Abdicación política

El Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada delegación social en la comisión mixta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunciaron, el miércoles pasado, la presentación de sendos proyectos de ley para fortalecer esta institución.

Bienvenido sea el esfuerzo, pero la situación sigue confusa en relación con el ancho mundo de las telecomunicaciones y de la producción de energía eléctrica. No faltan las iniciativas ni las muestras de fidelidad al ICE; mas, a decir verdad, nadie sabe hacia dónde vamos, menos las instancias políticas y estatales encargadas de orientar al país en sus cuestiones básicas. Manifestación de esta actitud es que la comisión mixta, creada el 4 de abril pasado, no ha podido elaborar el informe definitivo, después de cinco meses de funcionamiento. Por el contrario, habiendo obtenido una prórroga de 40 días, el lunes pasado, deberá ahora, en este lapso, rematar su tarea. Pero ¿podrá hacerlo? Y, si concluye su labor en el lapso expresado, ¿su contenido corresponderá, dada su heterogeneidad, a las expectativas creadas sobre la modernización del ICE? La respuesta puede encontrarse en la decisión de los "representantes sociales" en esta comisión mixta de presentar aparte un proyecto de ley. Se está en espera, por otra parte, de la resolución de la Sala IV sobre el asidero legal de esta comisión.

La confusión no termina aquí. El martes pasado echó a andar un plan de contingencia en el ICE, y dos comisiones, una de telecomunicaciones y otra del sector eléctrico, rendirán un informe sobre la forma de desarrollarlo. Este plan es necesario y su mejor garantía es la capacidad de los profesionales de esta institución. Sin embargo, representa un paso obligado ante la inestabilidad a que el Gobierno y la Asamblea Legislativa han sometido al ICE. Recordemos que los primeros anuncios e intentos de reforma surgieron en los albores del gobierno de Figueres Olsen, seguidos de la presentación de un proyecto ante la Asamblea Legislativa en dicho cuatrienio, modificado luego sustancialmente en el actual, cuyo remate fue el "combo eléctrico" y las refriegas callejeras en su contra; de ahí nació, con afanes pacificadores, la comisión mixta especial. En este interregno fueron abundantes las conferencias y los viajes al exterior para ver de cerca la aplicación de proyectos reformadores en el campo de las telecomunicaciones.

En esta rápida descripción falta un personaje importante: el Poder Ejecutivo. Este, entusiasta promotor de la reforma y apertura del ICE en los dos primeros años, perdió arrestos con el fracaso del "combo eléctrico" y, por ahora, se encuentra en franca y penosa retirada.

La diputada Vanessa Castro esbozó, en nuestra información del jueves pasado, la posición de la fracción del PUSC, al expresar que no se piensa elaborar un plan de fortalecimiento del ICE y que, a lo sumo, aspiran a dejar establecida su posición en el documento final de la comisión. De seguro, esta es la posición del Poder Ejecutivo, confirmada, además, por los hechos. De este modo, el Gobierno, por poquedad o por falta de ideas, dejó en manos de los "representantes sociales" y del PLN una cuestión capital para el país: la transformación del ICE, la cual, como se ha anunciado, se guiará no ya por el modelo sueco –competencia entre el Estado y la empresa privada–, sino por el mantenimiento férreo del monopolio, la falta de competencia y la liberalización de controles, un esquema ideal –pero muy peligroso socialmente– para el poder político.

En suma, una reforma trascendental para el Estado y para la economía nacional –la del ICE– ha quedado en manos de grupos sectoriales, burocráticos o políticos, y se está llevando a cabo sin principios rectores claros, modernos, integrales y compartidos. El espejo de un país vuelto políticamente hacia el pasado y sin liderazgo.