Lunes 24 de septiembre, 2001. San José, Costa Rica.
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No quieren ir. Carlos Sing, de FUSOSVI, dice que las críticas que recibe su fundación es porque a los oftalmólogos josefinos no les gusta embarrarse para ir a zonas rurales.

Médicos y directivos de entidad vinculados a centros privados

Deterioro en Caja impulsa contratos

¢720 millones erogó la entidad en 6 meses a centros de radioterapia

Ernesto Rivera
erivera@nacion.com
Redactor de La Nación

Cirugías oftalmológicas, resonancias magnéticas, acelerador lineal, braquiterapia, biopsias y angiografías son algunas de las áreas en las que el rezago en las inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estimuló la venta de servicios al Estado.

Así lo reflejan distintos informes de la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, la Auditoría Interna de la Caja y el testimonio de exdirectivos y médicos.

Además:
  • Cáncer y acuerdos con empresas
  • Resonancias inalcanzable
  • Ojos que no ven
    De nuestros archivos:
  • Primera parte: Conflictos de intereses en la CCSS
  • Para ellos, las incongruencias en la aplicación de los presupuestos para la compra de servicios médicos y la postergación de inversiones de infraestructura de la Caja, no siempre son por razones financieras o científicas.

    Ayer, la primera parte de una investigación de La Nación puso al descubierto las comisiones de dinero que ofrecen algunos centros médicos a los profesionales de la Caja que les refieren pacientes.

    Analizó, además, como a pesar de las fuertes inversiones de la Caja en infraestructura y equipos desde 1998 (¢28.374 millones), durante los últimos diez años las compras de servicios médicos privados crecieron el doble que las inversiones.

    En esta segunda entrega, indagamos las relaciones que hay entre algunos servicios de la Caja declarados en emergencia y la compra de esos mismos servicios a empresas ligadas a médicos y directivos de la institución estatal.

    En radioterapia contra el cáncer, tras la crisis por sobreirradiación en 1996 y la declaración de obsolescencia de las máquinas de cobalto, construidas en 1947, se optó por dar a los enfermos ayuda para comprar su tratamiento en el sector privado, en tanto se impulsaba la adquisición de equipos propios.

    Los controles efectuados en las compras de esos tratamientos son cuestionados por un informe elaborado por la Auditoría de la Caja a pedido de la Junta Directiva.

    Allí se revela que, sumando las compras de servicios privados y la inversión para adquirir equipos propios, hacia fin de este año la Caja habrá desembolsado ¢4.236,7 millones, el doble de lo que hubiera gastado de haber hecho inversiones a tiempo.

    En cirugías oftalmológicas, aunque desde 1995 se determinó un faltante en infraestructura, la Caja no invirtió para superar esas debilidades y en 1998 se llegó a una crisis en la que más de 10.000 pacientes esperaban turno para ser operados.

    Ese mismo año se creó FUSOSVI, fundación privada integrada por oftalmólogos y optometristas de la Caja, a la que entre julio de 1999 y junio del 2001 la entidad pagó ¢325,3 millones. (Vea Ojos que no ven).

    En opinión del expresidente ejecutivo de la Caja, Guido Miranda, ha existido una "complacencia" en la postergación de inversiones y la posterior compra a empresas en las que participan sectores relacionados con la institución.

    Para Guillermo Brenes, jefe de Medicina interna del San Juan de Dios, la Caja ha perdido iniciativa y se demoran las inversiones hasta que hay que declarar los servicios en emergencia.

    En ambos lados

    Un informe elaborado por la Asamblea Legislativa (expediente 13.980) para evaluar la compra de servicios médicos de la Caja a terceros, señala que "el deterioro real o provocado de los servicios públicos, produce ganancias a terceros que operan en el sector privado. Estos terceros son, con frecuencia, los mismos empleados de la Caja".

    Observaciones de este diario sugieren que esta tesis es correcta, al menos en cuanto a las compras en radioterapias, resonancia magnética y oftalmología.

    Quienes dirigen la fundación FUSOSVI son el oftalmólogo Mariano Ureña y el optometrista Carlos Sing, del Hospital Max Peralta, de Cartago.

    En radioterapia, área en que se compraron servicios privados por ¢720 millones en el último semestre, existen casos como el de Luis García Quirós, oncólogo del Hospital México y además secretario de la Junta Directiva de Centro de Radioterapia Irazú S. A. (una de las dos empresas que ofrece acelerador lineal y la única que tiene equipos de braquiterapia en Costa Rica) y el médico Marco Antonio Bruno, jefe del servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios y a la vez uno de los dueños de la Clínica de Radioterapia Superficial.

