Miércoles 13 de agosto, 2003. San José, Costa Rica.
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Una carta riesgosa

• La reingeniería constitucional tiene un límite

Rodolfo Saborío V.

Pocas dudas quedan sobre la extrema inconveniencia, en el contexto actual, de convocar a una asamblea constituyente. Por una parte, la instalación de una asamblea con poder originario dislocaría el funcionamiento normal de las instituciones, incluyendo la posibilidad misma de disolver durante su funcionamiento, a la propia Asamblea Legislativa que la convocó o a cualquier otro órgano. Por otro lado, el riesgo de otorgarles una autorización en blanco a unas personas que no sabemos quiénes serán y mucho menos que se les irá a ocurrir, para que rediseñen por completo las bases sobre las que se sustenta la convivencia social, hace que la prudencia más elemental entre en juego y se genere una razonable resistencia.

Podría pensarse que el anterior planteamiento nos coloca en una situación total de inmutabilidad ya que es difícil pensar que en el corto plazo haya un cambio significativo sobre las percepciones mencionadas ni es deseable un deterioro institucional de tal grado que no quede más remedio que convocar a una asamblea constituyente.

La vía sensata. En realidad, se puede pensar en mecanismos para avanzar a cambios importantes de la Constitución, incluso a una reforma general, sin necesidad de que tengamos que jugarnos la peligrosa apuesta de un órgano originario deliberante con plenos poderes. El camino más sensato en estos momentos consiste en reformar el artículo 196 de la Constitución Política para ampliar las modalidades de reforma general de esa Carta, superando la única alternativa actual que consiste en la convocatoria a una asamblea constituyente.

La redacción de un nuevo texto fundamental puede encargarse a una Comisión, que tendría como única competencia la preparación de un proyecto que debe ser sometido a la aprobación de los ciudadanos por medio de un referéndum. Esta comisión no podría interferir, por carecer de competencias originarias o derivadas, en el funcionamiento ordinario de las instituciones y estaría sometida a los límites precisos que se le establecerían en su acto de creación. Este mecanismo funcionó muy bien en la preparación de la Constitución Francesa de 1958 y ha sido utilizado exitosamente en otros países. Incluso, la redacción de la Constitución de la Comunidad Europea fue asignada a una comisión de alto nivel, y una vez que esté finalizada deberá someterse a las instancias titulares de la decisión final.

En el esquema que proponemos, el pueblo tendrá la última palabra sobre el contenido de la nueva Constitución, a diferencia de la autorización en blanco que significa una constituyente.

El origen de la designación de esta comisión puede estar en la Asamblea Legislativa, quien estaría en capacidad de establecer límites precisos, tales como no abordar el tema de derechos fundamentales, a menos que sea para incrementar su protección, o señalar los temas específicos que deben ser objeto de redacción, como podría ser el tema hacendario y fiscal. Una vez que el texto se encontrara preparado, la Asamblea Legislativa sería la que decidiría si se convoca o no al referéndum.

A esta alternativa puede agregarse la posibilidad de que el presidente de la República envíe un proyecto de Constitución a la Asamblea Legislativa y solicite la convocatoria de un referéndum. Naturalmente, la preparación de ese proyecto habría estado precedida de un amplio proceso de consulta nacional y de negociación con los principales operadores políticos y sociales.

En lo personal, soy partidario de las reformas parciales a la Constitución, pero estas tienen un límite y pueden llegar a ser insuficientes para transformaciones más profundas y sistemáticas. Las alternativas propuestas pueden ser la solución para no caer en una situación de pérdida de dinámica constitucional provocada por los fundados temores que genera la convocatoria a una asamblea constituyente.


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