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San José, Costa Rica. Sábado 9 de septiembre, 2000
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Reforma administrativa pendiente

El proceso para repensar el Estado

Rodolfo Saborío V.


La Administración Pública costarricense es un conjunto incoherente y asistemático de órganos e instituciones nacidos en su mayor parte al calor de la presión de grupos de intereses particulares. Esto ha dado como resultado una hipertrofia institucional en la que impera el desperdicio de recursos, la total falta de rendición de cuentas y una cada vez más marcada insatisfacción de los usuarios.

La salida que ha encontrado el legislador ante la ineficiencia estatal ha sido crear nuevos entes y desmembrar aún más el aparato administrativo, con lo que se aleja en igual grado a los gestores públicos de la legitimidad que confiere el mandato electoral. Antes que corregir el complicado andamiaje de regulaciones que impiden al Gobierno Central actuar en forma oportuna y eficiente, se ha optado por la atomización del poder, en pos de alternativas que muchas veces han conducido a iguales o mayores niveles de ineficiencia.

Es necesario restablecer la unidad de acción del Poder Ejecutivo y otorgarle las herramientas de gestión que toda organización moderna requiere. Se impone una recomposición ministerial que responda a una división de funciones racional y acorde con las necesidades administrativas actuales. Esto conduce sin duda a un menor número de carteras, pero con operatividad fortalecida.

Retorno a actividades ejecutivas. Es imprescindible el retorno al Gobierno Central de actividades típicamente ejecutivas, pero que han terminado encomendadas a gran cantidad de entes descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia y escaso sometimiento a la conducción unitaria que debe caracterizar a la administración pública.

Las herramientas de coordinación de que disponen el Presidente y sus ministros han demostrado ser insuficientes para imprimirle unidad de acción a la administración pública. Estos problemas de coordinación se originan básicamente en la atomización que comentamos, pero se acentúan con una indebida interpretación del concepto de autonomía institucional. Lo que estaba llamado a ser un status excepcional con exigencia de mayoría calificada, ha terminado siendo la regla. Solo deben ser instituciones autónomas los entes con un papel estratégico dentro del conjunto de la función pública.

Una tarea impostergable es el acercamiento de la administración a los usuarios. Hasta ahora, sigue predominando una injustificada centralización de la mayoría de gestiones en San José. Los esfuerzos de desconcentración y regionalización han resultado totalmente insuficientes para llevar los servicios al alcance razonable de los usuarios. La reforma administrativa debe pasar por un mandato vinculante de desconcentrar servicios, de unificar trámites en una sola oficina. La regionalización administrativa no puede continuar siendo diferente para cada Ministerio o institución, debe ser uniforme y permitir la existencia de autoridades jerárquicas con capacidad de controlar y dirigir la actuación de diversas instituciones.

Usuario como norte. Lo anteriormente planteado denota que debe reformarse la administración partiendo de un nuevo norte: el usuario es la razón última de toda la organización administrativa. El nuevo paradigma organizativo debe construirse a partir de ese eje central, atendiendo a las necesidades de los destinatarios de los servicios y no a obsoletas estructuras que han terminado siendo un fin en sí mismas. Una nueva ley de organización administrativa se debe entonces inspirar y construir alrededor de una carta de derechos del usuario, en que se garantice el acceso a servicios eficientes, que postule que los funcionarios se encuentran a su servicio, que no será sometido a trámites ilógicos y arbitrarios, que debe estar permanentemente informado de las regulaciones aplicables a la gestión que le interesa, con posibilidades reales de canalizar sus inconformidades.

Obviamente, la tarea de reformar la Administración Pública pasa necesariamente por la creación de una cultura de rendición de cuentas que incluya una reconstrucción del control parlamentario, por una fuerte desconcentración y descentralización de funciones y por una modernización del manejo de los recursos humanos. Nos referiremos a estos temas en futuros comentarios.



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