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La mayoría de los costarricenses respaldaron las manifestaciones contra el "combo" y consideraron beneficiosas para el país, pero no favorecen los bloqueos de vías.


Encuesta de Unimer

"Combo" detonó la frustración

67 por ciento respaldó las manifestaciones


Mauricio Herrera Ulloa
Redactor de La Nación

Si a su insatisfacción con los políticos se añade el deseo de la población de ser tomada en cuenta, la sensación de estar mal representada y la desconfianza por los cambios en una entidad que goza de aprecio, el resultado puede ser una protesta amplia y espontánea capaz de sacudir al país.

Así ocurrió en Costa Rica hace tres meses. Las manifestaciones contra la aprobación legislativa del proyecto de transformación del ICE –o "combo eléctrico"– en marzo, fueron una explosión de frustración acumulada y un síntoma de la disconformidad de una mayoría de la gente con políticos y gobernantes.

Esta es una de las conclusiones que, en conjunto, muestran los datos de la última encuesta Unimer-La Nación, que exploró a fondo la actitud ciudadana hacia la política y las instituciones.

Al 67 por ciento de los costarricenses les parece bien que hayan ocurrido las manifestaciones contra el "combo" y al 31 por ciento les parece mal. Mas para casi todos –el 93, 7 por ciento– las protestas fueron una forma de decir a los dos partidos mayoritarios "que los ticos están cansados de lo que han hecho con el país".

La encuesta fue realizada entre el 22 y 31 de mayo. Unimer consultó a los costarricenses acerca de las protestas que vivió el país. Detectó un mayoritario respaldo a las manifestaciones sociales y su disposición a apoyar movimientos similares a futuro, pero también una desaprobación a los bloqueos callejeros y un alto aprecio por las instituciones democráticas.

Para hacer el estudio, los encuestadores de Unimer entrevistaron personalmente, en todo el país, a 1.203 adultos costarricenses y por las características de la muestra las cifras de la investigación tiene un margen de error máximo de 2,8 puntos porcentuales.

Apoyo masivo

Durante la crisis del "combo" –tras la aprobación en primer debate, el 20 de marzo–, y ante la proliferación de marchas y bloqueos callejeros, el Gobierno reiteradamente apeló a una "mayoría silenciosa" que se oponía a las protestas y no se expresaba en la calles.

Pero la encuesta revela que una mayoría sí favoreció el movimiento. Todavía dos meses después de los hechos dos terceras partes de los costarricenses aprobaron las recientes manifestaciones nacionales, contra un tercio que opina lo contrario.

Sin embargo, al 60 por ciento no le parece aceptable protestar bloqueando las vías públicas, aunque para el 38,8 por ciento ese sí es un mecanismo viable para expresar la inconformidad.

El masivo respaldo que tuvo el movimiento se refleja de nuevo cuando el 58 por ciento de los entrevistados afirmó que el movimiento fue beneficioso, y especialmente opinaron así aquellas personas de mayor nivel educativo y socioeconómico. Empero, para el 36,7 por ciento fue un proceso perjudicial.

¿Fue un acontecimiento aislado o el testimonio de una disconformidad general? La respuesta es casi unánime: el 84 por ciento de los ciudadanos consideró que las manifestaciones contra el "combo" respondieron a una disconformidad general y solo el 10,5 por ciento se inclina por considerarlo un hecho aislado, como también lo consideró la administración de Miguel Ángel Rodríguez.

¿Cómo actuarían los costarricenses ante una situación de protesta en el futuro?

El 36,7 por ciento apoyaría movimientos similares a los del "combo" y el 29,8 por ciento participaría en desfiles, paros y manifestaciones. El 19,4 por ciento no haría nada, el 14,8 por ciento dejaría que cada sector resuelva sus problemas y el 14,5 no votaría.

En el 66,5 por ciento de los que apoyarían protestas o participaría en ellas, tiende a haber más personas jóvenes, residentes en zonas urbanas, de nivel socioeconómico medio alto y alto y con elevado nivel de estudio.

Por ejemplo, la disposición a apoyar o participar en protestas la tiene el 72 por ciento de las personas entre 25 y 29 años, el 81,8 por ciento de quienes tiene una posición socioeconómica media alta o alta, el 74,4 por ciento de los que viven en zonas del Valle Central fuera del área metropolitana y el 81,8 de quienes poseen estudios universitarios.

