LN Suplementos La Nación Digital Patrocinador de La Nacion Digital
San José, Costa Rica. Viernes 18 de febrero, 2000
Nacionales
Deportes
Viva
Internacionales
Opinion
Economia & Negocios
Suplementos
Especiales
English
Cartas

La Nacion Digital
Mapa del sitio

Si tiene alguna sugerencia o comentario, escriba a nuestros redactores.

Ley de Protección al trabajador (Pensiones y cesantía), 2000

Noticias publicadas sobre los tres proyectos de ley conocidos como el "Combo enérgetico"

Proyecto de Ley completo Reforma a pensiones y cesantía

Especial: Prevención desastres naturales

Obituario

La Gaceta en breve

Diario Oficial La Gaceta

Columna Raíces

Revista Estación 21

Sitios de Costa Rica

Servicios

Tiras cómicas

SuperSite

Teléfonos de Emergencia

Noticias Nacionales:

En 1985, funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) construyeron en Santa Elena una pista clandestina para apoyar a los contras en Nicaragua.


Arbitraje internacional

Fijan pago por Santa Elena

Ordenan indemnización de ¢4.816 millones por expropiación
Gobierno satisfecho, Hamilton decepcionado


Giannina Segnini
Redactora de La Nación

Un largo capítulo de disputas se cerró ayer con un fallo internacional que ordenó al país el pago de $16 millones –unos ¢4.816 millones– por la hacienda Santa Elena en Guanacaste, expropiada desde el 5 de mayo de 1978.

La resolución, emitida ayer en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI) --entidad adscrita al Banco Mundial-- es producto de un arbitraje internacional que solicitó Costa Rica en marzo de 1995 para resolver sus diferencias con la firma Desarrollos de Santa Elena S.A., dueña de la hacienda.

Joseph Hamilton, principal accionista de la empresa, se mostró ayer decepcionado, minutos después de conocer la noticia. El estadounidense dijo telefónicamente que esperaba un monto mayor, pero que aceptará la decisión. "Me siento triste, voy a extrañar este lugar, tendré que buscar otro lugar para mí y para mis caballos".

En vez de nostalgia, en el gobierno reinaba ayer la incertidumbre, pues solo se presupuestaron $15 millones –unos ¢4.515 millones– para responder a esa obligación. El millón restante tendrá que conseguirse antes de los próximos 21 días, pues el fallo establece que luego de ese plazo empezarán a correr intereses del 6 por ciento anual.

Pese al faltante, la segunda vicepresidenta de la República y ministra del Ambiente y Energía, Elizabeth Odio, se mostró satisfecha por la decisión. "Para el Gobierno es positivo porque se liquida de esta manera una situación que ha durado demasiado tiempo y nos ha causado muchísimos perjuicios en muchos sentidos".

Minutos después de conocer el fallo, el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, explicó que tendrá que analizar varias opciones para buscar los fondos necesarios. "Le ofrecí al presidente –Miguel Ángel Rodríguez– darle una respuesta mañana (hoy para los lectores) o en cuanto tenga la información completa. Podemos valorar la posibilidad de acudir a gobiernos amigos".

Cuatro veces más

En 1978, el Gobierno fijó el precio de la hacienda en $1,9 millones --¢16,4 millones de ese tiempo--, pero Hamilton rechazó el monto porque consideró errónea la medición de la propiedad, estimada por el Ejecutivo en 15.800 hectáreas. Para el estadounidense, la finca tenía una extensión de 21.200 hectáreas.

Después de realizar varios estudios y mediciones y de escuchar el criterio de peritos independientes y otros propuestos por ambas partes, el CIADRI estimó la extensión del terreno en 15.210 hectáreas.

De acuerdo con cálculos realizados por este diario, aún si el Gobierno hubiera aceptado la medición que Hamilton pretendía en 1978, el valor presente de ese avalúo sería de $4,65 millones –unos ¢1.400 millones–, casi cuatro veces menos que el costo total que deberá cancelar ahora el país.

