Cambios económicos y fiscales

La economía del país es estable y la expansión del producto interno bruto (PIB) será elevada este año, después de un alto incremento en 1999. Sin embargo, esta situación no es sostenible hacia el futuro, por una razón simple y a la vez profunda: se necesitan reformas estructurales y de coyuntura para mantener a largo plazo el crecimiento con estabilidad, y generar así suficientes ingresos para ampliar la infraestructura, fortalecer la seguridad, financiar los programas sociales y mejorar nuestra calidad de vida general.

Esas reformas tocan aspectos fiscales, comerciales, monetarios y crediticios. En el corazón de nuestros problemas económicos están la deuda pública interna y externa, el inveterado déficit fiscal, la deficiente estructura tributaria, el costo de los servicios públicos, el deterioro de las funciones básicas del Estado (a lo que nos referimos en el editorial del lunes), su inserción en campos productivos que no le corresponden, y la limitación de recursos para enfrentar necesidades sociales de la población.

El objetivo final del esfuerzo económico y de la acción pública es que los beneficios del crecimiento se distribuyan más equitativamente. Pero en la actualidad los sectores más dinámicos contribuyen muy poco a sufragar sus gastos. Más de una tercera parte del Presupuesto Nacional se destina al pago de la deuda pública interna, pero no hay recursos suficientes para satisfacer sus funciones esenciales. Esto no tiene ningún sentido económico ni social.

El monto de esa deuda sobrepasó hace varios meses el billón de colones, lo cual significa que nuestra generación deficitaria ha consumido una gran cantidad de recursos que a las futuras corresponderá producir; les ha restado así importantes grados de bienestar. El Estado tiene activos suficientes para solventar la deuda, pero algunos insisten en preservarlos, condenando a los demás a pagar altas tasas de interés por los recursos que utilizan en la producción y la satisfacción de sus necesidades, como la adquisición de vivienda. Con una adecuada privatización, que implique también la eliminación de monopolios (y no descuide adecuadas regulaciones), podría, a la vez, ganarse en eficiencia de servicios y lograr que nuestras tasas de interés se equiparen a las prevalecientes en mercados internacionales, sin recalentar la economía ni presionar sobre el nivel de precios. Con recursos más baratos para la producción crecería la economía, con lo cual el mismo Estado recibiría mayores ingresos para mejorar sus programas. Todos saldríamos ganando.

El déficit fiscal es también producto de políticas fiscales expansivas y de la deficiente estructura tributaria. El gasto del Gobierno Central en los últimos 20 años, ha crecido, en promedio, más que la inflación. Se ha recurrido prácticamente a todas las formas de financiamiento, incluyendo emisión inorgánica, venta de bonos interna y externamente, superávit del sector descentralizado, colocación de títulos subsidiados en otras instituciones, moratoria y condonación forzada de obligaciones. El impacto económico también ha sido variado, desde inflación, recesión y devaluación, hasta estrujamiento financiero al sector privado y desequilibrio del sector externo.

En el pasado, el Estado fue muy generoso con los particulares, regalando recursos que no tenía para estimular la inversión en ciertos campos. Aunque es difícil cuantificar el monto de las exoneraciones y subsidios otorgados a través de los distintos regímenes, no sería sorprendente que sobrepasara el total de la deuda pública, y si bien algunos incentivos han contribuido a generar actividad productiva y crecimiento, otros no, y en conjunto, como mecanismo, han generado distorsiones. Se debería evaluar el impacto de esas distorsiones en el mercado, al volver artificialmente más rentables ciertas actividades en perjuicio de las que sí pagan impuestos. Además, es necesario establecer un plan ordenado, justo y apegado a la legalidad, para que las empresas amparadas al principal de esos mecanismos, que son actualmente las zonas francas, comiencen a cotizar de alguna forma, gradualmente, y que el régimen en su totalidad sea modificado, mientras se hace más eficiente toda nuestra economía.

Corregir los problemas existentes y crear una estructura tributaria moderna, eficiente y justa pasa por una amplia reforma en este campo. El Ministro de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa un proyecto que implica avances, pero que es aún tímido y no forma parte de un diseño más amplio de reforma estructural de la economía. Esa reforma es un requisito necesario, más no suficiente, si queremos realmente dar el salto de progreso con estabilidad que el país merece. En el próximo editorial de la serie analizaremos otros cambios relevantes para lograr el avance posible.

Viernes: la eficiencia productiva.