DURA ESPERA. Abel Isaí Ramírez espera en Los Amates (a 28 km de San Salvador) la llegada de la ayuda humanitaria. El poblado, hasta ayer, permanecía aislado por derrumbes.
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Alcaldes dicen que Gobierno politizó asistencia
Críticas por reparto de ayuda
AFP y AP.
Una polémica se desató ayer en El Salvador cuando autoridades municipales acusaron al Comité de Emergencia Nacional (COEN) de querer aprovechar políticamente la distribución de ayuda para decenas de miles de damnificados, tras el terremoto de hace ocho días.
El violento sismo dejó hasta este viernes 681 muertos y al menos 54.107 evacuados, así como varios cientos de miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas.
Los principales críticos del trabajo de acopio y distribución de la ayuda de emergencia que efectúa el COEN son alcaldes pertenecientes al opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), quienes se quejan de que el Gobierno impulsa una política de "exclusión" de las comunas en la atención a la población.
El alcalde de Nueva San Salvador, Oscar Ortiz, en cuya jurisdicción se produjo la catástrofe del residencial Las Colinas, estimó que el Gobierno debería dar "mayor protagonismo" a las alcaldías en la distribución de la ayuda, pues, a su criterio, "lo harían mejor" que el COEN.
No obstante, el director del COEN, Mauricio Ferrer, se defendió de los señalamientos y aseguró que "son infundados".
Ferrer también acusó a los medios de comunicación de ser los instigadores de la confusión en la entrega de la ayuda al informar de forma "amarillista".
Por otro lado, cientos de familias damnificadas por el sismo se preparan para demandar al Estado y a las empresas constructoras, por tener responsabilidad en la tragedia.
Los afectados afirman que el Estado tiene parte de la culpa por haber permitido construcciones en la ladera de la Cordillera del Bálsamo, uno de cuyos cimientos sepultó unas 300 casas en el barrio Las Colinas.
Los afectados recordaron que la alcaldía de Santa Tecla entabló hace un par de años una demanda contra los constructores por dañar los cimientos de la Cordillera del Bálsamo.
Pero la Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda y dejaron en libertad a los constructores para continuar urbanizando.
Imposible estimar muertes
El número total de muertos y desaparecidos por el terremoto que sacudió a El Salvador quizás nunca podrá precisarse con exactitud a falta de un censo actualizado de población, ya que el último fue elaborado hace casi una década, tras concluir la guerra civil.
El censo determinó que un poco más de seis millones de salvadoreños residían en el país en ese momento, pero casi una década después la población ha crecido, millares han emigrado y otro tanto ha fallecido.
Además, se calcula que aproximadamente un millón de salvadoreños residen en el extranjero en la actualidad, principalmente en Estados Unidos.
Fuentes de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia confirmaron ayer que la cifra de muertos por el sismo se ha detenido de momento en 681, aunque los heridos han aumentado a más de 3.000.
Pero nadie conoce a ciencia cierta la cifra de desaparecidos, mientras en la radio, televisión y periódicos locales aumentan las peticiones de ayuda de salvadoreños dentro y fuera del país, que desean conocer el paradero de sus familiares.
Mientras tanto, salvadoreños y extranjeros buscan a parientes o conocidos por medio de la prensa escrita, la radio, la televisión e Internet.
Cientos de mensajes en correo electrónico han llegado a los periódicos locales, que los publican a diario, así como listas con nombres de aquellos cuyos cadáveres han podido ser identificados. No obstante, la mayoría son enterrados sin nombres, en fosas comunes.
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