Miércoles 28 de agosto, 2002. San José, Costa Rica.
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Artículo de Opinión:

Plan estratégico

Las demandas del pueblo al Poder Judicial se están satisfaciendo

Luis Paulino Mora Mora
Presidente Corte Suprema de Justicia

La doctora María Antonieta Sáenz, en "Reforma en el Poder Judicial" (La Nación, 27/7/02), dice que las propuestas en las reformas en el Poder Judicial son parciales y desarticuladas, y no se han traducido en un verdadero "nuevo orden", por no haberse enmarcado dentro de un proyecto integral que cubra todos los problemas.

Como respuesta, me permito expresar que impulsar una política modernizadora del Poder Judicial no ha sido producto de la improvisación. Se gestó en 1993, con una consulta a los servidores judiciales sobre necesidades y desafíos de la administración de justicia en las postrimerías del siglo XX, para consolidar una política de cambio en el ámbito legal, la estructura administrativa y la organización de los despachos.

Proceso de cambio. Los cambios normativos se iniciaron con la promulgación de la nueva Ley orgánica del Poder Judicial (5/5/93), mediante la cual se trasladó de la Corte al Consejo Superior del Poder Judicial la función administrativa, reservándose la Corte la función de gobierno; es decir, el listado de políticas generales y reglamentarias. Ese cambio necesario para desahogar a la Corte Plena de una serie de funciones administrativas, para dedicar más tiempo a lo jurisdiccional y a las políticas de gobierno, ha sido lento, pero se espera cumplirlo a plenitud en el mediano plazo.

Paralelamente, se gestionó un préstamo con el BID para hacer frente con mayor solvencia a los gastos de un proceso de cambio. Estos dineros se orientaron al cumplimiento de 4 áreas muy importantes: administración del Poder Judicial, mejora en la gestión de los despachos judiciales, acceso y uso de la información jurídica y capacitación del recurso humano

Para clarificar y propiciar los pilares de cambio con el consenso necesario, se organizaron muchas actividades que dieron inicio con el Primer Congreso sobre la Administración de Justicia, seminarios, talleres y las sesiones de trabajo que culminaron en 1996, donde se recogieron las inquietudes de todos los servidores judiciales, en relación con la participación del recurso humano en una institución democrática, ética judicial y servicio público. Esta información sirvió de base para programar talleres sobre Planificación estratégica, con el fin de esclarecer la misión y visión del Poder Judicial en el proceso de modernización y los objetivos estratégicos del cambio que se deseaban impulsar en el futuro. Estas actividades permitieron a la Corte Plena aprobar, el 10 de abril del 2000, por primera vez en la historia de la administración de justicia, el "Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-2005", marco de acción orientado a programar y dirigir las acciones para administrar los recursos humanos y financieros con metas y objetivos en función de la visión consignada en tan importante documento.

Áreas estratégicas. Este plan está sustentado en el desarrollo de 9 áreas estratégicas, a saber: Simplificación y celeridad de los procesos judiciales; Estructura organizacional funcional, horizontal y participativa; Tecnología de información y telecomunicaciones; Justicia como servicio público de calidad; Fortalecimiento de los valores institucionales; Administración del recurso humano; Capacitación, especialización y actualización del recurso humano; Comunicación y fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y del administrador de justicia.

Este marco pone de manifiesto que el Poder Judicial se encuentra en un proceso de cambio sustentado en un plan estratégico, que no solo genera códigos y leyes, sino que disciplina, administra, ordena y desarrolla las actividades sistemáticamente. Este cambio requiere tiempo, diálogo y compromiso, para crear una nueva cultura a lo interno y externo del Poder Judicial. Conlleva un cambio de paradigmas, para retomar nuevos y mejores procesos, e inculcar nuevas formas de ver y hacer las cosas. Es un proceso que debe estimular el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la excelencia y la calidad, en procura de un nuevo Poder Judicial. En eso estamos. Conclusión: los requerimientos que la sociedad costarricense hace a las administradores de justicia pueden efectivamente cumplirse.



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