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Artículo de Opinión:

Control constitucional: 175 años


Jorge F. Sibaja Rodríguez (*)


Con la promulgación del Decreto V del 23 de setiembre de 1824 por el Poder Constituyente, Costa Rica abandona sus ropajes coloniales y se transforma política y jurídicamente en estado soberano.

En este proceso de estructuración y creación del estado de derecho se introdujo un elemento que destaca por la importancia y efectos que tendría dentro la evolución política y filosófica del Estado costarricense.

Con claridad jurídica y visión histórica, la Comisión de Constitución y Legislación del Poder Constituyente de 1824 introdujo en la Ley fundamental de 1825 el control constitucional ejercido en exclusiva por el Poder Conservador.

No solo se decretó así el nacimiento del estado de derecho, sino que se concibió –dentro de la técnica jurídica de división de poderes– la creación de un cuarto poder: el Conservador o Moderador, cuyo objeto era "declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los actos del Poder Ejecutivo", y era "un cuerpo intermediario e imparcial que interponiéndose entre los Cuerpos Legislativo y Ejecutivo puede evitar, ..., la inconstitucionalidad y alteración de la tranquilidad pública"

El empleo en 1824 de esta técnica jurídica por la Comisión permite afirmar que "nada podríamos hacer si no se declarase al Estado libre, independiente y soberano. Seríamos unos ineptos criminales si estableciésemos otra clase de Gobierno que el popular representativo, único legítimo en la ilustración del siglo, y lo haríamos Tirano sí no adoptásemos la división de Poderes, alma de todo Gobierno Libre"

El control constitucional asignado a un cuerpo soberano colegiado fue consustancial al nacimiento del estado de derecho en Costa Rica, pero este control ejercido por el Poder Conservador no seguirá vigente, como consecuencia directa del golpe de Estado del 27 de mayo de 1838, que marca el inicio de la tiranía de Braulio Carrillo y el rompimiento del orden constitucional.

Es erróneo e injustificado asignarle a Carrillo el título de "arquitecto del Estado", como fundador de nuestras instituciones republicanas, porque, por el contrario, durante sus administraciones las instituciones políticas, por excelencia soberanas, el Poder Legislativo y Conservador, abandonan el ejercicio de las funciones que la constitución les asignaba.

El Poder Conservador entra a funcionar en Costa Rica a partir del 9 de mayo de 1825, y la práctica del control constitucional contribuyó a que se arraigaran la tranquilidad y la estabilidad política durante sus primeros 13 años, la subordinación del poder militar al poder civil, la sujeción al orden constitucional y el apego de los costarricenses a resolver sus conflictos internos mediante los mecanismos que proporcionan las leyes, el respeto a las libertades y derechos fundamentales, la activa participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales, entre otras cosas.

Cuando Carrillo asume inconstitucionalmente la Jefatura del Estado, el avance que se observaba en todo el país es impresionante y fácilmente constatable. Las instituciones políticas creadas –poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Conservador– fueron creadas mucho antes de que Carrillo ejerciera el mando supremo y funcionaban plenamente desde 1825.

Es una contradicción que en nuestros días los apologistas de Carrillo lo recuerden como arquitecto del Estado, cuando la realidad histórica nos enseña que durante sus dos administraciones el funcionamiento de las instituciones políticas del estado de derecho fue nulo. El Estado había operado satisfactoriamente en los gobiernos de Juan Mora Fernández, José Rafael de Gallegos y Manuel Aguilar. Llegarán tiempos mejores que permitan ofrecer al conocimiento público los múltiples documentos que lo comprueban.

En otras palabras, los primeros gobernantes estaban convencidos de lo necesario e imprescindible del control constitucional en el seno del estado de derecho, opinión que no difiere de la actual sobre la significativa labor de la Sala Constitucional.

Después de 175 años de la aparición del Poder Conservador, la interrogante que surge para continuar en el perfeccionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho costarricenses, es si con la Sala Constitucional se vuelve al camino trazado y diseñado desde 1824, y qué hizo que transitáramos por un camino distinto.

En la vida de las naciones, sus costumbres, instituciones y valores fundamentales solo se consolidan y se mantienen vigentes en la conciencia de sus ciudadanos cuando se repasan y estudian las verdaderas causas de los acontecimientos de su devenir existencial. Lo contrario provoca desmoralización, los vicios sociales y la falta de confianza de la sociedad civil en sus gobernantes.

(*) Abogado



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