Jueves 24 de octubre, 2002. San José, Costa Rica.
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Leonardo Garnier
garnier@amnet.cr

Quien diga que un mes menos de clases no hace diferencia en el aprendizaje, no sabe nada de educación. Y quien diga que en el país no hay recursos para hacer esa inversión, no sabe nada de economía.

El Gobierno defiende el recorte argumentando que, en las condiciones de nuestras escuelas y colegios y dado el contenido de los programas vigentes, ese mes adicional ‘sobra’: que no puede ser aprovechado y que los estudiantes se la pasan viéndose las caras, sin que los profesores sepan qué hacer. Entonces, sin entender la sentencia certera de Cristovam Buarque – cualquier escuela es mejor que ninguna escuela–, cortaron el curso lectivo.

Si los contenidos son insuficientes, lo que correspondía no era cortar el curso, sino renovar y reforzar ese contenido. Si hay deficiencias en las aulas, lo que correspondía era corregir esas carencias. Así lo entendieron los dos gobiernos anteriores, en los que Eduardo Doryan, Claudio Gutiérrez y Guillermo Vargas lograron que se construyeran más aulas que en todo el cuarto de siglo anterior, ampliaron y financiaron la cobertura de los programas de informática educativa, crearon y consolidaron un ambicioso programa de inglés en las escuelas, las dotaron de nuevos libros de texto, elevaron la cobertura en preescolar y secundaria… y le devolvieron al curso lectivo sus 200 días.

Además, se estableció un mandato constitucional en la administración Figueres, en que los costarricenses nos comprometemos a invertir al menos un 6 por ciento del PIB en la educación de nuestros jóvenes. Cuando el Gobierno recorta el curso lectivo diciendo que “para eso no hay plata”, no solo está violando la Constitución, sino que, al hacerlo, está renunciando a esa inversión en la gente. Usar como excusa que “el dinero no alcanza”, lo único que significa es que, para el Gobierno que tiene cosas más importantes en las que gastar esa plata, la educación no está dentro de sus prioridades. Y esa es una proclama de ignorancia e irresponsabilidad de magnitudes históricas.

Los propios ministros de Hacienda de Iberoamérica, en la cumbre del 2000, afirmaron que postergar estas inversiones “ya no es solo una falta a la ética, sino un error económico que priva a la sociedad de su principal recurso para adaptarse a la veloz incorporación del progreso técnico en los procesos productivos”. La CEPAL ha demostrado que hacen falta diez o más años de educación para que nuestros jóvenes tengan posibilidades aceptables de escapar de la pobreza. Demostró, además, que la educación se paga sola: el costo de financiar tres años más de educación secundaria es entre seis y ocho veces más bajo que los ingresos adicionales que esas personas podrán ganar, con esa educación, en sus primeros diez años de trabajo. Y estos cálculos no incluyen los beneficios que la sociedad en su conjunto recibe de una mayor y mejor educación, que son muchos más. ¿Cuál inversión puede mostrar una mejor tasa de retorno? ¿Cómo decir que les apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación? Ayer, la educación era gratuita y obligatoria. Hoy, se rige por la contabilidad y las encuestas. Más que un déficit fiscal, parece que padecemos un grave déficit de liderazgo.


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