    En este campo, profesionales y empresarios coinciden en señalar que con la aparición en 1998 de Centracán y luego de la Clínica de Radioterapia Superficial y Radioterapia Irazú, la mayoría de los médicos radioterapeutas y oncólogos trabajan simultáneamente en los hospitales y en el sector privado con pacientes cuyos tratamientos paga la Caja .

    En resonancia magnética, donde en este semestre se compraron servicios por más de ¢32 millones, un miembro de la Junta Directiva de la Caja, Carlos Castro Charpentier, es a la vez fiscal de Impacto Internacional de Montes de Oca, una las empresas que le venden el servicio a la entidad.

    Aunque estos vínculos han desatado polémica, desde el punto de vista jurídico es una práctica legal, ya que no existen en Costa Rica leyes como la "Stark", de Estados Unidos, que prohibe a los médicos referir pacientes a un centro de tratamiento en el que tengan intereses.

    Hasta el momento solo existen observaciones de la auditoría interna de la Caja señalando la existencia de conflicto de interés en algunos casos.

    Además, hay personas que participan a la vez en varias de las empresas que le venden cantidad de servicios a la Caja, como el exdiputado de la Unidad, Mario Romero Arredondo, quien es simultáneamente miembro de la Junta Directiva de Centracán (acelerador lineal), Impacto Internacional de Montes de Oca (resonancias magnéticas) y FUSOSVI (cirugías oftalmológicas).

    SEGUNDA ENTREGA
    Ayer: conflictos de intereses en la CCSS. Hoy: crisis y contratos

    "No hay nada malo en ello. Se trata de una actividad útil para la Caja ya que son empresas que colaboraron invirtiendo en servicios que la gente necesitaba y la Caja no estaba ofreciendo", dijo Romero.


    Cáncer y acuerdos con empresas

    Una gama de negocios se ha desarrollado con la crisis por la falta de inversión en tratamientos y capacitación en radioterapias contra el cáncer y aprovechando la obligación legal que tiene la Caja de pagar a sus asegurados por estos tratamientos.

    Además de los servicios de radioterapia (acelerador lineal, braquiterapia y terapia superficial), existen empresas privadas que proveen profesionales.

    El 15 de diciembre del 2000 la Caja firmó un contrato con O. Fischel para que esta compañía le provea de un médico radioterapeuta, dos técnicos y un dosimetrista. Esta es la misma firma que, según publicó ayer La Nación, percibía un 10 por ciento de cada paciente tratado con braquiterapia en Medellín con recursos de la Caja.

    Los contratados son profesionales cubanos y según el gerente general de O. Fischel, Marvin Barrantes, la compañía obtiene por mediar en estos contratos un 20% sobre el total que paga la Caja.

    En el contrato se acuerda que por los técnicos la Caja pagará $4.500 (¢1,5 millones) y por el médico radioterapeuta $6.500 (¢2,1 millones) al mes.

    Mientras, Marvin Rodríguez Gonzáles trabaja como físico en el servicio de radioterapia del San Juan de Dios y gana ¢250.000 al mes ($750). Es el único profesional que la Caja tiene en esa especialidad y había conseguido una beca para una maestría en Física Médica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

    Postergó su viaje porque no pudo aportar fiadores con suficiente ingreso ($4,5 millones por mes) ante el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISS) para un crédito por $16.800 (¢6 millones) que necesitaba para completar el pago de estudios (por un total de $48.000).

    León de Mezerville, director del CENDEISS, dijo que se trata de una norma para garantizar el pago. "En este beneficio para estudios, él recibe una beca ($24.000) y se le mantiene su salario, pero como con eso no le alcanzaría para vivir en México, le damos un préstamo de $16.800 y como cualquier préstamo necesita de fiadores".

    Marvin Rodríguez Gonzáles comentó que la UNAM le sostiene la admisión por dos semestres, y durante ese tiempo espera conseguir los fiadores que necesita.

    Por la novedad

    Otros documentos dejan ver que las demoras para invertir en compra de equipos no siempre es por razones financieras.

    En una sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer (ICCC) –17 de enero de 2001–, luego de que el gerente médico de la Caja, Fernando Ferraro expuso dificultades para ofrecer servicios de radioterapia, el doctor Gonzalo Vargas Chacón, presidente de la Junta Directiva del ICCC, le respondió que no sería bueno que la Caja compre estos equipos, porque sino, "el día de mañana el ICCC no tendrá nada novedoso que presentar al país, porque la CCSS ya lo tiene".

    Consultado Vargas, dijo: "Pretendíamos que el ICCC fuera un centro de radioterapia impactante y aunque es cierto que hace años se deberían haber comprado los aceleradores de la CCSS, yo pensaba que era mejor concentrar todo lo que fuera radioterapia en el ICCC".


