Miércoles 23 de mayo, 2001. San José, Costa Rica.
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    Derogar timbres profesionales

    Se ataca al mensajero, no al mensaje

    Rodolfo Saborío

    Uno de los mayores problemas del país es la existencia de grupúsculos de interés que han ido consolidando prebendas que termina pagando el ciudadano común y corriente. Este es el caso de los colegios profesionales, que gozan de un vergonzoso sistema de privilegios que atenta contra la libre competencia y son impuestos encubiertos bajo el eufemismo de timbres profesionales: una carga sobre todos los ciudadanos.

    Ante una propuesta para eliminar los timbres profesionales y poner orden en las agrupaciones de profesionales, que ni controlan bien la calidad ni se dedican en forma seria y exclusiva a la satisfacción del interés general, se han suscitado reacciones exageradas que, como casi siempre sucede aquí, han terminado en ataques al mensajero y no al mensaje.

    Aferrados a privilegios. Evadiendo el debate serio, algunos colegios profesionales intentan desesperadamente aferrarse a sus privilegios y cargar sobre los ciudadanos sus costosos lujos.

    Es bien sabido que el costo de regular un servicio y actividad debe pagarlo la persona o la empresa regulada. Este es el caso del ejercicio liberal de ciertas profesiones que requieren supervisión de un órgano o cuerpo, compuesto y organizado por los mismos que ejercen la profesión.

    En el país, se ha hecho recaer durante años el costo de la regulación sobre el bolsillo de todos, cuando lo correcto es que, si es necesario supervisar ciertas actividades privadas, sea quien se beneficia del ejercicio de una profesión quien pague el costo de la supervisión.

    Aludiendo a una supuesta lesión del interés de los ciudadanos y falseando el contenido de una propuesta de reforma legislativa, los colegios profesionales han perdido la compostura y pretenden erigirse en mártires de una supuesta privatización que no existe por ninguna parte.

    Que pague el beneficiario. No hay duda de que los timbres profesionales son un privilegio odioso que paga el pueblo y resulta vergonzoso que no haya sido posible derogarlos. Que no se diga que esos dineros se utilizan en la fiscalización cuando en la mayoría de los casos no es cierto; de todas formas, quien debe pagar el costo de la regulación es el profesional que se beneficia de su actividad privada y no toda la sociedad.

    La propuesta integral de reforma del sector público no estatal contiene muchos elementos y, en general, tiende a separar los intereses públicos de los privados, ya que en las décadas recientes los últimos han tendido a cobijarse de figuras de naturaleza pública, cuando en realidad persiguen la protección de intereses particulares. Si al hacer esta precisión se eliminan privilegios injustificados, es doble la ganancia de la sociedad.

    El plantear una propuesta integral y coherente no es suficiente para que en el país prospere una idea. Sabemos que será necesario introducir mejoras y correcciones; pero no será un politicastro vociferante de bajo cuño el que logre detener el progreso. El resto de colegios profesionales, cuya mayoría no se beneficia del régimen de privilegios, debe evitar subirse al vagón de los exabruptos y el ataque personal y propiciar una discusión serena y constructiva.


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