La propiedad del genoma

El anuncio conjunto del presidente estadounidense, Bill Clinton, y del primer ministro británico, Tony Blair, sobre la propiedad intelectual del genoma humano, trastornó hace pocos días al mercado accionario de alta tecnología, al elevar a primer plano dos interrogantes trascendentales: ¿quién debe ser el dueño del conocimiento? y ¿cuál parte de ese conocimiento debe estar libremente disponible, sin posibilidad de patentes o derechos intelectuales que restrinjan su acceso y uso, y cuál puede ser usufructuada legítimamente por sus productores?

La disyuntiva entre el interés público y el beneficio privado producto de la investigación no es nueva. Sin embargo, ahora adquiere mayor relevancia por el contexto de la discusión: el "mapeo" del genoma humano, la descripción simbólica y la secuencia de más de 3.000 millones de unidades químicas que componen el ADN (o información genética básica) de nuestra especie. En el centro de la discusión sobre los derechos de esta información se encuentran dos esfuerzos científicos: uno de naturaleza pública, el Proyecto del Genoma Humano, financiado por los gobiernos de Estados Unidos y -en menor medida- una fundación de Gran Bretaña, y otro de origen absolutamente privado bajo la dirección del Dr. J. Craig Venter, con el apoyo de una serie de inversionistas.

El Dr. Venter, quien formaba parte del equipo del primer proyecto, se separó del grupo en 1998 por discrepancias con la metodología seguida y fundó la empresa Celera, con el objetivo de decodificar el genoma humano mucho antes que sus antiguos colegas. Aparentemente lo logrará. Celera no pretende patentar el genoma completo y concuerda -al igual que Blair y Clinton- con mantener los llamados "datos brutos" en el dominio público. Sin embargo, Venter y su compañía, así como otros esfuerzos privados, han solicitado y obtenido algunas patentes sobre secuencias de genes específicos.

Esta información concreta (¿qué proceso biológico está determinado por un gen específico?) es la que realmente tiene valor comercial, precisamente por su potencial médico: es la que puede utilizarse para predecir, prevenir o tratar diversas enfermedades. Existe consenso entre científicos y políticos sobre la naturaleza pública del mapa general del genoma humano, pero no así con la información derivada de estos datos.

Es indiscutible el beneficio para la humanidad que producirá el proceso de toda esta información. Sin embargo, sin la participación privada y sin el estímulo de potenciales utilidades, los beneficios durarán más en cristalizarse. Los investigadores de Celera han demostrado el impacto que la participación privada tiene, al reducir el plazo de conclusión de la decodificación del genoma humano en cinco años. También es innegable que los inversionistas en las empresas investigadoras esperan retornos sobre su inversión; estos provendrán del alquiler de la propiedad intelectual protegida mediante las patentes que sea posible inscribir. Aquellas empresas que descubran la funcionalidad de cada gen -cosa que puede llevar varios años más-- se beneficiarán patentando esa información y tienen derecho de hacerlo.

A los días del comunicado, la Casa Blanca aclaró que había sido mal interpretado el mensaje de la declaración conjunta. Enfatizó que ni Washington ni Londres se oponen a la propiedad intelectual patentable allí donde se justifique. Pero la confusión creada por la comunicación oficial estadounidense y británica, cuya redacción tardó ocho meses, muestra cuán difícil es la respuesta a las preguntas originales. Solo a través del diálogo y la discusión sensata puede la sociedad obtener una respuesta que maximice el beneficio de los descubrimientos.

El bienestar humano no puede dejarse únicamente en manos de los mercados; tampoco abandonarse al paso de las instituciones públicas y sustraerlo a la iniciativa individual. Necesita del concurso responsable de todos, en beneficio de los seres humanos.