Jueves 11 de julio, 2002. San José, Costa Rica.
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Construyamos el poder local

Para hacernos oír y recuperar credibilidad

Rodolfo Saborío Valverde

Con la próxima elección en diciembre de alcaldes municipales, síndicos y miembros de concejos de distrito se plantea una oportunidad invaluable para iniciar la construcción de lo que debe ser una nueva concepción del gobierno local. A pesar de que históricamente en Costa Rica el poder local antecede al Estado central, la suerte que ha corrido esta forma de autogobierno en el último siglo y medio no pasa de ser, cuando mucho, desilusionante. Al llegar al ocaso del bipartidismo tradicional, los municipios no pasaban de ser instancias de escasa importancia en donde hacían escuela los aspirantes a niveles superiores del poder público.

Las condiciones están dadas para que esta situación cambie. A la elección, por primera vez, del alcalde mediante voto directo de los ciudadanos se suma el importante papel de los concejos de distrito, como la expresión de poder más cercana a los ciudadanos. Según el Código Municipal, estos concejos tendrán un papel de primer orden en la designación de los beneficiarios de los programas de asistencia social, decidirán el orden de prioridad en la ejecución de obras públicas, emitirán recomendaciones sobre permisos de funcionamiento y coordinarán las actividades de los distintos entes públicos con las del distrito.

Propuestas vinculantes. El papel del alcalde de elección popular será sustancialmente superior al de los anteriores alcaldes de transición que dependían, para la subsistencia en sus puestos, de la voluntad de los regidores. La investidura de que gozarán ahora estos funcionarios les otorgará mucho más estabilidad y legitimidad en el cumplimiento de sus tareas. El alcalde no será un simple ejecutor de las decisiones del concejo, ya que llega a su puesto con un programa de trabajo ofrecido a los electores, lo que dota a sus propuestas de un carácter vinculante.

Es cierto que todavía queda mucho camino por andar para alcanzar el verdadero fortalecimiento de los gobiernos locales; sin embargo, existe una iniciativa de ley muy avanzada en ese sentido, que permitirá la transferencia de competencias y la asignación de recursos, en cumplimiento del mandato constitucional que obliga a destinar, en forma escalonada, un 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno Central a las corporaciones municipales.

Tendremos entonces en cada cantón a un funcionario de alto rango encargado de conducir en forma coherente y técnica los intereses locales, apoyado por instancias distritales con gran poder de decisión, con conocimiento directo de las necesidades reales de cada comunidad.

La trascendencia de este gran reto hace necesario que en cada distrito y en cada cantón se escoja a las personas más capacitadas y con mayor vocación de servicio comunitario, de modo que se vaya recuperando la credibilidad en los gobiernos locales y podamos tener, a muy corto plazo, instancias en que los ciudadanos podamos ser escuchados.

Verdaderos aliados. Son innumerables los ejemplos en que las municipalidades, más que aliados de los habitantes del cantón, se convierten en sus peores enemigos, descuidando tareas elementales de protección ambiental y urbanismo. No hay ciudadano que no se haya visto afectado por el otorgamiento negligente de permisos de funcionamiento en que se altera la vida tranquila de zonas residenciales con la irrupción de actividades comerciales, como bares, universidades e incluso actividades industriales, que lesionan sensiblemente la calidad de vida de los vecinos. Mediante la intermediación de los concejos de distrito, será posible detener los permisos de funcionamiento que constituyan agresiones a los habitantes.

La cercanía de los concejos con las necesidades de cada distrito permitirá también eliminar la costosa intermediación que consume la mayoría de los recursos destinados a la asistencia social que, por la lejanía de las instancias decisoras centralizadas, en muchas ocasiones terminan en manos diferentes de las que van dirigidas.

El papel que las instancias locales podrán desempeñar en la supervisión de la calidad de los servicios públicos nacionales será también de gran importancia en la recuperación de la credibilidad y en la construcción de la nueva concepción del poder local.



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