Lunes 22 de octubre, 2001. San José, Costa Rica.
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Julio Rodríguez
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Tres casos de fondo...

En la reunión de cinco candidatos presidenciales o de sus representantes con la llamada "comunidad gay y lésbica", el miércoles pasado, Otto Guevara y Vladimir de la Cruz apoyaron, sin ambages, el matrimonio entre homosexuales. Ottón Solís se opuso categóricamente y Abel Pacheco (PUSC) dio a entender que lo apoyaba, aunque, al día siguiente, como en el caso de la inmigración nicaragüense, manifestó otra cosa. Aún más, le envió una carta a la Conferencia Episcopal, que no es un tribunal político. Sandra Piszk (PLN), candidata a la vicepresidencia, expresó que la sociedad costarricense "no está preparada" para esta reforma.

Esta no fue, como creen algunos, una reunión pintoresca. El tema del matrimonio entre homosexuales toca los fundamentos mismos de nuestra sociedad. No es una cuestión política, sino de derecho natural, que el Estado no debe tocar. Hacerlo es totalitarismo. Tampoco es cuestión de "estar preparado" para el cambio. Es un principio objetivo. Su trascendencia no depende de una votación democrática o de un cambio en los gustos de la gente, sino de su radical naturaleza. Este planteamiento, por otra parte, no menoscaba, en modo alguno, el respeto que, como seres humanos, merecen los homosexuales. La dignidad humana es nuestro valor supremo común, cuya grandeza no depende tampoco del tiempo o del pasajero humor de los seres humanos. Es nuestra referencia absoluta, como manifestación de lo Absoluto.

No fue el presidente del TSE, Óscar Fonseca, en viaje a la sazón con otro magistrado por tierras argentinas, mientras aquí con Daisy Serrano ardía Troya. Fue el informe oficial el que proclamó aquello de que "todo parece indicar que se violó el debido proceso", en cuanto a la separación de dicha candidata. No comparto este refinamiento procedimental. La asamblea general de un partido tiene el derecho y el deber de purificar las listas de diputados. Si solo sirven para ratificar una votación, aun la de un narcotraficante, un asaltante, un terrorista o de un violador de menores, nuestra democracia está condenada a muerte. Me asustan estos refinamientos legales. El TSE no ha estado a la altura de su elevada misión. Por un lado, se margina de la intervención interna en los partidos y, por otro, los obliga a aceptar a cualquier candidato.

Este hecho se conecta con la decisión del Tribunal de Juicio de San José de absolver, la semana pasada, a cinco ciudadanos chinos, capturados mientras utilizaban tarjetas falsas en una tienda. Según los jueces, no tenían a mano un defensor o un traductor. Y ¿qué decir del refinamiento de imponer una fianza mínima a quien nos ha birlado miles de millones de colones o que, excarcelado, se presente cada 15 días a firmar? Firme la excarcelación, ya están pasando la frontera... ¿A fondo o en forma?


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