    Resonancias inalcanzable

    Desde 1992 la CCSS tiene dinero para equipo, pero no lo ha comprado

    En 1992, el Congreso aprobó ¢70 millones para que la Caja comprara un equipo de resonancia magnética. Desde ese año, un estudio de la sección de Investigaciones en Salud indica que este servicio resultaría cinco veces más económico si la Caja invirtiera en equipos propios.

    Aunque los cuatro hospitales nacionales han solicitado la compra de equipos de resonancia magnética, el gerente de modernización de la Caja, Juan Carlos Sánchez Arguedas, indicó que no existen planes para hacerlo.

    Es más, solo en el primer semestre de este año, se autorizaron 298 exámenes de resonancia, en el sector privado, con un desembolso superior a los ¢32 millones.

    La compra se dio en empresas ligadas a jerarcas de la Caja: Clínica Bíblica e Impacto Internacional de Montes de Oca.

    Carlos Castro Charpentier, actual miembro de la Junta Directiva de la Caja es, según el Registro Público, fiscal de Impacto Internacional de Montes de Oca, una de las empresas que ofrece servicio de resonancia magnética.

    El médico indicó que desde hace más de un año gestionó dejar ese puesto en Impacto Internacional de Montes de Oca S. A, y que esa era una sociedad donde 148 médicos tenían poco más del 2% de la empresa.

    "Nunca obtuve de esa firma ningún beneficio y mi participación allí de ninguna manera condiciona mi trabajo en la Junta Directiva de la CCSS", dijo.

    Bernal Aragón, exdirectivo de la Caja y administrador de la Bíblica, señaló que esa clínica instaló sus equipos de resonancia en 1995, como un servicio, y que a la Caja se le cobra un precio menor que al público.

    "Mientras fui directivo nunca se analizó la posibilidad de que la CCSS comprara equipos de resonancia magnética propios".


    Ojos que no ven

    En 1998, debido a la gran cantidad de cirugías oftalmológicas acumuladas, el gerente médico Fernando Ferraro Dobles pidió autorización a la Junta Directiva de la Caja y a la Contraloría General de la República, para contratar directamente los servicios de la empresa FUSOSVI, para reducir las listas de espera.

    De julio de 1999 a junio del 2001, la CCSS le autorizó pagos a FUSOSVI por ¢325,3 millones.

    Sin embargo en una entrevista que La Nación realizó con los directivos de FUSOSVI, Carlos Sing y Mariano Ureña Sáenz, indicaron que esa fundación no consulta las listas de cirugía de los hospitales para atender a los que pacientes citados con mucha demora, sino que realizan visitas a las zonas rurales en las que atienden indiscriminadamente a todos los que llegan, incluso a quienes están prontos a ser operados por la propia Caja.

    Discrepancias sobre las prácticas que realiza FUSOSVI y la manera en que fue contratada por la Caja, produjeron que la Asociación Costarricense de Oftalmología (AOC), interpusiera una denuncia que investiga la Contraloría General de la República.

    El presidente de la AOC, Javier Córdoba Umaña, indicó que lo que objetan es que inicialmente la Caja solicitó autorización a la Contraloría por seis meses para que FUSOSVI aliviara la presa de cirugías oftalmológicas, pero esos plazos se han prorrogado una y otra vez por más de dos años.

    Además, según Córdoba, "la empresa fue contratada para hacer cirugías. Ahora hace consulta, cirugía y le venden los anteojos a la gente. Operan incluso a pacientes que están en las agendas de cirugía de los hospitales con demoras de una semana, no están atendiendo solo a quienes han sido agendados con mucha demora, e incluso existen reportes de que han realizado una cantidad inusual de cirugías de cataratas y pterigiones".

    El director de FUSOSVI, Carlos Sing, indicó que ellos dan una consulta integral de optometría y oftalmología. "Se revisa al paciente y si necesita anteojos se le dan y si necesita cirugía se le opera ese mismo día, pero no operamos a quien no lo necesita. Lo que ocurre es que los oftalmólogos de San José no quieren ir a zonas rurales", dijo.

    La polémica incluye que, en tres años, FUSOSVI ha operado más de 6.000 pteriogiones, facturando a la Caja ¢25.000 por cada una de estas cirugías que usualmente la Caja no opera debido a que no trae mayores beneficios a la visión y es recurrente en más de un 40% de los casos.

    Para Ferraro Dobles, se trata de uno de los programas más exitosos de la institución, que ha reducido notablemente las listas de espera en cirugía. Por ello solicitó el 28 de junio de este año a la Junta Directiva otra prórroga del convenio con FUSOSVI para que realice 120 giras por un monto de compras de ¢139 millones.


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