
MEJOR ESPERAR. A pesar del júbilo de algunos peruanos, expresado la noche del mismo sábado, aún es prematuro para sentir la euforia total.
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Un mar de preguntas
Marco Quino/Agencia Reuters
Lima. Tras el sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fujimori de que convocará a nuevas elecciones sin su participación, políticos y analistas peruanos especulaban ayer sobre el futuro político del país, y si el mandatario realmente dejará el poder.
"No ha renunciado todavía. ¿Va acaso a presidir este nuevo proceso electoral con las actuales autoridades que nos engañaron en el último proceso?", se preguntó el exlegislador y respetado político Alfonso Grados.
"Es fundamental que el actual gabinete renuncie y se elija a uno que garantice una transición democrática, para garantizar la limpieza electoral y que el Jurado Nacional de Elecciones sea reorganizado", expresó el legislador opositor Carlos Ferrero.
Según analistas, la celebración de nuevas elecciones a la Presidencia y al Congreso de 120 escaños podría demorar hasta un año, en un proceso que sería facilitado por un diálogo que supervisa la Organización de Estados Americanos para llevar adelante reformas democráticas.
"Tengo dudas que Fujimori cumpla con su promesa", afirmó desde Washington el opositor y excandidato presidencial de Perú, Alejandro Toledo.
Falta información
Fujimori no precisó cuándo correrían los nuevos comicios, pero el legislador opositor Carlos Ferrero dijo que podrían ser dentro de unos cuatro meses.
Francisco Díez Canseco, jefe de la organización civil Consejo por La Paz y partícipe en los diálogos con el gobierno y la oposición para reforzar la democracia, expresó, por su parte, que los nuevos comicios podrían realizarse en tres meses.
Sin embargo, para el exprimer ministro Javier Valle Riestra, un respetado constitucionalista, realizar las nuevas elecciones en tres meses es una "precipitación empírica".
"Es una locura dar ese plazo, porque no pueden hacerse con el mismo jurado electoral y el Organismo Nacional de Procesos Electorales que llevaron la batuta de un proceso lleno de irregularidades", dijo Valle Riestra. Según el exfuncionario el tiempo prudente llevaría al menos un año, en el cual el Congreso debe reducir sus funciones a ese plazo y definir quién podría gobernar Perú en ese lapso, si es que la figura de Fujimori es rechazada. El constitucionalista calculó que en ese caso el poder podría recaer en el primer vicepresidente, el excanciller Francisco Tudela.
Olivera, el "cazador"
AFP. Lima. El congresista peruano Fernando Olivera Vega, un tenaz fiscalizador que se ha ganado una imagen de "cazador de corruptos", se convirtió en el personaje que obligó al presidente Alberto Fujimori a anunciar la noche del sábado su retiro del poder en Perú.
Olivera, de 42 años, presentó a la prensa el jueves un vídeo en que se ve al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a un congresista de la oposición que luego se pasó al oficialismo, lo que causó un terremoto político al interior del gobierno del presidente Fujimori.
En un mensaje al país en la noche del sábado, el mandatario convocó a nuevas elecciones en el plazo más breve y anunció que no presentará su candidatura.
"Hemos logrado derrotar a quienes se creían dueños del Perú y se olvidaban que había todavía peruanos capaces de no permitir la corrupción y por eso colaboraron con el vídeo que permitió destapar el verdadero rostro de Montesinos", dijo Olivera en la madrugada de ayer. Nacido en Lima, desde su época universitaria Olivera se interesó por la política, formando el Frente Estudiantil Independiente, movimiento que después integró el Partido Popular Cristiano (PPC, conservador) siendo elegido dirigente de la comisión nacional de juventudes de esa agrupación política.
Tras ser secretario del primer Fiscal de la Nación, fue elegido en 1985 diputado, pero luego se alejaría del PPC para fundar el Frente Independiente Moralizador (FIM).
Olivera se convirtió en el más tenaz crítico del presidente de ese entonces, Alan García Pérez, lo cual le ocasionó serios enfrentamientos verbales y en algunos casos hasta fue agredido por parlamentarios del Partido Aprista Peruano, en el poder entre 1985-90.
En 1990 fue reelegido como parlamentario y emprendió una dura campaña para denunciar constitucionalmente al expresidente García por enriquecimiento ilícito. En su empeño por sentar en el banquillo de los acusados al exmandatario, encontró supuestas cuentas secretas de García producto de posibles sobornos.
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