competencias que acompañarán esos nuevos ingresos de los que dispondrán las municipalidades. En este punto es en donde la iniciativa mejora sustancialmente respecto de la propuesta inicial, que se limitaba a una simple transferencia de recursos.

Pese a estas modificaciones subsiste una de las principales reservas respecto de este tipo de iniciativas y cualquier otra que asigne porcentajes fijos del presupuesto a poderes o sectores. El manejo de las finanzas del Gobierno Central en las condiciones actuales en que la mayoría de los recursos se encuentran comprometidos de antemano, se convierte prácticamente en una labor de alquimia. Hay que convertir las proyecciones contables en recursos líquidos y muchos piensan que con la simple aprobación del Presupuesto esto es suficiente. A esto se agrega ahora una interpretación todavía más restrictiva de la jurisdicción constitucional sobre la emisión de bonos.

Recursos y necesidades. Estamos frente a una de las operaciones más delicadas: la asignación de recursos muy escasos para la atención de necesidades prácticamente ilimitadas. En nuestro sistema institucional, la labor de preparar el Proyecto de Presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo, pero la aprobación final del destino de los recursos corresponde a la Asamblea Legislativa. Debe ser entonces el Primer Poder de la República el que asuma cada año la labor de distribuir equitativa y racionalmente los ingresos públicos, sin ningún condicionamiento previo. No se justifica que dentro del conjunto de poderes e instituciones impere en algunos la opulencia, como en efecto sucede, y que en otros predomine la miseria, como también ocurre.

Es incuestionable que el sistema municipal debe fortalecerse y que para ello se requiere de recursos importantes. Lamentablemente, no hay ninguna garantía de que el letargo en que se encuentran sumidos los gobiernos locales se supere con un simple traslado de competencias y presupuesto. Aventurarse por este camino, con la fórmula cuestionable del porcentaje fijo y sin ensayar vías intermedias, que permitan incrementar cuantitativa y cualitativamente el papel de las municipalidades, puede ofrecer más riesgos que los potenciales beneficios que la reforma parece ofrecer.



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