Y es que además del dinero de la expropiación, el país debió asumir $4 millones –unos ¢1.204 millones– más por el costo del litigio internacional, según lo confirmó ayer la ministra Odio.

Ese monto incluye los honorarios de los abogados contratados en Washington, Estados Unidos, para la defensa y la mitad de los costos en los que incurrió el CIADRI para el proceso, entre ellos el pago de los tres jueces que estudiaron el caso.

El fallo fue suscrito por los árbitros internacionales L. Yves Fortier, de Canadá; Sir Elihu Lauterpacht, de Gran Bretaña y por el profesor Prosper Weil, de Francia.

Piedra recurrente

El pago pendiente de la hacienda Santa Elena ha sido una piedra en el zapato en las relaciones de Costa Rica con Estados Unidos. En diciembre de 1992, a raíz de este caso y de otras expropiaciones pendientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frenó dos créditos para el país por $170 millones y en febrero de 1995 volvió a aplazar un giro por $80 millones del Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III).

Los gobiernos de esas épocas –Calderón Fournier y Figueres Olsen– tuvieron que emprender acciones urgentes de negociación para conseguir esos fondos.

Detrás de todas esas presiones estuvo siempre la sombra del senador republicano estadounidense Jesse Helms, quien además es amigo personal de Hamilton. El político norteamericano dirigió varias cartas a entidades internacionales para que condicionaran la entrega de los recursos a Costa Rica porque, según su criterio, el país no garantizaba la seguridad de las inversiones de sus coterráneos.

La hacienda, ubicada en la Península de Santa Elena, Guanacaste, también fue un punto crítico durante el conflicto bélico en Nicaragua durante los años ochentas, pues en 1985 la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) construyó allí una pista de aterrizaje para abastecer a los aviones que suministraban ayuda a los contras en su lucha contra el régimen sandinista.

Colaboraron Alejandro Vargas y Carlos Villalobos, periodistas de La Nación.


Dilema de años

Casi 22 años de historia lleva la disputa por el pago de la hacienda Santa Elena. Estas son las principales etapas del caso:

  • Expropiación

    Fue el 5 de mayo de 1978 cuando el gobierno del entonces presidente de la República, Daniel Oduber, expropió --mediante decreto 8550-G la finca Santa Elena con el fin de ampliar el área del Parque Nacional Santa Rosa.

  • Primer avalúo

    Ese mismo año la Dirección General de Tributación Directa valoró la propiedad en ¢16,4 millones, costo que no aceptó la firma propietaria del terreno.

  • Con la guerrilla

    El polémico aeropuerto Potrero Grande fue edificado en la década de los 80 en la finca por miembros de la guerrilla contra Nicaragua y con el apoyo del Gobierno estadounidense.

  • Nuevo trámite

    Diez años después de publicado el decreto --1988-- y con el proceso estancado, el entonces Ministerio de Recursos Naturales pidió formalmente a la Procuraduría General de la República iniciar el trámite de expropiación.

  • Revancha

    En diciembre de 1992, el estadounidense Joseph Hamilton, dueño de Santa Elena, pidió al Gobierno de su país bloquear un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Costa Rica por $250 millones. Tres meses más tarde, el Banco aprobó el crédito.

  • Arbitraje

    Fue en noviembre de 1994 cuando las dos partes acuerdan ir a un arbitraje para solucionar el diferendo. La Procuraduría determinó que la decisión requeriría de aprobación legislativa. La disputa incluiría la propiedad de los 200 metros de zona marítimo terrestre, pertenecientes al Estado.

  • Última instancia

    El 24 de marzo de 1995 el Gobierno tico decidió someter el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI), dependencia del Banco Mundial. Este definiría la extensión de la finca y el monto que debe pagar el país. No se incluyó el límite marítimo.

    Fuente: Centro de Información y Documentación de La Nación.


    Tierras para Santa Rosa



  • Mail a Webmaster Economicos Servicios Envie un fax Archivo Digital

    Patrocinador de La Nacion Digital


    © 2000. LA NACION S.A. El contenido de La Nación Digital no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.co.cr