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San José, Costa Rica. Jueves 23 de noviembre, 2000
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Reforma desafortunada

El 10 por ciento del presupuesto para las municipalidades es un gran desacierto

Rodolfo Saborío Valverde


Piense por un momento en una municipalidad con 24 empleados y 21.335 habitantes, que funciona con un presupuesto anual de ¢133 millones y que de repente reciba ¢1.715 millones. Imagínese otra municipalidad con 45.953 habitantes, con 35 empleados, que maneja ¢101 millones anuales y que de pronto deba administrar ¢1.680 millones por año. Estos y muchos otros sorprendentes ejemplos resultarían de la reforma de la Constitución que persigue otorgarles a los municipios el 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno Central.

La fórmula elaborada por los legisladores parece inofensiva, ya que propone distribuir ese 10 por ciento de la siguiente manera: un 34 por ciento por igual entre todas las municipalidades, un 33 por ciento de acuerdo con la población y un 33 por ciento de acuerdo con la extensión geográfica. Pero resulta que la distribución cantonal de Costa Rica está caracterizada por una total asimetría, con algunos municipios de grandes extensiones, pero con núcleos de población my reducidos.

Absolutamente arbitrario. Aplicando esos parámetros al presupuesto del año 2001 (la reforma se aplicaría escalonadamente un 5 por ciento el primer año, y se incrementaría en un 2,5 por ciento cada uno de los dos años siguientes), no solo obtenemos los datos citados, sino que resultaría que el cantón de San José, con el 9,5 por ciento de la población del país, recibiría tan solo el 3,58 por ciento de las transferencias. Igual sucede con otros cantones con un porcentaje importante de la población nacional como Alajuela (5,21 por ciento), Desamparados (4,55 por ciento), Cartago (3,56 por ciento), Goicoechea (3,14 por ciento), Heredia (2,24 por ciento), que a la hora de aplicar la fórmula reciben una porción considerablemente inferior, por la aplicación del criterio de la extensión geográfica. Este último criterio es absolutamente arbitrario ya que en la mayoría de los casos no refleja la necesidad de servicios básicos en todas esas áreas, pues algunos de los cantones de mayor extensión alojan reservas forestales y zonas protegidas, y los núcleos de población se encuentran limitados a localidades muy reducidas.

Otro gran desacierto de este proyecto consiste en considerar que el presupuesto del Gobierno Central es como un pastel en espera de ser repartido. Si se observa la estructura del plan de ingresos y gastos, se puede observar que los recursos fiscales se encuentran comprometidos prácticamente en su totalidad y que los márgenes de maniobra para cualquier Gobierno se encuentran estrechamente limitados. Nuestro presupuesto está sometido a gran cantidad de distorsiones y rigideces, tales como la existencia de un porcentaje fijo para el Poder Judicial, un porcentaje del PIB para la educación y otro para el financiamiento de los partidos políticos, lo cual hace que los recursos para inversión sean muy limitados. Esta estructura provoca, por ejemplo, que cada ¢1.000 millones en que se quiera incrementar el presupuesto en educación, implique el pago de un "impuesto" de ¢60 millones al Poder Judicial, y así por el estilo en cada incremento de gastos que se quiera hacer en salud, infraestructura, vivienda, seguridad pública, ya que cualquier incremento en el presupuesto redundará en la asignación de un 6 por ciento de esa suma a ese Poder. Este problema se agravaría si llega a aprobarse la transferencia de un 10 por ciento a los municipios, pues todo incremento en los gastos deberá contemplar una "comisión" del 16 por ciento.

Proyección ficticia. Como muy bien saben los legisladores, la mayor parte del presupuesto está comprometido en pago de salarios y transferencias obligatorias. Además de esto, el presupuesto es una proyección de ingresos, muchas veces ficticia, ya que se financia en más de un 30 por ciento mediante deuda interna. Esto provoca que en la Caja del Estado prácticamente en ningún momento se encuentren los recursos que contablemente deberían estar, ya que los gastos son mucho más que los ingresos. Por si alguien lo ha olvidado, debe recordarse que desde hace muchos años el sector público ha estado viviendo de prestado.

En síntesis, no puede repartirse lo que no se tiene. Se impone una seria reflexión antes de aprobar definitivamente esta reforma.



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