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Cultura de rendición de cuentas

Repensar el estado, el fin último es servir al ciudadano

Rodolfo Saborío Valverde


La atomización de la estructura estatal costarricense ha favorecido el que cada unidad de poder se crea inmune a la fiscalización. Ha llegado un momento en donde el Poder Judicial no le da cuentas a nadie por la marcha de la administración de justicia, o la Contraloría, no rinde cuentas de su gestión. Este fenómeno se repite una y otra vez en cada uno de las decenas de entes públicos dotados de personalidad jurídica o de independencia presupuestaria.

Se hace necesario establecer instrumentos sencillos y transparentes para crear la cultura de la rendición de cuentas.

Para hacer efectiva la reciente reforma constitucional que postula el principio de la rendición de cuentas, el primer e ineludible paso consiste en una revisión profunda del control político que le corresponde ejercer a la Asamblea Legislativa y que por décadas no ha pasado de ser un banal juego politiquero.

Contraloría y Asamblea. Este control político no debe limitarse a la indagación post facto de fechorías consumadas, sino que exige asumir un nivel más avanzado mediante la creación de comisiones de control y asignaciones presupuestarias, especializadas por materia, en donde se someta a rendición de cuentas a todo el aparato institucional. Cada ministro deberá dar cuentas, mediante la utilización de criterios objetivos de medición de resultados, ante la comisión correspondiente, de la forma en que su despacho y los entes que componen el sector del cual es responsable han utilizado los recursos públicos. Para hacer esto posible se requiere restituir el papel que la Constitución le asigna a la Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, canalizando los recursos destinados hoy a un control carente de conducción hacia la colaboración en la medición de la eficiencia institucional y en la corrección de las desviaciones detectadas.

Pero cimentar la cultura de la rendición de cuentas no se puede limitar al control político financiero y de eficiencia. Es preciso dotar a los ciudadanos de mecanismos para que puedan acercarse directamente a cualquier unidad administrativa a exigir cuentas por la gestión allí desarrollada. Debemos reforzar la idea de que el fin último de todo el aparato estatal es servir al ciudadano. Es necesario derribar los muros que le impiden al usuario involucrarse en la organización de los servicios o exigir el cumplimiento de niveles mínimos de calidad. Todo funcionario público debe tener muy presente que su trabajo existe gracias a que hay ciudadanos que pagan sus impuestos y que su misión consiste en promover el interés general a través de una prestación de servicios eficiente, y que si no puede asimilar estas premisas no tiene cabida en la función pública.

Interés general. La medición de los resultados de la gestión pública es un tema que debe ser revitalizado, ya que hasta la fecha el avance en ese sentido ha sido muy limitado. Es necesario establecer mecanismos efectivos de medición, que permitan juzgar la actividad de todos los entes públicos, con sanciones específicas para los responsables que no alcancen los rendimientos mínimos establecidos. Estos parámetros deben adaptarse a las particularidades de cada servicio, ya que obviamente no puede aplicarse el mismo criterio para un ente asistencial que para el caso de los usuarios que pagan por un servicio público, o el de un ente estrictamente regulador, en donde el usuario es la sociedad en su conjunto y no la persona regulada. No debemos por tanto caer en el error de limitar la valoración de la actividad administrativa a una simple ecuación de costos y beneficios, sin tomar en cuenta las diversas modalidades de actividad administrativa, en donde el resultado es muchas veces muy difícil de cuantificar, pero siempre estará determinado por la búsqueda de la satisfacción del interés general.

En este acercamiento del servicio al ciudadano, no podemos seguir utilizando el mismo esquema centralizador que ha caracterizado al Estado costarricense desde su consolidación. Pero cómo acercar los servicios al usuario, qué servicios se deben descentralizar y a quién se puede asignar estas tareas es un tema al que nos referiremos en nuestro próximo comentario.



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