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Prohibición inconstitucional

La prohibición de la reelección presidencial es inconstitucional por el procedimiento

Rodolfo Saborío V.


Una revisión del expediente legislativo 2625, que condujo a la Reforma Constitucional 4339 de 11 de julio de 1969 relativa a la prohibición de reelección de los expresidentes, no deja lugar a dudas sobre la violación abierta del procedimiento vigente en ese momento en la aprobación del texto actual del inciso primero del artículo 132 de la Constitución Política.

La violación causante de nulidad absoluta consistió en el irrespeto del plazo de ocho días que otorgaba el inciso 3 del artículo 196 de la Constitución para que la Comisión Especial dictaminadora de la propuesta de reforma rindiera el informe respectivo. La comisión fue nombrada el 10 de junio de 1966 y rindió el dictamen el 15 de julio de 1966, ya vencido sobradamente el plazo obligatorio (folios 18 y 22 del expediente respectivamente).

El plazo vinculante. Si bien es cierto que el plazo que actualmente establece ese inciso es de veinte días, según ampliación incorporada mediante la reforma constitucional 6053 de 15 de junio de 1977, al momento de tramitarse la reforma 4339, el plazo vinculante era de ocho días.

Lo anterior da pie para que la Sala Constitucional, en uso de sus facultades, al igual que lo hizo en 1991 al declarar la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 96 de la Carta Fundamental, que permitía el financiamiento anticipado a los partidos políticos (sentencia 980-91), entre a considerar los vicios de procedimiento presentes en la tramitación de la reforma 4339.

Debe quedar claro que si bien en asuntos administrativos el vencimiento del plazo para resolver no hace que la autoridad administrativa pierda la competencia sobre el caso y lo pueda conocer fuera del plazo, en materia de reforma constitucional esa posibilidad resulta totalmente improcedente.

Constitución rígida. El procedimiento de reforma constitucional en Costa Rica es lo que se conoce como un procedimiento calificado, lo cual haría que entrara en la categoría doctrinaria de Constitución rígida, por contraposición con las Constituciones flexibles, cuya reforma se puede efectuar mediante el mismo procedimiento de reforma de las leyes.

Un rasgo definitorio de ese procedimiento calificado es el establecimiento de trámites rigurosos para modificar la Constitución. Estos requisitos son de cumplimiento obligatorio, caso contrario, se ocasiona la nulidad absoluta, ya que la violación del texto expreso de la Constitución configura la mayor nulidad que se pueda concebir dentro de un ordenamiento jurídico.

Estamos en presencia entonces de un requisito de cumplimiento obligatorio, tanto es así, que la misma historia constitucional nos demuestra que los legisladores, preocupados por la brevedad de este plazo, lo modificaron en 1977, para permitir que se contara con un mayor plazo para valorar las propuestas de modificación constitucional. Si hubiese existido la menor presunción de que ese plazo no era vinculante, no se hubiera puesto en marcha todo el complicado proceso que requiere una reforma para otorgar un plazo de veinte días. Todo evidencia que, desde la promulgación de la Constitución de 1949, se consideró que ese plazo era vinculante, ya que en las mismas actas de la Asamblea Constituyente se plasmó la preocupación por el plazo conferido a la Comisión dictaminadora. Sin embargo, se mantuvo en ocho días. Esta misma obligatoriedad es aplicable en 1969, y con el plazo vigente en ese momento. El control de regularidad constitucional debe ejercerse a la luz de las normas aplicables cuando se tramitó la reforma y no con aplicación del plazo actual de veinte días.

Basta con el vicio de nulidad. Así planteadas las cosas, resulta ocioso referirse al fondo de la acción planteada en estos momentos contra la norma aludida, ya que basta con la existencia de un vicio de nulidad absoluta en el procedimiento para que se acoja la acción. No está de más agregar que la Sala Constitucional no tiene competencias para analizar el fondo del asunto, esto es, si la norma en sí es conveniente o inconveniente, ya que no existe un parámetro de regularidad de rango superior al cual contraponer una disposición constitucional. El legislador, al ejercer el poder constituyente derivado y reformar la Carta Fundamental, se encuentra limitado únicamente por las normas procedimentales. Resulta totalmente contrario a la técnica y la regulación vigente pretender que la Sala Constitucional pueda valorar la bondad de las reformas constitucionales, esto sería suplantar las competencias intransferibles de otro poder.

En este contexto, si se considera que los accionantes tienen legitimación suficiente para impugnar, la Sala Constitucional no tendría más alternativa que declarar la nulidad de la prohibición de reelección de los expresidentes, por violación de normas vinculantes en el procedimiento de reforma constitucional.



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