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Uso de los recursos humanos

Poner la organización estatal a la altura de los tiempos

Rodolfo Saborío V.


Una de las principales taras del Estado costarricense es el Régimen de Servicio Civil. Es imprescindible sustituir el sistema actual de empleo público por un modelo que permita una administración ágil y moderna de los recursos humanos, con pleno respeto a los principios constitucionales y a los instrumentos internacionales en materia de empleo público vigentes en Costa Rica.

Debe sustituirse el errado concepto de que el acceder por méritos al sistema de empleo público implica la propiedad sobre la función. El sistema de carrera administrativa debe garantizar la permanencia en un rango y en una categoría salarial, no en un puesto. Deben incorporarse a la legislación los mecanismos de negociación colectiva en el sector público, reconocidos por Costa Rica al ratificar los convenios respectivos de la OIT, con prohibición expresa de la huelga en los servicios esenciales y regulación de los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios no esenciales.

Ubicación incorrecta. Es necesario introducir el concepto de la movilidad horizontal, de modo que el empleado pueda desempeñarse donde se requieran sus servicios. No hay exceso de empleados públicos sino una incorrecta ubicación. El régimen disciplinario debe desconcentrarse de modo que cada ministerio y cada órgano desconcentrado pueda tramitar los procedimientos sancionatorios respectivos, agotando la vía administrativa, con la posibilidad de acudir a la protección judicial. Así, se pondrá fin a la imposibilidad de aplicar sanciones y el servidor sentirá que hay autoridad.

Las causales de despido deben estar adaptadas a la naturaleza del empleo público ya que la remisión al Código de Trabajo es inoperante además de que no ofrece ninguna garantía al servidor. Debe incorporarse un régimen de incompatibilidades de modo que ninguna persona pueda desempeñar más de un puesto público. La excepción de las labores docentes ha sido fuente de grandes abusos. Esta posibilidad puede mantenerse con un máximo de un cuarto de tiempo, con la obligatoria reducción del salario en la misma proporción.

Regular función pública. La ley debe regular no solamente el empleo sino todas las formas de función pública, estableciendo un riguroso sistema de incompatibilidades y prohibiciones para los miembros de juntas directivas y asesores gubernamentales. Debe introducirse la modalidad de empleo temporal para aquellas actividades con un plazo preciso de ejecución, sin necesidad de incrementar la plantilla pública.

Es preciso implementar el tránsito hacia la contratación externa de los servicios complementarios mediante la generalización de los mecanismos suministrados por las sociedades anónimas laborales y el aprovechamiento de las opciones que brinda la contratación administrativa. Como corolario, la nueva regulación de la función pública debe cimentarse sobre la premisa de que la Administración se encuentran al servicio de la sociedad.



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