LN Suplementos La Nación Digital Patrocinador de La Nacion Digital
San José, Costa Rica. Miércoles 11 de octubre, 2000
Nacionales
Deportes
Viva
Internacionales
Opinion
Economia & Negocios
Suplementos
Especiales
English
Cartas

La Nacion Digital
Mapa del sitio

Si tiene alguna sugerencia o comentario, escriba a nuestros redactores.

Obituario

La Gaceta en breve

Diario Oficial La Gaceta

Sitios de Costa Rica

Servicios

Tiras cómicas

SuperSite (inglés)

Teléfonos de Emergencia

Artículo de Opinión:


Fotografía

¿Descentralizar qué y a quién?

Cogestión municipal en servicios públicos

Rodolfo Saborío V.


La descentralización del aparato administrativo es un tema recurrente en el discurso de los políticos de todo signo, pero es prácticamente imposible encontrar un planteamiento en que se establezca con claridad qué servicios deben salir de la administración centralizada y cómo serían asumidos por las municipalidades.

El primer gran error ha consistido en considerar los gobiernos locales como un conjunto homogéneo, cuando en realidad tenemos desde el municipio con seis empleados al que dispone de más de 1800 servidores, el que tiene un presupuesto anual superior a ¢8.000 millones al que dispone de tan solo ¢6 millones por año, desde el que tiene una extensión de 2.800 kilómetros cuadrados al que cuenta con solo seis kilómetros cuadrados, el que tiene más de 300.000 habitantes al que apenas supera los 4.000. Con este cuadro tan diverso no es posible seguir manejando esquemas uniformes ya que están condenados al fracaso.

Coparticipación selectiva. En lugar de una reforma descentralizadora de alcance general, debemos dotar al Gobierno central de instrumentos normativos que le permitan impulsar la cogestión municipal en la prestación de servicios públicos mediante esquemas negociados, selectivos y reversibles. Esto implicaría que el Gobierno Central definiría cuáles municipalidades tienen la capacidad de gestión suficiente para asumir nuevas funciones; una vez detectadas, se haría una negociación caso por caso, estableciendo los términos en que participarían de algunos aspectos del servicio. Esta coparticipación debe ser selectiva ya que, como dijimos, ninguna municipalidad es igual a otra. Más importante aún es el carácter reversible de la transferencia parcial de competencias ya que, si la municipalidad no cumple, se rescinde el convenio, y la competencia regresa al titular original.

Dentro de este modelo es sencillo ver una participación más activa de los gobiernos locales en la prestación de los servicios educativos, que ya tienen un antecedente en las juntas de educación y las juntas administrativas de colegios, de nombramiento municipal. Estos instrumentos de cogestión no han sido desarrollados y no han resistido el enfoque centralizador. Puede pensarse en incrementar el papel de estas Juntas en la gestión presupuestaria y de recursos humanos, con ejercicio directo las potestades de nombramiento y remoción. Un paso a un nivel más alto aún consistiría en que la designación de los miembros de estas juntas se hiciera mediante elección popular.

Titularidad estatal. El ejemplo citado sirve para comprender además que en muchos casos no puede hablarse de transferencia de competencias, sino más bien de cogestión del servicio, en donde la titularidad de la competencia y la responsabilidad seguirá siendo del Gobierno Central. Es difícil pensar que a mediano o largo plazo las municipalidades puedan sustituir al Estado como patrono de los maestros, o en otros casos, de los profesionales de la salud, de los miembros de la fuerza pública o del conjunto de servidores de los servicios regionales. Sin duda la primera objeción vendría de parte de los mismos servidores, quienes no consentirían en ver modificado en esos términos sus condiciones laborales. Otro factor consiste en que los grandes servicios que se brindan hoy con una administración centralizadora dependen a su vez de la recaudación de ingresos que solo es concebible en forma nacional.

La descentralización debe acompañarse de una fuerte desconcentración del resto de los servicios públicos.

Debe implementarse con carácter obligatorio la presencia regional de todos los servicios nacionales, creando instancias administrativas intermedias entre el Estado y el cantón, que racionalicen el uso de los recursos mediante el diagnóstico directo de las necesidades de la región y la capacidad de gestión suficiente para poner toda la estructura administrativa regional y local al servicio de los usuarios.

Ahora bien, no basta acercar el servicio al usuario mediante la desconcentración o la descentralización negociada, ni crear una cultura de la rendición de cuentas, si no se hace una reforma profunda del sistema de empleo público, sobre lo cual nos referiremos en el siguiente comentario.



Mail a Webmaster Economicos Servicios Envie un fax Archivo Digital

Patrocinador de La Nacion Digital


© 2000. LA NACION S.A. El contenido de La Nación Digital no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.co.cr