PLENA TORMENTA.
Las Fuerzas Armadas de Perú, cuyo cuartel general se encuentra en Lima, no han sido aparentemente salpicadas, pero los expertos creen otra cosa.
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Los militares, factor clave
EFE.
Lima.
Las Fuerzas Armadas son un factor decisivo en la crisis que ha precipitado el fin del mandato del presidente Alberto Fujimori, así como en el futuro inmediato de Perú.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en contra de la celeridad que aplica en todo tipo de situaciones más o menos críticas, no se ha pronunciado aún sobre la decisión de Fujimori de convocar nuevas elecciones a las que dice que no se presentará.
Vencido el terrorismo y terminado el conflicto territorial con Ecuador (con quien Perú firmó un acuerdo de paz), el narcotráfico y el peligro de la proximidad de la guerrilla colombiana fueron nuevos pretextos para fortalecer el SIN de Montesinos y el poder, el margen de acción política y la impunidad de los militares.
La lucha contra el narcotráfico y la compra de armas han sido, por ejemplo, asuntos que los militares peruanos han administrado de forma poco transparente, siempre a la sombra de Montesinos. Uno de los detonadores de la crisis es la decisión en 1997 de quitarle la nacionalidad al empresario Baruch Ivcher e inhabilitarle por ley a ser propietario de su canal de televisión Frecuencia Latina, el de mayor audiencia en el país.
Esta decisión se tomó supuestamente en los cuarteles, cuando Fujimori estaba en el extranjero, y poco después de que Frecuencia Latina implicó al ejército y sus servicios secretos en diversos casos de tortura, asesinato y corrupción.
La razón por la que Ivcher perdió su nacionalidad y su canal de televisión es interpretada en algunos círculos como una pelea por un negocio de tráfico de armas entre el empresario y los militares, como siempre con Montesinos en la sombra.
Hace pocas semanas, Fujimori se presentó en una rueda de prensa sorprendentemente junto a Montesinos, cuyas apariciones públicas, sobre todo ante los medios de comunicación, son escasísimas, para anunciar el supuesto desmantelamiento de una banda internacional de tráfico de armas destinadas a la guerrilla colombiana.
Fujimori explicó que esta banda fue desarticulada gracias a la labor de Montesinos, quien al frente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) actuó sin contar con la cooperación de ningún otro país.
Poco después se supo que esa supuesta banda estaba capitaneada por militares y exmilitares peruanos anteriormente vinculados por la prensa a Montesinos, y propietarios de una empresa que hasta hace pocos días tenía contratos de servicios con la sede de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, entre otras dependencias del Estado.
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