Dos semanas de riesgo

A finales de marzo y principios de abril el país presenció marchas multitudinarias, bloqueos de vías en decenas de comunidades, una huelga de hambre de estudiantes universitarios, fogatas callejeras y arremetidas de la policía. Hubo heridos, disparos, gases y detenidos.

El 20 de marzo, 45 diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN) aprobaron el plan de transformación del ICE, una iniciativa que fundía tres proyectos diferentes para quitar ataduras a esa entidad, romper el monopolio de las telecomunicaciones y el de energía.

La apresurada aprobación ocurrió luego de una semana de sesiones legislativas maratónicas y la votación se dio en un tenso ambiente, con el Parlamento rodeado por manifestantes y tomado por la Fuerza Pública.

Los opositores al proyecto, encabezados por los sindicatos del ICE y el partido Fuerza Democrática, denunciaron que el proyecto implicaba desmantelar el ICE, su privatización encubierta, peligros para el medio ambiente y perjuicios para la mayoría de usuarios.

El 4 de abril, con el país al borde de la paralización, el Gobierno accedió a conformar una comisión mixta entre diputados y ciudadanos para discutir modificaciones al proyecto.

Dedo acusador

Ante una serie de afirmaciones acerca de las protestas, más del 90 por ciento opinaron que fue un mensaje de cansancio contra el PUSC y el PLN y una protesta porque los gobiernos y los políticos se han olvidado de las necesidades de la gente.

Sin embargo, consideraron que las manifestaciones pudieron evitarse si el Gobierno hubiera informado a la gente sobre la ley del ICE.

Para más del 80 por ciento hubo un apoyo espontáneo de la población a las revueltas y un mensaje de que el sistema político ya no satisface, aunque hubo sectores que se aprovecharon de la desinformación del pueblo y muchas personas que no expresaron su oposición a las manifestaciones.

Con mayorías no tan contundentes, hay grupos que consideran que la democracia se debilitó (59,8 por ciento), que los sindicatos perjudicaron al país (55,6 por ciento) y que el "combo" fue usado por los partidos minoritarios para ganar seguidores.

¿Cuál fue la causa de las protestas? El "combo" del ICE lo fue para el 26,8, y el deseo de vender esa institución originó el movimiento, según el 18,7 por ciento. En tercer lugar resalta la escasa información pues el 13,6 consideró que la razón fue que "no informaron al pueblo".

Otras causas citadas fueron la forma cómo se aprobó el proyecto (10,6 por ciento), los problemas con los agricultores (9,4 por ciento), la "privatización del ICE" (7,7 por ciento), el hecho de "no escuchar al pueblo" (5,7 por ciento) y la falta de comunicación (3,7 por ciento).

De una forma u otra el conflicto implicó a todo el país y el desempeño de algunos actores sociales quedó expuesto ante la población. Entre los que obtuvieron un porcentaje de aprobación superior al 50 por ciento destacan canal 7, los sindicatos del ICE, la Defensoría de los Habitantes y los estudiantes universitarios, seguidos por canal 6, La Nación, sectores ambientalistas y la Iglesia Católica.

En el nivel más bajo de aprobación quedaron los representantes de los partidos mayoritarios, el Gobierno, la Asamblea Legislativa y, en el último puesto, el expresidente del Congreso, Carlos Vargas Pagán.


Censura a los políticos


Dardos y flores

¿Quién ganó? ¿Quién perdió? "El pueblo" fue el ganador según el 50 por ciento, seguido por "el país" y "los trabajadores" (12 por ciento cada uno)

Y el gran perdedor: para el 57,6 por ciento fue "el Gobierno".


Mayoría defiende monopolio

Satisfacción de ticos con el ICE

La mayoría de los costarricenses están satisfechos con los servicios eléctricos y de telefonía residencial del ICE, favorecen el fortalecimiento de la institución y rechazan la ruptura de su monopolio.

Casi la totalidad de los ciudadanos está a gusto con el servicio de electricidad que reciben (91 por ciento), con su calidad (85 por ciento) y el con el precio (52 por ciento).

Al consultar acerca de la telefonía residencial, el apoyo sigue siendo bastante fuerte. El 72,6 está a gusto con ese servicio, contra el 22 por ciento que se siente insatisfecho, mientras que el 53,5 siente que las tarifas son razonables frente al 35,8 por ciento que opina lo contrario.

