Viernes 15 de febrero, 2002. San José, Costa Rica.
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Institucionalidad posbipartidista

Avance en organización política

Rodolfo Saborío Valverde

Los ciudadanos expresaron en las urnas la decisión de poner fin al bipartidismo que predominó durante las últimas cinco décadas. Las consecuencias institucionales de la voluntad popular son múltiples, y dentro de ellas no se encuentra, por supuesto, el anunciado cataclismo con que se quiso coartar, sin éxito, la libre decisión de los electores.

Lo primero que debe aclararse es que el sistema de gobierno no sufre ninguna transformación real o formal por el hecho de que ahora, en lugar de dos partidos mayoritarios, tengamos cuatro fuerzas relevantes, tres de ellas en condiciones de práctica igualdad. Es incorrecto afirmar que dimos un paso hacia el parlamentarismo ya que el perfil de los poderes establecidos continúa siendo el mismo. Las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa permanecen intactas y no hay ninguna razón para pensar que hay una transferencia del centro de poder. El presidente que resulte electo en la segunda vuelta asumirá sus funciones con el respaldo de más del 50 por ciento de los votos válidos, y aun en caso de que aumente el abstencionismo, estará investido con plena legitimidad para asumir el papel que como jefe de Estado y de Gobierno le asigna la Constitución.

Mejor calidad. Es cierto que las condiciones de negociación en el seno del Congreso serán diferentes, pero en esencia lo que se perfila es la posibilidad de que las funciones esenciales de control político y actualización del sistema legal que le corresponden a ese órgano colegiado pueden verse favorecidas debido a la nueva composición parlamentaria. Debido a la irrupción de un nuevo perfil de diputado con la presencia importante de las dos nuevas fuerzas, mucho activista sin preparación se quedó en el camino. Esta situación incrementa en términos generales la calidad promedio de los parlamentarios, y eso sí que es un avance importante en comparación con el bajo nivel que tendía a predominar en anteriores legislaturas.

La Asamblea Legislativa pasará entonces a ser un órgano en donde se expresa la democracia plural que desean los ciudadanos y no mera expresión de la voluntad de un partido mayoritario. En realidad estamos ante la posibilidad de que se recupere el verdadero papel que la Constitución estableció para ese órgano como primer poder de la República, al contrario del poder de segunda en que se había convertido.

Normativa obsoleta. Una de las primeras medidas que deberá adoptar el nuevo parlamento posbipartidista es la preparación de un reglamento interno que refleje la nueva composición plural y supere la obsoleta normativa que ha contribuido hasta el momento al entorpecimiento de las labores y al incumplimiento de sus funciones elementales. Debe eliminarse la obligación de que las decisiones más importantes estén sujetas a mayorías calificadas, debe diseñarse una administración que sea compatible con un directorio pluripartidista y, sobre todo, deben redefinirse las competencias de las comisiones legislativas de modo que respondan a un control permanente de los gastos y la actividad de los distintos componentes del sector público.

No hay razones para que el papel del Poder Ejecutivo cambie significativamente, aunque será muy saludable que, acorde con un aumento en la calidad del control político que ejercerá el parlamento, la administración demuestre mayor vocación a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Igual que antes del cambio, en la institucionalidad posbipartidista las grandes decisiones nacionales deberán tomarse en el Congreso, con la enorme diferencia de que con la próxima integración queda planteado el compromiso de las dos nuevas fuerzas de mantener un contacto permanente con la población en la discusión de las iniciativas de ley, lo que disminuye la posibilidad de imposiciones a espaldas de los intereses nacionales.

En algún momento se pudo pensar que los costarricenses estábamos preparados para cambios mayores; en todo caso, estamos en presencia de signos que auguran el avance hacia niveles superiores de organización política.


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