Jueves 23 de mayo, 2002. San José, Costa Rica.
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Control parlamentario

Rendición de cuentas permanente

Rodolfo Saborío Valverde

Una de las tareas fundamentales de los representantes populares es ejercer control permanente sobre la buena marcha del conjunto del sector público. Los mecanismos y procedimientos por los que esta función se ejerce se encuentran totalmente desajustados a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que deben prevalecer en un Estado democrático moderno.

Como muchos males que padece el llamado a ser Primer Poder de la República, el origen se encuentra en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y más específicamente en la obsoleta distribución de comisiones que impera en la actualidad.

Aparte de existir un número desproporcionado de comisiones, que saturan de trabajo a los legisladores, no responden a una distribución sistemática de la labor de innovación legislativa y mucho menos a las funciones de control que en muchas ocasiones se asignan a comisiones especiales, acrecentando la dispersión y la ineficiencia.

Es necesario que se rediseñen por completo las comisiones, de modo que respondan a criterios sistemáticos de especialización de funciones, lo que permitirá la racionalización del tiempo de los diputados y un incremento en la calidad del trabajo.

Exigencias a funcionarios. Debe existir una Comisión para cada gran área de acción del sector público, encargada de conocer los proyectos relacionados con esas materias y de asumir las funciones de control permanente y exigencia de cuentas a los funcionarios de cada una de estas áreas.

Las grandes áreas de clasificación de la actividad pública pueden ser: infraestructura; salud y ambiente; hacienda; educación y cultura; relaciones exteriores; comercio y fomento; seguridad y justicia; desarrollo rural; y trabajo y previsión social.

Los presupuestos de cada ministerio y los agregados de las instituciones pertenecientes a cada uno de los sectores, debe recibir la aprobación de la comisión correspondiente, a la luz de un debate minucioso sobre el cumplimiento de metas y la utilización eficiente de los recursos. No es posible que esta función la siga asumiendo una sola Comisión como se hace en la actualidad.

Responder a comisión. Cada ministro rector de un sector deberá responder ante la comisión correspondiente por el funcionamiento de su cartera y los entes componentes del sector y dar cuenta del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos y metas establecidos en los presupuestos.

Estas comisiones deberán contar con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República, en cumplimiento del papel auxiliar que les asigna la Constitución Política, de modo que los legisladores cuenten con análisis de resultados de gestión y con todas las herramientas necesarias para evaluar el uso de los recursos públicos.

Con el esquema propuesto, el control político pasa a ser una actividad cotidiana y un ejercicio permanente de la rendición de cuentas, ya que las comisiones tendrían la competencia natural de rendir informes sobre cualquier materia dentro de su área de acción que hayan decidido investigar sin necesidad de autorización del Plenario legislativo.

En aquellos casos que se haga necesaria la creación de una Comisión Especial, debe establecerse reglamentariamente que el informe final se le notifica al Plenario legislativo, pero que no requiere de su aprobación para surtir los efectos políticos propios del mismo. De esta manera, al integrarse la Comisión Especial se le dota de la autoridad y legitimidad suficiente para que desempeñe sus funciones sin ningún condicionamiento o entrabamiento posterior.

Lo propuesto supone un cambio profundo en la forma en que se asume el control político en nuestro país, pero es el resultado lógico de un cambio sustancial en las reglas de juego que los mismos ciudadanos se han encargado de establecer mediante la superación del bipartidismo y la composición multipartidista de la Asamblea Legislativa. La sociedad exige un Congreso más eficiente y vigilante de los asuntos públicos y esto no se puede alcanzar con las regulaciones vigentes.



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