El punto débil del servicio telefónico residencial está en la rapidez para otorgar nuevas líneas: el 63,6 por ciento expresa disgusto por la lentitud en la asignación de una línea, contra el 26,2 que está satisfecho.

El desagrado y la cantidad de personas que no responden decae al consultar por servicios menos extendidos, como la telefonía celular y el acceso a Internet.

En cuanto a la calidad de la telefonía móvil hay división: están satisfechos el 33,2 por ciento; insatisfechos el 33,3 y no responde el 33,6. Al evaluar el costo, el agrado baja a 26,4 por ciento, contra el 38,7 y el 35 por ciento que no dio respuesta; y acerca de la rapidez para otorgar las líneas, la complacencia cae al 20,8 por ciento, el desagrado alcanza el 42,3 por ciento y quienes no saben o no responden llegan al 37 por ciento.

Donde hay más desconocimiento es en lo relacionado con los servicios de Internet: el 50 por ciento no sabe o no responde, el 14 por ciento siente disgusto y el 36,5 está satisfecho.

¿Apertura o monopolio?

En el caso de la telefonía residencial el 64 por ciento de la muestra opina que debe mantenerse el monopolio en manos del ICE, lo que es cogruente con la evaluación positiva que los ciudadanos hacen de esa entidad.

Ese deseo se mantiene en el caso de la telefonía celular, donde más de la mitad de quienes responden (56 por ciento) preferiría mantener el monopolio a abrirlo a la competencia. En el caso de Internet, el 55 por ciento de los que opinan se inclinan a favor de que el Estado sea el único oferente.

En consonancia con los datos anteriores, ante una pregunta de respuesta múltiple el 67 por ciento respalda fortalecer al ICE, que el Gobierno central no le quite sus ganancias (27 por ciento) y eliminarle la influencia de los políticos (38 por ciento).

Para el 25 por ciento al ICE deberían dejarlo como está y 16 de cada 100 consultados consideran oportuno despolitizar su junta directiva. Solo el 15 por ciento está de acuerdo con la apertura a la competencia y un tres por ciento con privatizarlo.

Pero además, los costarricenses se sienten orgullosos de algunas de sus instituciones públicas (61,5 por ciento), o de la mayoría de ellas (23,2 por ciento).

Y el sentimiento de orgullo se acrecienta y concentra en torno a dos entidades con presencia en todo el país y una función estratégica en el desarrollo nacional: la Caja Costarricense del Seguro Social (48,4 por ciento) y el ICE (45,8 por ciento).


Apoyo a la comisión mixta

Surgió como la opción para incorporar las demandas de diversos grupos sociales en el proyecto de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y modificar su contenido. Más de dos meses después de su creación comienza a dar los primeros pasos en un diagnóstico de la entidad.

La creación de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa para discutir el tema del ICE fue conveniente para el país, según el 65,6 por ciento de los entrevistados, frente al 24 por ciento que piensa lo contrario

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos cree que su conformación "fue una manera de parar las protestas" (59 por ciento) más que "una forma acertada de atender las demandas de quienes protestaban contra el combo" (31 por ciento).

Entre los ticos hay división acerca de si una comisión integrada por diputados, sindicalistas, estudiantes, empresarios y ambientalistas logrará ponerse de acuerdo para hacer un nuevo proyecto de ley: el 46 por ciento opina que sí, pero el 44,5 por ciento cree que no llegará a nada.

Tampoco hay una mayoría clara al preguntar si el grupo hará un proyecto beneficioso para el país pues el 48 por ciento confía en que así sea y el 40 por ciento no cree que logre ese objetivo.

En cuanto a la representación en una comisión tan heterogénea, el 49 por ciento de los ciudadanos no se sienten que nadie defienda sus intereses en ese grupo, pero el 43 por ciento sí.

Sin embargo, llama la atención que entre aquellos que responden afirmativamente solo el 10 por ciento diga sentirse representado por los legisladores, quienes supuestamente deberían encarnar esa función. A ellos los superan las organizaciones religiosas, los estudiantes y los sindicatos.

Y los problemas de representatividad democrática del país vuelven a evidenciarse cuando el 57 por ciento de la muestra total dice preferir que la mayoría de proyectos de ley fuesen elaborados por comisiones mixtas similares a la que ahora trata el tema del ICE.


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